La Sierra de San Miguelito es considerada una de las zonas con mayor riqueza biológica. En ella viven 55 especies que se encuentran bajo alguna categoría de protección y de 285 especies endémicas, como el murciélago trompudo y el tlalcoyote, amenazadas por las modificaciones de su hábitat.
Su área es única en el Estado que cuenta con pino piñonero, así como otros pinos de alta montaña, encinos de varias especies y flora única. Es hábitat de otras dos especies en peligro de extinción: el águila real y el lagarto cornudo.
Además de su riqueza en flora y fauna, la Sierra de San Miguelito le presta importantes servicios ambientales a la Ciudad: es reservorio de agua potable para uso doméstico, agrícola, pecuario e industrial para más de un millón de usuarios en cuatro municipios.
También contribuye con la retención del suelo en laderas escarpadas; la protección de tres cuencas hidrográficas: la presa San José-Los Pilares, Río Tamuín y San Luis Potosí; y la recarga de tres acuíferos: San Luís Potosí, Jaral de Berrios-Villa de Reyes y Villa de Arriaga.
La importancia de los servicios ambientales se destacó incluso en los estudios para la elaboración de los programas de desarrollo urbano realizados durante la administración municipal 2018-2021 en el anexo titulado Síntesis del diagnóstico –pronóstico en Ámbitos y Zonas de Atención Estratégica (AAEs y ZAEs) en el que se señaló:
“La SSM está en un proceso de degradación ambiental que, tendencialmente, puede tener efectos graves en temas como cambio climático, recarga de mantos acuíferos, patrimonio ambiental para San Luis Potosí y la ZMSLP (Zona Metropolitana de San Luis Potosí)” (página 39).
“LA SIERRA DE SAN MIGUELITO NO SE TOCA”
Durante abril y mayo de 2019, grandes humaredas desde la Sierra de San Miguelito advirtieron a los habitantes de la ciudad sobre los riesgos de perder parte de los servicios ecológicos de esa área, al mismo tiempo que contribuyeron a generar conciencia sobre la necesidad de preservar esa zona.
Al mismo tiempo, el avance de un proyecto residencial denominado Las Cañadas amenazaba con la depredación inmobiliaria de cuando menos 2 mil 69 hectáreas dentro de la Comunidad de San Juan de Guadalupe, y en torno a la presa de la Cañada del Lobo.
Tales situaciones llevaron al grupo de Guardianes de la Sierra de San Miguelito a realizar una colecta de firmas a favor de la protección de la Sierra y para hacer un llamado a las autoridades municipales para que se evitara la urbanización de su territorio.
En ese contexto el 24 de mayo de 2019 se dio la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador quien, en una Plaza de los Fundadores llena, consultó si aceptaban la urbanización o la protección de la Sierra de San Miguelito. El pronunciamiento fue masivo a favor de la Sierra. Fue entonces cuando López Obrador pronunció la frase que se volvió consigna: “La Sierra de San Miguelito no se toca”.
“NO SE VA A PODER AFECTAR”
Aquel día, el apoyo de López Obrador a la Sierra no terminó con su pronunciamiento, sino que al retirarse de la Plaza firmó el documento promovido por Guardianes de la Sierra, dirigido al entonces alcalde Xavier Nava Palacios, con un pronunciamiento muy específico: “Desde este momento digo NO al Proyecto Inmobiliario en la comunidad de San Juan de Guadalupe y sus Anexos Tierra Blanca y San Miguelito y digo NO a la destrucción de la Sierra de San Miguelito”.
Inició entonces una carrera entre quienes comenzaron a mover sus influencias e intereses para evitar la protección de la Sierra de San Miguelito, quienes buscaron alternativas intermedias para favorecer a los empresarios inmobiliarios, y los activistas a favor de su protección máxima.
El gobernador Juan Manuel Carreras López fue el primero en atentar contra la integridad ecológica de la Sierra al presentar, menos de un mes después de pedir en Fundadores su protección, una manifestación de impacto ambiental para que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) autorizara la afectación de más de 490 hectáreas para construir la Vía Alterna de la prolongación de avenida Juárez al Eje 140, en la Zona Industrial, con una longitud de 10.28 kilómetros.
A pesar de que hubo una solicitud por parte de diversas organizaciones civiles y diputados federales y locales para que el gobierno retirara esa petición, que apareció en la Gaceta Ecológica de la SEMARNAT el 4 de julio de 2019, Carreras López nunca respondió al escrito. La Vía Alterna inició su construcción y hoy no cuenta con recursos para continuar.
