Angélica Campillo
De acuerdo con el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Alejandro Zermeño Guerra, se pretende que para el ejercicio fiscal 2023 el presupuesto que se les destine sea acorde con la inflación real.
Zermeño Guerra comentó que siempre se procura que un presupuesto sea mayor a la inflación para poder tener crecimiento, no obstante, en los últimos cuatro años, el Gobierno federal no ha reconocido la inflación real a la hora de destinar recursos a la UASLP, por lo que hasta la fecha tienen más de 10 puntos abajo del presupuesto con el que deberían contar.
El rector manifestó que aunque no pone en riesgo los sueldos del personal de la Universidad, sí afecta el crecimiento de la institución al no contar con solvencia económica, pues en la actualidad se tiene un problema de mantenimiento de edificios a causa de las lluvias.
“La realidad es que si hace cuatro años se recibían 10 pesos, ahora se están recibiendo nueve, y obviamente los costos de la vida de hace cuatro años a la actualidad son diferentes”, argumentó el rector.
Adelantó que posterior al primer informe de Gobierno, el secretario general Federico Garza Herrera y él se sentarán a platicar con el gobernador Ricardo Gallardo Cardona para tratar el tema del presupuesto de la Universidad para el año entrante.
Para el ejercicio fiscal 2022, a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí le fueron destinados 2 mil 467 millones de pesos, donde el 90 por ciento fue recurso federal y el 10 por ciento recurso estatal, que correspondió a alrededor de 300 millones de pesos.
Se solicitaría a Gobierno un crédito quirografario
Asimismo, el rector de la UASLP señaló que debido a que el presupuesto de la Federación no llega antes del 12 o 13 enero del año siguiente, por cuestión de las firmas del convenio, podrían solicitar al Gobierno del Estado un crédito quirografario para poder cubrir la primera y segunda quincena de enero de las y los trabajadores de la máxima casa de estudios potosina.
Para este 2022, la UASLP solicitó un préstamo al Gobierno del Estado para poder cumplir con esta obligación, cuyo monto fue de alrededor de 120 o 130 millones de pesos, el cual se devolvió en cuanto les llegó el recurso federal.