Angélica Campillo
La Unidad de Evaluación y Control (UEC) del Congreso del Estado presentó el reporte de la revisión que realizó a la Auditoría Superior del Estado (ASE), en donde se detectaron irregularidades en gastos correspondientes al ejercicio fiscal 2021, los cuales no fueron justificados.
De acuerdo con el reporte, se comprobó que seis trabajadores adscritos al Servicio Fiscalizador de Carrera percibieron durante el ejercicio fiscal, por concepto de sueldo y otras prestaciones, 3 millones 308 mil 901 pesos sin que los mismos hayan justificado y presentado evidencia del programa anual de trabajo de dicha área, ni las acciones implementadas, así como la evidencia de la publicación de los estatutos en el Periódico Oficial del Estado (POE).
En ese sentido, se adjuntó un memorándum por parte del despacho de la Secretaría Técnica, en donde señala que al revisar las actividades que desarrollaban en el área observada, las personas adscritas hicieron entrega de documentos en proceso, así como un proyecto del estatuto, el cual presenta comentarios de revisión del mismo. Además se encontró una caja con documentos en consulta.
Asimismo, la UEC detectó que dentro de la Coordinación de Planeación y Desarrollo Institucional que cuenta con dos áreas de adscripción, cinco trabajadores percibieron durante el ejercicio fiscal 4 millones 104 mil 904.97 pesos, los cuales no se justificaron, no se presentó evidencia de su programa anual de trabajo ni de las acciones implementadas, así como sus manuales de organización y de procedimiento.
En relación al análisis de los registros contables, estados de cuenta y de las nóminas proporcionadas por la ASE correspondientes al personal de confianza, base sindical, honorarios asimilables a salarios y nóminas de complemento de salario, relativas al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, se detectaron cargos a la partida de Estímulos, por un importe de 89 mil 180 pesos, sin tener evidencia de la documentación que compruebe y justifique el gasto realizado, ni se encuentran considerados en los archivos de la nómina entregados para efecto de la revisión.
Derivado de dichas irregularidades, la Unidad de Evaluación y Control dará vista al órgano interno de control de la ASE, para que inicie el procedimiento y en su caso, se apliquen las sanciones correspondientes.
Se dio a conocer que solo el 45 por ciento de los 373 trabajadores de la ASE identificados desarrollan labores de fiscalización, mientras que el 55 por ciento restante se dedica a labores administrativas o a labores administrativas y jurídicas.
Se identificó que la base sindical se vio incrementada exponencialmente entre la década de 2000 al 2010, pasando de tres trabajadores a 61.
Asimismo, la base sindical fue duplicada durante el periodo de gestión de Rocío Elizabeth Cervantes Salgado, adhiriéndose a los diferentes sindicatos un total de 73 personas sin que se haya justificado el porqué se ponderó el interés personal de los trabajadores por encima de la institución.
Se identificaron 24 áreas generales de adscripción dentro de la ASE, cada una conformada por uno o más departamentos, que en su conjunto representaron un costo anual bruto a la institución, de 272 millones 039 mil 727 pesos.
