Estela Ambriz Delgado
La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), a través del Grupo Universitario del Agua, presentó la primera entrega de un informe hídrico del estado en el que se advirtió de la contaminación del agua con flúor, arsénico, metales pesados y microplásticos, además de plantear propuestas como la sectorización y poner a funcionar las plantas tratadoras para dar solución al problema de desabasto de agua en la zona metropolitana a mediano plazo.
En el evento denominado “Acciones para un uso y manejo sostenible del agua en el estado, propuestas académicas de la UASLP primera entrega Zona Metropolitana”, que se llevó a cabo el pasado 26 de junio, destacó la priorización del derecho humano al agua, a la salud, a un medio ambiente sano, así como el derecho a la información, siendo este último la razón por la que la universidad da a conocer los resultados de diversos estudios en el tema.
El investigador Fernando Díaz Barriga informó que los estudios más recientes demuestran que el agua potable de la zona metropolitana se encuentra contaminada por flúor, arsénico y nitratos, por lo que es urgente buscar en esta zona áreas libres de contaminantes que sean declaradas reserva exclusiva para la población.
Indicó que entre el 70 y 80 por ciento del acuífero potosino está contaminado por arriba de la Norma Oficial Mexicana (NOM) para flúor y arsénico, y advirtió que la posible combinación de estos dos contaminantes, sumado a los microplásticos, puede tener graves consecuencias en el desarrollo intelectual de las niñas y niños.
Por otra parte, señaló el caso de la Presa San José, donde la presencia de lirio da muestra de que el agua está contaminada con materia orgánica, y es lamentable que se permita que el agua residual ensucie el agua limpia, por lo que se deben instalar plantas de tratamiento.
Respecto a este tema, se puntualizó que sólo existen seis plantas de tratamiento de agua residual (PTAR) públicas, y que cuentan con sistemas de tratamiento de aguas tradicional que no aseguran la calidad del agua requerida para su reúso, por lo que es indispensable diagnosticar, construir, actualizar y activar un mayor número de PTAR públicas.
Por su parte, el doctor Emilio J. González Galván destacó que en estas propuestas se privilegia el consumo humano por encima del consumo de la industria y la agricultura, por lo que es importante optimizar el aprovechamiento de la infraestructura para el suministro de agua potable y mejorar las redes de distribución, lo cual incluye la implementación de una sectorización que supone una mejora en el funcionamiento y operatividad de la red de agua potable.
“Con esta acción, a parte de dividir la red en sectores y facilitar su manejo, se logra una acentuada disolución de las pérdidas físicas de agua y un aumento en la eficiencia, permitiendo una medición en presiones y gastos para cada sector”.
Mientras que la doctora Violeta Mendezcarlo Silva indicó que la actual sectorización no responde a la diversidad de situaciones que se enfrentan en las diferentes zonas de la metrópoli, por lo tanto, será necesario realizar una actualización con la finalidad de ofrecer eficiencia física y satisfacer el derecho humano al agua en corresponsabilidad, sin discriminación, así como dar conjuntamente los servicios de agua y el saneamiento.
Asimismo, la académica abordó las propuestas de modificación en el marco normativo en la gestión del agua, que incluye generar un ecosistema jurídico favorable para implementar soluciones basadas en la naturaleza; incorporar de manera obligatoria la existencia de sistemas de captación de agua de lluvia, generar y fomentar esta cultura; establecer normas oficiales sobre métodos alternativos de suministros, así como un enfoque de educación y cultura del agua que se atribuya a las diferentes dependencias.
Mendezcarlo Silva consideró que un marco legal que vaya desde la perspectiva del derecho humano al agua y el saneamiento, junto con la sectorización, aliviará las presiones técnicas en el suministro.
De igual forma, la UASLP propone establecer políticas y regulaciones efectivas que fomenten la conservación del agua, promuevan prácticas agrícolas sostenibles y prevengan la contaminación de las fuentes de agua, tanto de suelo como en acuíferos subterráneos.
Al respecto, el doctor González Galván indicó que las propuestas corresponden a un modelo ampliamente aceptado a nivel mundial para alcanzar el derecho humano al agua, basadas en un modelo de economía circular resiliente para aprovechar de manera responsable los recursos, reducir su consumo, además de promover su recuperación y reutilización. Esto al abordar los problemas de contaminación así como ofrecer soluciones basadas en la naturaleza y poseer la capacidad de enfrentar situaciones críticas como la que hoy se tiene.
Por otro lado, el rector Alejandro Javier Zermeño Guerra puntualizó que el acceso al agua es un derecho constitucional y por lo tanto es una obligación del Estado, además de que la calidad y la cantidad del agua en la zona metropolitana deja mucho que desear por la contaminación de la que se informó en su momento, además de que no se prioriza el uso del vital líquido para consumo humano y puso un ejemplo concreto:
“La priorización del uso del agua para consumo humano no se cumple en esta región, ya que se destina agua de primer uso, e incluso potable, para fines agrícolas e industriales, caso muy especial de atención será la termoeléctrica, que por sus indicadores anteriores debería usar solamente gas natural, ya no biocombustible y no agua de primer uso, sino reciclada”.
Durante su exposición, el rector informó que en el estado hay más de 115 plantas tratadoras, de las cuales escasamente funcionan 45, por lo que es urgente que se les active.
Finalmente, aseguró que más que una gran inversión, se necesita suma de voluntades y la solución debe pasar por la educación, investigación y difusión, por lo que incumbe a las tres acciones sustantivas de la Universidad.
Aunque fueron invitadas diversas autoridades estatales, municipales, y diputados, solamente asistieron: José Antonio Lugo Álvarez, director general de Interapas; el presidente municipal Enrique Galindo Ceballos; representantes de los ayuntamientos de Cerro de San Pedro, Mexquitic y Soledad de Graciano Sánchez; los diputados Alejandro Leal Tovías y Emma Idalia Saldaña Guerrero; y la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (SJTE) María Manuela García Cázares.
