Fernanda Durán
El amparo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) contra la fiscalización estatal del dinero autogenerado sigue su curso, pero el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) promovió un recurso de revisión bajo el argumento de que la institución no tiene facultades para presentar esta impugnación, según informó el auditor superior, Rodrigo Joaquín Lecourtois López.
Mientras sigue el proceso jurídico entre el IFSE y la UASLP ante un juzgado de distrito, el ente fiscalizador no puede emitir sanciones respectivas a las presuntas observaciones halladas en su cuenta pública del ejercicio fiscal 2022.
El abogado general de la máxima casa de estudios, Joel González de Anda, aclaró que hasta ahora desconoce sobre la existencia del recurso de revisión presentado por el IFSE.
Sin embargo, se mantiene la disyuntiva entre ambas instituciones, pues tanto él como el rector Alejandro Zermeño Guerra señalaron que los recursos autogenerados por la UASLP no deben ser auditados por el Estado, sino por el órgano de control de la misma universidad. Respecto a los recursos federales, reconocieron que deben ser revisados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Zermeño Guerra detalló que de los 2 mil 800 millones de pesos que obtiene la UASLP, 90 por ciento provienen de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el resto viene del Gobierno del Estado de un ramo federal, por lo que la indicada para fiscalizarlos es la ASF.
Por su parte, el IFSE advirtió que sigue corriendo el proceso de fiscalización hasta que no se emita la sentencia respectiva al amparo admitido por la instancia judicial, con lo cual insistió en que la UASLP mantiene la negativa de que no cuentan con la facultad de revisar sus recursos, por lo que el equipo jurídico de la universidad debe valorar si pone en riesgo a sus directivos.
En el marco de la aprobación del informe general del IFSE, Lecourtois López aseguró que el instituto entrará a la siguiente fase para emitir resoluciones sobre los entes auditables que no solventaron las irregularidades, debido a que ya culminó la revisión y entrega preliminar de los resultados con un pliego de observaciones que se podían desahogar, pero en el caso de la Universidad no entregó documentación comprobatoria cuyo plazo vencía el 17 de enero.
“El periodo de desahogo venció el 17 del mes pasado y ahora sigue la siguiente etapa y valoraremos los argumentos que nos dan de que no podemos revisar y seremos muy responsables y cuidadosos en hacer una resolución apegada a derecho”.
Ante esto, González de Anda señaló que independientemente de que se pueda o no presentar la documentación para solventar las observaciones del IFSE, las auditorías federación y estatal no tienen absolutamente ninguna facultad para revisar los ingresos propios.
En tanto continúa la disputa, el rector se posicionó expresando respeto a la figura del instituto de fiscalización y dijo que ante estas controversias la autoridad judicial es la que dirá qué proceso corresponde y se hará lo que la autoridad judicial determine.