El gobierno del Estado, la SEMARNAT y la UNAM Morelia firmaron un par de convenios para delimitar el polígono que cubriría el Área Natural Protegida Sierra de San Miguelito. Un trabajo que abrió el primer territorio de la batalla por la Sierra. Operadores directos de los empresarios inmobiliarios y otros desde cargos al interior de la SEMARNAT comenzaron a realizar su labor para influir en la delimitación del territorio a proteger.
Desde el Ayuntamiento encabezado por Xavier Nava Palacios se inició la elaboración de los programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (PMOTDU) y de Desarrollo Urbano del Centro de Población (PMDUCP).
Los desarrolladores inmobiliarios vieron en ese proceso la oportunidad de lograr que se modificara el uso de suelo de las superficies de su interés para comenzar a construir sus complejos residenciales de lujo, antes de que se logrará la declaratoria de Área Natural Protegida.
La consulta obligada por Ley –que arrancó con mucha limitación para la participación, se abrió por la presión de los activistas a favor de la Sierra, y terminó con aplazamientos y dificultades provocadas por la pandemia de Covid-19– se convirtió en el territorio de batalla por la Sierra: se recibieron 2 mil 481 planteamientos, de los cuales más de dos mil fueron presentados por personas a favor de la protección de la Sierra de San Miguelito.
A pesar de mantener el proyecto de los programas de desarrollo urbano en la opacidad, en septiembre de 2020 se logró conocer que en él se autorizaron 5 mil 700 hectáreas como área urbanizable dentro de la Sierra, más de las necesarias para la población proyectada en la ciudad, de acuerdo con especialistas en urbanismo. El Cabildo se anticipó a la definición del polígono a proteger en la Sierra para favorecer a tres grandes proyectos inmobiliarios: Gran Peñón, Las Cañadas y San José de Buena Vista.
El 12 de febrero de 2021, el Cabildo aprobó-sin-aprobar los programas de desarrollo urbano porque un oficio de la SEMARNAT les advirtió que incumplieron con la consulta que tenían que hacer a las instancias de ecología federales. Así, hicieron una pre-aprobación condicionada al resultado de mesas de trabajo con la SEMARNAT.
A pesar de eso, no esperaron a la definición del polígono del Área Natural Protegida y el 5 de marzo el Cabildo –entonces encabezado por Alfredo Lujambio Cataño como alcalde interino– aprobó los dos programas de desarrollo urbano con una postura en la que “la Sierra de San Miguelito sí se toca… poquito”, porque les urgía abrir la puerta a la depredación inmobiliaria, que obligaría a recortar el polígono a proteger ante hechos (daños) consumados.
En ese río revuelto por la disputa del territorio de la Sierra se reveló un primer polígono. Tenía cortes tan caprichosos, que dejaba fuera de la protección parte de las 2 mil 69 hectáreas que pretendía el proyecto Las Cañadas, de las que 500 hectáreas ya habían sido declaradas como urbanizables dentro de los programas de desarrollo urbano.
Funcionarios de la SEMARNAT, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), de la empresa promotora del proyecto Las Cañadas y ejidatarios a favor de la urbanización realizaron a principios de abril de 2021 un recorrido por el área, que se creyó sería para delimitar las 500 hectáreas urbanizables, cuando en realidad se trató de delimitar una superficie de mil 805 hectáreas para responder a una petición de la Asamblea Comunal de San Juan de Guadalupe de excluirlas para favorecer al proyecto inmobiliario.
La revelación de esa maniobra sintetizó la disputa por la Sierra y la forma en que uno de los grupos inmobiliarios tomó ventaja, sobre todo, de contar con operadores de alto nivel en la SEMARNAT capaces de engañar a los titulares de las dependencias: el 4 de junio de 2021, con oficio número DGCD/250/2021 –que se conoció como oficio de la traición–, firmado por César Sánchez Ibarra, entonces director General de Conservación para el Desarrollo de la CONANP, se notificó la exclusión de las mil 805 hectáreas para el proyecto Las Cañadas.
La denuncia pública llegó a La Mañanera cuando Ana Elizabeth García Vilchis, encargada de la sección quién es quién en las mentiras, calificó como mentiras lo publicado por Julio Hernández López en su columna Astillero en La Jornada y en su programa Astillero Informa. La reacción de Hernández López terminó en un inédito ejercicio de derecho de réplica en La Mañanera, que se convirtió en la ratificación del compromiso presidencial con la Sierra de San Miguelito y en la revelación de las traiciones de funcionarios de segundo y tercer nivel al interior de la SEMARNAT.
