Eduardo Delgado
El Tribunal Electoral de Estado de San Luis Potosí (TEESLP) acreditó violencia política en razón de género contra la presidenta municipal de Villa de Zaragoza, la priista Paloma Bravo García, y ordenó la implementación de medidas cautelares para la protección de su vida, seguridad e integridad, de su familia y colaboradores.
En sesión celebrada este miércoles, las magistradas Yolanda Pedroza Reyes y Denisse Adriana Porras Guerrero, así como el magistrado Rigoberto Garza de Lira, aprobaron por unanimidad el acuerdo promovido por la alcaldesa.
Como segunda medida cautelar determinaron: “De manera urgente se vincula a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí para que garantice la seguridad, integridad, vida y protección a la víctima Paloma Bravo García, la de su familia y colaboradores”.
En aras de protegerla de cualquier acto u actos de violencia política de que puedan ser objeto, le ordenan a esa dependencia garantizarles “un auxilio inmediato” con elementos policiacos en sus respectivos domicilios.
La alcaldesa refirió que el primer regidor plurinominal del PRI, Rafael Cárdenas Govea, la amagó con un arma de fuego y que todos los actos realizados en su contra tienen como fin que dimita. Detractores de Paloma Bravo, priistas como ella, mantienen tomado el Palacio Municipal desde el pasado 19 de julio.
Conminan también al primer regidor plurinominal del PRI, Rafael Cárdenas Govea, para que “se abstenga” de realizar por sí mismo o terceras personas “cualquier acto u omisión que pueda causar algún daño físico, psicológico, económico, sexual, contra de la presidenta municipal”.
“Lo anterior implica abstenerse de acotar, restringir, suspender o impedirle el libre ejercicio de sus derechos ciudadanos y político electorales e inducir la toma de decisiones en contra de su voluntad o presionarla para que renuncie a su cargo”.
Asimismo, consideraron necesaria la activación del protocolo para la atención de la violencia política y “en ese tenor” vincularon, entre otros, al gobernador, la Fiscalía General del Estado Congreso Local, Observatorio de la Participación Política de las Mujeres, y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
