Alejandro Rubín de Celis
Cada año es la misma historia. Se anuncia y aplica el aumento a la tarifa del transporte público y los usuarios se quejan porque el servicio es deficiente, los funcionarios encargados hablan de un “ajuste” para minimizar el golpe a la economía popular, los permisionarios se defienden diciendo que sin el incremento ya no pueden operar, y algunos políticos aprovechan para llevar agua a su molino al cuestionar el incremento sin hacer algo significativo para que las cosas cambien. Es un juego de simulaciones en el que siempre ganan los poderosos y pierden quienes pagan por el servicio.
En franca violación a los artículos 2, 67, 68 y 94 de la Ley de Transporte Público del Estado, que se refieren a los principios rectores y estándares de calidad en el servicio ꟷinstalación de cámaras de video en todas las unidades, dispositivos de control para los operarios y de seguridad para los pasajeros, suficiencia de vehículos exclusivos para mujeres y menores de edad, capacitación para el desarrollo de aptitudes y actitud de los operadores, entre otrosꟷ y que en muchos casos no se cumplen en los hechos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) estatal autorizó un aumento de 30 centavos al precio del pasaje.
Se puede decir que el monto del incremento, ya “redondeado”, se ajusta a la disposición legal de que éste debe fijarse de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor, que el año pasado se ubicó en 2.83 por ciento, de manera que el incremento sería en sentido estricto de 27 centavos, pero es perfectamente justificable redondearlo a 30 centavos.
Independientemente de las grandes deficiencias que presenta el servicio y que son ampliamente conocidas y padecidas por los usuarios ꟷen 2019 se presentaron 2 mil 15 quejas por mal servicio, lo que no significa que sean todas las inconformidades que existen contra el transporte público, pues muchos usuarios no presentan queja formalꟷ, el problema real en cuanto a la tarifa no está en el redondeo a 30 centavos, sino en que ꟷcomo era de esperarseꟷ los choferes no están regresando los 20 centavos cuando se les paga con una moneda de 10 pesos, como lo han denunciado ya decenas de usuarios ante medios informativos y en redes sociales digitales a dos días de que entró en vigor el aumento.
Como suelen hacer los funcionarios para minimizar algún daño que los gobiernos causan a la población, el titular de la SCT estatal, Fernando Chávez Méndez declaro, eufemísticamente, que más que un incremento se trata de un pequeño ajuste, que claramente no se justifica dado el mal servicio que se presta y que se da en una situación de ilegalidad, pues los permisionarios no han cumplido cabalmente con las disposiciones que les impone la Ley de Transporte Público del Estado para aplicar el alza.
Ingenuidad o no, pero el funcionario dijo que han solicitado a los transportistas que hagan un gran esfuerzo para regresar a los pasajeros los 20 centavos de cambio, que por supuesto será tomado por los aludidos como una llamada a misa que difícilmente atenderán, independientemente de que los choferes sean los que se queden con el cambio. En los hechos, pues, se trata de un aumento de 50 centavos al precio del pasaje, no de 30.
¿O qué espera Chávez Méndez?, ¿que cada chofer traiga cientos de monedas de 20 y 10 centavos ꟷque por cierto ya casi no hay en circulación de ninguna de las dos denominacionesꟷ para dar el cambio a los usuarios? Si cuando tenían que regresar monedas de 50 centavos ꟷcon el precio del pasaje a 9.50 pesosꟷ no siempre lo hacían, ahora menos.
En refuerzo de las violaciones a la ley a que se hace referencia más arriba, ahora les autorizan a los permisionarios una prórroga de 90 días para que mejoren las condiciones de las unidades ꟷcon el aumento ya aplicado, por supuestoꟷ so pena de ser retiradas de circulación aquellas que no cumplan.
El círculo vicioso de aprobar incrementos a la tarifa del transporte colectivo sin que los permisionarios cumplan la parte que les toca de brindar no es algo nuevo, tiene décadas. Las autoridades siempre han sido condescendientes con ellos, que bajo distintos pretextos relacionados con el mantenimiento de los camiones y los costos de operación, nunca acaban por brindar un servicio de calidad a la población.
El servicio siempre es deficitario pero los usuarios siempre tienen que pagar el aumento a la tarifa que ahora les impone la ley. De nada han servido las protestas ni las quejas presentadas formalmente, las autoridades siguen favoreciendo y consintiendo a los permisionarios que ya les tienen tomada la medida.
¿Hasta cuándo lo seguirá permitiendo la ciudadanía? Porque de parte de las autoridades no se ve voluntad para verdaderamente meterlos en cintura.
¿Volveremos a ver esta misma historia dentro de un año? Segura y penosamente, sí.
