Por Victoriano Martínez
Los diputados y los personajes que tras ellos hasta ahora han impedido que la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado se integre prácticamente ya lograron su objetivo de que el desarrollo del proceso de fiscalización de las cuentas públicas 2018 transcurriera sin ninguna supervisión.
José Antonio Zapata Meraz, nuevo presidente de la Comisión, anunció –como si se tratara de una buena noticia– que buscará que para antes del 31 de octubre se logre que quede integrada la UEC.
En marzo comenzó la fiscalización de las Cuentas Públicas 2018 por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE), cuyas actividades de los últimos siete meses, más las del mes que falta para que entreguen los informes finales, tendrían que haber sido supervisadas por la UEC.
El anuncio de Zapata Meraz seguro fue festejado por quienes hasta ahora han bloqueado a la UEC, pero también lo coloca como parte de ese grupo que trabajó para impedir esa supervisión.
Y no es que la UEC resuelva como por arte de magia las sospechas que siempre despierta la revisión de las cuentas que, tras los escándalos de la ecuación corrupta, derrumbaron la credibilidad de la ASE, sino que se trata de una instancia más obligada a reportar y justificar que el trabajo se apegó a lo que la ley establece.
Si bien por la forma en que finalmente se integre la UEC pueden surgir elementos de sospecha sobre su efectividad y lo genuino de su supervisión, se trata por lo menos de algo más que estorba a quienes aún piensan en operar esquemas de manipulación de las cuentas como en los tiempos de la ecuación.
Si la Ase está obligada a una transparencia que justifique públicamente su bien actuar, la UEC y la Comisión de Vigilancia también, lo que abre nuevas ventanas para que la ciudadanía pueda percatarse de lo que se hace mal en cualquiera de esas instancia, que pueden redundar en indicios de encubrimiento sobre el mal actual de los entes fiscalizables.
Al fijar Zapata Meraz como fecha límite para la integración de la UEC el 31 de octubre, garantiza que la primera etapa del proceso de fiscalización, en la que se sientan todas las bases para que no puedan quedar impunes los actos irregulares de los fiscalizados, concluya sin ninguna supervisión.
De entrada, todo el proceso de revisión de las cuentas inició sin que la ASE cumpliera lo establecido en el artículo 8º de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas. No hubo una UEC que lo advirtiera, y ni los integrantes de la Comisión de Vigilancia ni ningún otro diputado lo hicieron por estar ocupados en obstruir esa supervisión.
Si se logra integrar la UEC antes del 31 de octubre, podrá participar en la elaboración de los dictámenes a cada uno de los informes general e individuales de las auditorías realizadas por la ASE a los 113 entes fiscalizables, es decir, un mínimo de 114 dictámenes.
Una labor para la que el sentido común indica que será indispensable tener a la mano el Periódico Oficial del Estado en el que se publicaron “los criterios relativos a la ejecución de auditorías”, que señala el artículo 8º de la Ley de Fiscalización.
La primera gran tarea de la UEC –cual misión imposible– será, en consecuencia, localizar esa edición del Periódico Oficial del Estado “Plan de San Luis”.
