Fernanda Durán
Las comisiones de Derechos Humanos y Salud del Congreso del Estado dictaminaron las iniciativas correspondientes a las acciones de inconstitucionalidad que originaron la Consulta a Personas con Discapacidad 2023.
Ambas comisiones determinaron como improcedente la reforma que adiciona el Título Primero del Capítulo IV de la familia de los usuarios, y el articulo 4 BIS de la Ley de Salud Mental del Estado y Municipios de San Luis Potosí, misma que fue marcada por la acción de inconstitucionalidad 81/2021.
La intención de la reforma publicada en el periódico oficial el 13 de abril de 2021 pretendía crear obligaciones directas para las familias de las personas con discapacidad.
Mientras que con la otra reforma que resultó en la acción de inconstitucionalidad 274/2020, las comisiones aprobaron la iniciativa que reformó el artículo 40 y derogó el artículo II, fracción XVIII, de la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado y Municipios.
Dichas modificaciones establecen que los lugares de estacionamiento designados para personas con discapacidad no pueden ser utilizados por personas que se encuentran con alguna incapacidad temporal.
Durante la sesión de las comisiones, se informó que ambos dictámenes fueron realizados con base en los resultados de la consulta a personas con discapacidad.
Además, la diputada Gabriela Martínez Larraga, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, aseguró que en este proceso reunieron opiniones y peticiones de los consultados para emprender iniciativas posteriores a fin de atender lo señalado por las personas.
La consulta a personas con discapacidad en materia de reformas a la Ley de Salud Mental del Estado y Municipios de San Luis Potosí, y la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado y Municipios, se estableció del 28 de abril al 22 de mayo en cumplimiento a acciones de inconstitucionalidad dictadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que resolvió que este sector de la población no fue consultado para la elaboración de ambas leyes.
En esta consulta participaron 5 mil 16 personas, entre ellas mil 644 tuvieron un rango de edad 6 a 10 años; mil 420 de 11 a 17 años; y 701 personas de 18 a 30 años 701, de las cuales mil 983 correspondieron a personas con discapacidad intelectual, mil 407 con discapacidad motriz y 569 con discapacidad psicosocial.
