Estela Ambriz Delgado
La decisión de trasladar a todas las mujeres privadas de libertad al Centro Penitenciario Único Femenil del Xolol en el en el municipio de Tancanhuitz es algo que afecta no sólo a ellas, sino también a sus familias, principalmente a niñas, niños y adolescentes; ante la cerrazón del Estado, es necesario emprender acciones legales para garantizar sus derechos humanos.
Así quedó de manifiesto en la ponencia “El caso Xolol y los Derechos Humanos de las mujeres privadas de la libertad”, realizada dentro de las mesas de análisis “Agenda local de los derechos de las niñas y mujeres en SLP” organizada por la Federación Mexicana de Universitarias capítulo San Luis Potosí, en conjunto con la Oficina de la Abogacía General de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) el pasado viernes 28 de marzo.
La profesora investigadora, de quien se guardará su identidad debido a posibles obstrucciones en el trabajo que realiza, expuso algunos de sus hallazgos en el caso de las mujeres trasladadas a dicho centro penitenciario.
De manera general, la exponente indicó que en las últimas décadas ha habido un incremento de la población penitenciaria femenina, especialmente en América Latina y México, y más preocupante que en el país ha incrementado el índice de mujeres privadas de libertad que están en prisión preventiva oficiosa, quienes pasan años en esta medida cautelar.
Explicó que dentro del trabajo que realiza ha observado que, desde 2023, los traslados del Centro de Reinserción Social de La Pila hacia Xolol, que se encuentra a más de 300 kilómetros de la capital, tienen graves implicaciones en los derechos humanos para estas mujeres al afectar la cercanía con sus familias y sus mismos procesos, dado que los juzgados se encuentran en San Luis Potosí.
En este sentido consideró importante que se visibilice la gravedad del asunto, debido a que han enfermado más y al alejarlas de su visita, que es lo que les puede dar fortaleza para que aguanten una semana más en la cárcel, así como de organizaciones de la sociedad civil, es algo que afecta su salud mental.
Además indicó que esto también ha perjudicado su alimentación, dado que elaboraban artesanías que sus familiares después vendían y con ello obtenían recursos para comprar algunos insumos y alimentos que ahí adentro cuestan el triple de su costo real, sumado al hecho de que carecen de agua potable por falta de infraestructura por lo que evitan ir al sanitario, y en consecuencia esto les ha causado infecciones en vías urinarias.
Sin embargo, lo más importante es que esto también afecta a sus familias, especialmente a niños, niñas y adolescentes, porque la falta de las visitas son cada vez más espaciadas al no contar siempre con el autobús de traslado por parte del DIF, además de que no hay suficientes lugares y deben escoger quiénes van, tienen que salir a las 4:30 de la mañana y regresan hasta la noche.
La investigadora subrayó que dada la situación, es urgente plantear lo que ocurre como un tema de la agenda de mujeres, niñas y adolescentes, pues las mujeres que están privadas de libertad se les deja en último lugar por un estigma de que son “malas”, “delincuentes”, cuando en muchos de los casos llegan ahí por verse implicadas en delitos que cometieron sus parejas.
“A las mujeres que están privadas de libertad no solamente se les sanciona porque cometieron una infracción penal o porque entraron en conflicto con la ley, sino por no obedecer los mandatos de género; entonces ahí hay un doble castigo con estas mujeres, que además se está recrudeciendo con esta decisión que, desde nuestro punto de vista, es un giro discriminatorio”.
Al respecto, explicó que no se puede intentar cumplir una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) debido a que las mujeres no se encontraban separadas adecuadamente, dándole un giro discriminatorio y mandando nada más a las mujeres a más de 300 kilómetros de la ciudad donde se encuentra el juzgado, porque no nada más se llevaron sentenciadas, se llevaron procesadas y esto tiene un efecto también en su derecho a la tutela jurisdiccional, al acceso a la justicia, a la defensa adecuada y técnica, al debido proceso, entre otros.
La profesora consideró que la criminalización de mujeres es un problema social que está localizado en la violencia estructural que se vive en el país, que tiene empobrecidas a las mujeres, a sus hijas e hijos, en el marco de unos contextos en los que hay violencia crónica, crimen organizado y consumo problemático de drogas, donde se genera un ciclo de exclusión social donde son cooptados por grupos delincuenciales.
Ante la situación de estas mujeres y la cerrazón que se ha mostrado por parte del Gobierno del Estado —que afirma que la decisión está tomada y no hay marcha atrás, e inclusive se les ha amenazado con enviarlas a Tamaulipas—, la única vía que ven abogados y organizaciones de la sociedad civil es la legal, a través de amparos que puedan además sentar un precedente al considerar a las mujeres privadas de libertad en San Luis Potosí como un sujeto colectivo, y tramitarlo por la vía del interés legítimo.
Además, el asunto ya ha sido denunciado ante la CNDH, derivado de lo cual la visitadora Nestora Salgado visitó el centro penitenciario junto con su equipo y se abrió una queja de oficio, sumado a que también ya se ha turnado a la Secretaría de la Mujer Federal, para que su titular, Citlalli Hernández Mora, pueda colocarlo en su agenda.
