Por Victoriano Martínez
Aunque las leyes de ingresos municipales tienen una vigencia anual, eso no las vuelve inmodificables porque tampoco son producto de una determinación infalible, por mucho que la soberbia de un alcalde como Enrique Galindo Ceballos así lo quiera creer y prefiera convenir con particulares violar la norma que él mismo propuso.
Cuando menos en otros tres municipios, sus alcaldes ya detectaron en sus leyes de ingresos que incluyeron tarifas desproporcionadas que afectan la economía de su población y comenzaron a recorrer el trámite legal para no afectar a sus gobernados.
El primero fue el ayuntamiento de Villa Hidalgo, cuya iniciativa para modificar tarifas del artículo 22 de su Ley de Ingresos fue turnada a las comisiones Segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal y del Agua en la sesión del pasado 11 de febrero como parte de la correspondencia de ayuntamientos y organismos paramunicipales, con el turno 972.
A pesar de tratarse de una iniciativa de reformas a una ley, al entrar como correspondencia la propuesta no apareció publicada en la Gaceta Parlamentaria de aquella sesión.
Para la sesión de este jueves, el dictamen de las comisiones con la aprobación de los cambios propuestos por el Ayuntamiento de Villa Hidalgo ya se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, y seguramente será aprobado por el pleno para que los habitantes de ese municipio paguen una tarifa razonable por dos conceptos relacionados con subdivisión de predios.
Ni el alcalde ni el Cabildo de Villa Hidalgo argumentaron incentivos para el sector inmobiliario, ni atención a demandas empresariales para propiciar inversiones millonarias, mucho menos recurrieron a convenios de responsabilidad compartida.
Simplemente vieron la necesidad de no afectar a sus gobernados con tarifas que habían aumentado un 335 por ciento en un caso y un mil 823 por ciento en otro, reconocieron los efectos negativos y argumentaron la obligación de “ayudar a la población de ese municipio a no afectar sus bolsillos, sobre todo a aquellos que quieren realizar subdivisión, fusión y relotificación de predios”.
En la sesión del pasado 3 de marzo, también a través del apartado de correspondencia de ayuntamientos y organismos paramunicipales, se dio entrada a la propuesta del Ayuntamiento de Tancanhuitz para modificar su Ley de Ingresos, que se remitió a la Comisión Segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal con el turno 1093.
El documento tampoco apareció en la Gaceta Parlamentaria e, igual que en el caso de Villa Hidalgo, tampoco aparece en la relación de iniciativas recibidas por el Congreso del Estado.
En días pasados, el Ayuntamiento de Tampamolón habría entregado en la oficialía de partes del Congreso del Estado una iniciativa que también busca modificar su Ley de Ingresos. Seguramente será turnada por la vía de correspondencia, dado que en la Gaceta Parlamentaria para la sesión de hoy no aparece.
Los casos de Villa Hidalgo, Tancanhuitz y Tampamolón, el primero ya incluso con dictamen aprobatorio, demuestran que la corrección en cuestión de tarifas establecidas en las leyes de ingresos tiene un cauce legal, sin necesidad de recurrir a maniobras que burlen y usurpen las funciones del Poder Legislativo, como hizo Galindo Ceballos.
Con su Acuerdo de Responsabilidad Compartida 2.0 con empresarios inmobiliarios y con el Acuerdo Administrativo por el que se autoriza el Otorgamiento de Estímulos Fiscales, publicado el 18 de febrero en el Periódico Oficial, Galindo Ceballos, ilegalidad de por medio, le sacó la vuelta a un trámite que ayuntamientos mucho más pequeños y limitados no dudaron en gestionar.
No sólo humilló a los 27 diputados, sino que además traiciona la confianza pública que se pueda tener en su administración, pues a casi tres semanas de haber firmado el acuerdo con empresarios, no lo ha publicado.
