Carlos Rubio
A un día de que finalice el año, el caso de Liliana Guadalupe Mejía Elizondo, ex secretaria de Acuerdos, no fue resuelto por las autoridades judiciales; espera la resolución de un recurso de revisión luego de haber sido inhabilitada durante 10 años para ocupar cualquier cargo en el servicio público, por no haberse percatado de un fraude al interior del Juzgado Quinto Penal, mediante el que una red de delincuentes sustrajo miles de pesos por medio de billetes de depósito.
Liliana Mejía fue sancionada por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado que encabezó Juan Paulo Almazán Cué, tras fungir como secretaria de Acuerdos del Juzgado Quinto Penal durante 10 días, es decir que, obtuvo un año de inhabilitación por cada día laborado.
El 1 de mayo de 2016 llegó al Juzgado Quinto Penal, el cual contaba con tal rezago, que había expedientes donde estaba plasmada su firma como Ministerio Público, por tal motivo le ordenaron tomar 10 días de vacaciones, para luego ser transferida al Juzgado Sexto.
En enero de 2017 se le notificó del inicio de un Juicio de Responsabilidad en su contra, luego de que se descubriera que seis billetes de depósito del Juzgado Quinto Penal fueron cobrados ilegalmente durante los 10 días en que ella fue secretaria de Acuerdos.
Supuestamente su firma fue plasmada en los billetes para su autorización, sin embargo, tres peritajes —uno del Consejo de la Judicatura, otro de un perito privado y uno más de la Fiscalía General del Estado— comprobaron que su firma había sido falsificada.
A pesar de ello, el Consejo de la Judicatura decidió sancionar a Liliana Mejía con 10 años de inhabilitación, lo que dejó a la deriva su futuro y el de su familia.
La sentencia señala que la ex secretaria de Acuerdos descuidó los valores del juzgado al permitir que los billetes de depósito estuvieran en poder del subsecretario, no obstante, nunca le fueron entregados a ella, sino que continuaron en resguardo del subsecretario, quien estaba de vacaciones y realizaría la entrega a su regreso, situación que nunca ocurrió porque Liliana fue transferida.
De momento y por segunda vez, Liliana promovió un recurso de revisión que se encuentra en el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito. Durante meses, el asunto estuvo “congelado” hasta que presentó una queja ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y, finalmente, el caso fue turnado al magistrado Édgar Humberto Muñoz Grajales, quien será el encargado de elaborar el proyecto de resolución.
A pesar de que el asunto se encuentra en manos de un magistrado desde hace al menos cinco meses, este 2021 terminará sin justicia para Liliana Mejía. Cada día transcurrido sin una resolución forma parte de la estela de corrupción que arrastra el Poder Judicial de San Luis Potosí; el Consejo de la Judicatura, que encabezó Juan Paulo Almazán Cué; el Juez Segundo de Distrito, y los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito.
Como respuesta a su queja, el pasado 8 de diciembre, el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y el magistrado Jaime Santana Turral ordenaron al presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, informar el estado procesal del recurso de revisión y las causas por las que no se ha dictado una resolución.
Tras dos años de haber sido inhabilitada, Liliana continúa a la espera de una resolución justa, que pueda resarcir el daño causado por aquella sentencia que desvirtuó sus 27 años de trabajo en el servicio público y la obligó a ser víctima del propio Poder Judicial del Estado.