– Presidente, en concreto, si la asamblea ejidal de San Juan de Guadalupe decide que ahí se construya lo que ellos digan en mil 805 hectáreas, ¿usted lo impedirá?– le preguntó Hernández López al mandatario.
– No se va a poder afectar– le respondió López Obrador.
– Lo puede decidir la asamblea ejidal– le advirtió el periodista.
– Lo puede decidir, pero hay un interés superior que tiene que ver con el interés de la Nación, el interés público.
Declaratoria de Área Natural Protegida
Aquel compromiso presidencial renovado todavía tuvo que sortear un obstáculo más: el efecto del oficio de la traición se alcanzó a colar para excluir las mil 805 hectáreas pretendidas por el desarrollo inmobiliarios Las Cañadas en el proyecto de decreto de Área Natural Protegida como artículo quinto transitorio:
Queda excluida de la aplicación del presente Decreto de Área Natural Protegida con la categoría de Área de Protección de Flora y Fauna, la superficie de 1805-48-42 hectáreas de tierras de uso común de la comunidad de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito, a que se refiere la suspensión de plano concedida anexos Tierra Blanca y San Miguelito, a que se refiere la suspensión de plano concedida en los actos del juicio 675/2021-4 radicado en el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado.
El intento de mutilación de la Sierra de San Miguelito como parte del decreto fue denunciado públicamente por Carlos Covarrubias Rendón, uno de los principales activistas en la defensa de la Sierra, en el programa Astillero Informa el 25 de noviembre de 2021. Las protestas y los reclamos tuvieron su efecto. Para el 29 de noviembre le notificaron al Comisariado de Bienes Comunales de la Comunidad de San Juan de Guadalupe la anulación del oficio de la traición por haber sido emitido por un funcionario, Sánchez Ibarra, que “no cuenta con facultades para determinar las superficies que se han de excluir del polígono que se declarará como área natural protegida”.
Tras la emisión del oficio de la reivindicación, el número F00/0217/2021, Sánchez Ibarra fue destituido de su cargo y se abrió un compás de espera para saber si había desaparecido el mutilador artículo quinto transitorio y si eliminarlo dejaría la superficie a proteger en las 109 mil hectáreas previstas en el documento.
El 13 de diciembre de 2021, el Diario Oficial de la Federación finalmente publicó el decreto que declara área natural protegida con el carácter de área de protección de flora y fauna, 111 mil 160.44 hectáreas de la Sierra de San Miguelito, en los municipios de Mexquitic de Carmona, San Luis Potosí, Villa de Arriaga y Villa de Reyes.
No sólo se eliminó la exclusión de las mil 805 hectáreas en riesgo, sino que se protegieron más de dos mil hectáreas adicionales, entre las que se incluyeron los polígonos a los que en los programas de desarrollo urbano se les decretó cambio de uso de suelo para volverlos urbanizables. La declaratoria de Área Natural Protegida cerró toda posibilidad a la urbanización de la Sierra de San Miguelito.
Epílogo
A pesar de que se trató de la determinación de mayor trascendencia en materia ecológica, con especial repercusión para el futuro sostenible de la ciudad, las autoridades estatales y municipales no mostraron ningún entusiasmo por el decreto del Área Natural Protegida Sierra de San Miguelito, quizá entretenidos por sus festivales navideños en curso. Tan poco entusiasmo causó, que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona se limitó a decir que se trataba de un compromiso del Gobierno Federal y advertir que el decreto podría ser apelado por comuneros de la Sierra que no están satisfechos con la declaratoria, algo totalmente previsible que ocurrió potenciado por el patrocinio de los empresarios inmobiliarios afectados, ampliamente representados en el Consejo Consultivo Potosí convocado por el mandatario estatal.
En un año, la única acción concreta en torno a la protección de la Sierra de San Miguelito por parte del gobierno estatal fue la firma de un acuerdo de coordinación con el gobierno federal para una campaña de información sobre los alcances de la declaratoria, lo que contrasta con que en el libro de texto de Tercero de Primaria, se mantiene para el ciclo escolar 2022-2023 un cuento futurista que da como un hecho que los cerros se verían cubiertos de edificios, la Sierra llena de fraccionamientos y llovería menos como si se pretendiera convencer a los niños, desde tercero de primaria, de que la urbanización de la Sierra de San Miguelito aún es un mal inevitable.
