Jaime Nava
Cuando de acoso, hostigamiento o abuso sexual se trata, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) hace todo lo posible por evitar entregar información que pueda develar el verdadero estado en el que se encuentra la institución más allá de los comunicados que se ha visto obligada a emitir ante la presión de grupos de mujeres estudiantes que han dado a conocer distintos casos e identificado a los victimarios.
El 13 de noviembre Astrolabio Diario Digital envió una solicitud de información a la UASLP para pedirle al rector, Manuel Fermín Villar Rubio y al titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios que proporcionaran datos sobre las denuncias que han recibido en contra de profesores, administrativos y cualquier otro empleado de la UASLP por acoso, hostigamiento y/o abuso sexual del 2012 a la fecha.
Además, se pidió que informaran cuántas de esas denuncias derivaron en una sanción, el tipo de castigo impuesto y todos los documentos elaborados por la Defensoría de los Derechos Universitarios donde notificaran al responsable, al rector, al Consejo Directivo Universitario y a directores de escuelas y facultades la sanción impuesta.
La UASLP respondió de forma parcial la solicitud de información. Sobre el número y la fecha de las denuncias se aseguró que existen 20 expedientes que fueron recibidos en las siguientes fechas: 1 junio 2017, 9 de junio 2017, 11 septiembre 2017, 25 octubre 2017, 26 octubre 2017, 28 noviembre 2017, 11 enero 2018, 5 marzo 2018, 24 abril 2018, 30 abril 2018, 8 mayo 2018, 18 junio 2018, 27 junio 2018, 11 julio 2018, 17 julio 2018, 25 septiembre 2018, 27 septiembre 2018, 23 octubre 2018, 5 noviembre 2018 y 13 noviembre 2018.
La UASLP aseguró que las facultades donde se han generado mayor número de denuncias son Psicología, Derecho y Agronomía; no obstante, de todas las denuncias presentadas “cuatro de ellas desistieron” y únicamente una ha concluido y se impuso como sanción “la suspensión académica a una persona”.
La UASLP entregó parte de la información relacionada con las denuncias, pero el rector se negó a responder las preguntas que se le formularon de manera directa valiéndose del diccionario de la Real Academia Española del cual extrajo un significado de la palabra denuncia para intentar hacer creer que es incapaz de contestar lo que se le cuestionaba por no ser de su competencia.
“[…]el solicitante refiere específicamente información correspondiente a “denuncias” por acoso, hostigamiento y/o abuso sexual, delitos relacionados con comportamientos sexuales, por lo que en conformidad al diccionario de la Real Academia Española, debe entenderse por denuncia el Documento en que se da noticia a la autoridad competente de la comisión de un delito”, dice parte de la respuesta entregada por la UASLP.
De acuerdo con el diccionario de la RAE, la palabra “denuncia” tiene dos acepciones:
- f. Acción y efecto de denunciar.
- f. Documento en que se da noticia a la autoridad competente de la comisión de un delito o de una falta.
El mismo diccionario señala que la palabra denunciar tiene, al menos, ocho acepciones:
- tr. Avisar o dar noticia de algo.
- tr. pronosticar.
- tr. Promulgar, publicar solemnemente.
- tr. Participar o declarar oficialmente el estado ilegal, irregular o inconveniente de algo.
- tr. delatar.
- tr. Dar a la autoridad judicial o administrativa parte o noticia de una actuación ilícita o de un suceso irregular.
- tr. Der. Dicho de una de las partes: Notificar la rescisión de un contrato, la terminación de un tratado, etc.
- tr. Ingen. Dicho de quien cree haber descubierto una mina, o de quien se propone beneficiar la que está caducada: Acudir a la autoridad competente para que se registre su nombre y denuncia, y quede asegurado con esto su derecho a obtener la concesión de aquella mina.
Con lo anterior queda claro que, al solicitarle a la UASLP información de las “denuncias” relacionadas con casos de acoso, hostigamiento, y/o abuso sexual, era evidente que de su parte se esperaba que entregara documentos y datos de todos los casos que le hubieran sido avisados al rector de la UASLP y al responsable de la defensoría de los derechos universitarios; sin embargo, en lugar de información, se recomendó formular una solicitud de información a la Fiscalía General del Estado.