Angélica Campillo
De los 60 mil 998 millones 220 mil 186.92 pesos que el Gobierno del Estado prevé erogar en 2023, al Poder Legislativo le fue autorizada la misma cantidad que en 2022, por lo que no se contaría con los recursos suficientes para la realización de consultas.
De acuerdo con la iniciativa de Presupuesto de Egresos enviada por el Poder Ejecutivo para ser analizada y posteriormente votada por el Congreso del Estado, el gasto neto total previsto para 2023 asciende a 60 mil 998 millones 220 mil 187.92 pesos, que corresponde al total de los ingresos previstos en la Ley de Ingresos 2023.
En el documento se justifica que el presupuesto de egresos del Estado de San Luis Potosí para el ejercicio fiscal 2023, se basa en el esquema financiero que se ve reflejado en el Programa Sectorial de Finanzas Responsables y Sanas que deriva del Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027.
Se especifica que las erogaciones previstas para el Poder Legislativo en el año 2023 importan la cantidad de 310 millones de pesos, es decir, la misma cantidad que les fue destinada para 2022, donde se tuvieron gastos extraordinarios debido a la realización de consultas a los pueblos y comunidades indígenas, así como a las personas con discapacidad.
La cantidad solicitada al Ejecutivo por el Congreso del Estado, para ejercer en 2023, fue de 475 millones 442 mil 062 pesos, donde se contemplaban 150 millones de pesos para la construcción de una nueva sede legislativa, así como recursos para las consultas, que por ley deben realizarse.
Por otra parte, la Auditoría Superior del Estado contará con una asignación de 300 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2023, al igual que lo recibido en 2022.
Las erogaciones previstas para el Poder Judicial en el año 2023 importan la cantidad de mil 321 millones 503 mil 083 pesos, mismos recursos que para el ejercicio fiscal 2022.
Si bien al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) se le destinarán para 2023, 215 millones 560 mil 008 pesos, no le será destinada la cantidad que solicitó, que fue de 296 millones 473 mil 241.62 pesos, divididos en: gasto ordinario 189 millones 867 mil 258.73 pesos; e inicio del proceso electoral 106 millones 605 mil 983.19 pesos.
La distribución de los recursos para el Ceepac en 2023 será conforme a lo siguiente: para gasto ordinario 74 millones 680 mil 814 pesos; para dar cumplimiento al Artículo 37 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, 1 millón 362 mil 052 pesos; para las prerrogativas de ley, que incluyen el financiamiento a partidos y agrupaciones políticas, 139 millones 517 mil 140 pesos.
Las erogaciones destinadas a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) suman 47 millones 445 mil 193 pesos, misma cantidad que la otorgada en 2022.
La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) sufrirá un recorte presupuestal de 22 millones de pesos, al pasar de recibir 282 millones 278 mil 771 pesos en 2022, a 260 millones 278 mil 771 pesos en el año 2023.
Al Tribunal Electoral del Estado (TEE), incluidas las previsiones por incrementos salariales, así como las prestaciones económicas, repercusiones por concepto de seguridad social y demás asignaciones derivadas de compromisos laborales y servicios básicos para su operación, se destinarán 30 millones de pesos, misma cantidad que en 2022.
En 2023 las erogaciones destinadas a la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (Cegaip), serán de 25 millones 060 mil 259 pesos, es decir, 4 millones 939 mil 741 pesos.
Las erogaciones previstas para la Fiscalía General del Estado en el año 2023, importan la cantidad de 1 mil 327 millones 811 mil 473 pesos; 72 millones de pesos más que en 2022, cuando se le destinaron 1 mil 255 millones 811 mil 473 pesos.
Las erogaciones destinadas al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), suman la cantidad de 56 millones 068 mil 685 pesos; 3 millones 891 mil 707 pesos que lo recibido en 2022, cuando se les destinaron 59 millones 960 mil 392 pesos.
Asimismo, se explica que los subsidios en materia de asistencia social, salud, educación y cultura, se efectuarán una vez que se cumplan los requisitos para su liberación, por lo que no tendrán carácter acumulativo ni retroactivo.
Para el fideicomiso para atender a la población afectada y los daños causados a la infraestructura pública estatal ocasionados por la ocurrencia de desastres naturales, se consideran recursos por 10 millones de pesos, misma cantidad que en 2022.
Además, se establece una previsión presupuestaria en un fondo de hasta 35 millones 157 mil 146 pesos para las reservas para el pago de indemnizaciones a afectados por responsabilidades de las dependencias; mientras que para 2022 fue de hasta un millón 996 mil 500 pesos.
El Poder Ejecutivo dispondrá de 57 mil 059.3 millones de pesos, que se dispersarán en todas las secretarías que lo conforman, en la administración pública paraestatal, y en los organismos descentralizados.
