Por Victoriano Martínez
Si diciembre ha sido tradicionalmente para los burócratas estatales un mes de ingresos concentrados en la primera quincena, en este 2022 se encontraron con un cierre de año en el que no sólo no se cumplió esa expectativa, sino que adeudos que se venían arrastrando en el año tampoco alcanzaron a ser cubiertos.
Hace un año, el gobierno del Estado recién instalado en su sexenio anunció la solicitud de un préstamo de mil 300 millones de pesos para garantizar los aguinaldos a los empleados gubernamentales y para apoyar a diversos ayuntamientos que no tenían para enfrentar los gastos decembrinos.
Entonces la situación pareció el efecto de una especie de tradición de inicio de sexenio y de trienios: el gobernador que se va deja tal desorden, que el que llega tiene que recurrir a medidas como esa para enfrentar compromisos institucionales que la irresponsabilidad del que se fue no previó.
A un año de distancia, la situación vuelve a repetirse con algunas variantes. El Poder Judicial del Estado requirió un préstamo para poder cubrir la primera quincena de diciembre, pero no fue la única instancia que no pagó, porque también incumplió el Conalep.
Si hasta 2021, aun con el crédito quirografario por mil 300 millones de pesos, los burócratas recibieron sus sueldos y prestaciones en tiempo y como de costumbre, en esta ocasión se exhibe un desorden administrativo que no parece haber sido previsto, y hasta el último momento se buscaron soluciones.
“Todos los días estamos pidiendo 50, 100 (millones de pesos), solventando todos los compromisos de las dependencias que no alcanzaron dinero, malamente porque todo esto lo estamos sacando a préstamo de ellos”, dijo el gobernador Ricardo Gallardo Cardona en un aparente reproche, que más bien exhibe una actitud en la que se asume como un salvador arrogante.
Rescató al Poder Judicial, hablan de rescate a organismos autónomos a los que no sólo señalan por no prevenir los gastos de decembrinos sino también por adjudicarse prestaciones al margen de la ley y, para completar el cuadro de un Ejecutivo en heroicos salvamentos de los otros poderes, el Congreso del Estado también requirió ayuda.
El diputado José Luis Fernández Martínez, presidente de la Junta de Coordinación Política, informó que solicitaron una ampliación presupuestal por seis millones de pesos para cumplir con el pago de insumos, servicios y contratación de publicidad.
Un requerimiento de recursos extraordinarios por supuestamente haber agotado el presupuesto antes de concluir el ejercicio fiscal que rompe con una racha de al menos dos años de llegar al fin del año con ahorros.
De acuerdo con el Estado de Actividades reportado al 31 de diciembre de 2021 como parte de las obligaciones de la Ley de Contabilidad Gubernamental, el 2020 el Congreso del Estado cerró el año con un ahorro de 9 millones 707 mil 995.11 pesos, en tanto que para 2021 el ahorro al cerrar el ejercicio fiscal fue de 14 millones 314 mil 9.30 pesos.
“Tuvimos que tomar recursos del gasto operativo para enfrentar la consulta que fue en el verano, y solicitamos una ampliación al presupuesto para cubrir algunos pendientes que tenía el Congreso. Los 6 millones de pesos se destinaron a los capítulos 2000, 3000 y 4000 que tienen que ver con insumos, servicios y contratación de publicidad”, aseguró Fernández Martínez.
¿Un ahorro de los primeros nueve meses del año dilapidado en los últimos tres?
Si requieren ampliación presupuestal para pendientes relacionados con la consulta indígena, que se concluyó antes de que en el Estado de Actividades a septiembre de este año se reportara un ahorro superior a los 39 millones de pesos, exige una explicación más a detalle sobre el uso posterior de ese ahorro más los seis millones que adicionalmente requieren.
Un desorden administrativo tan generalizado, que pareciera ser más un contagio de una actitud en la que, “si ves las deudas de otras dependencias apoyar en su solución manda también tu solicitud de ampliación”. Peor aún si desde la propia administración central se incurre en situaciones de incumplimiento de pagos.
Un hecho sin precedentes, por ejemplo, es que no se hayan realizado los pagos de bono navideño, fondo de ahorro y retroactivo a los burócratas estatales y se ha tenido que armar un compromiso calendarizado para sus pagos, advertencia de presión sindical de por medio.
“En caso de que el Gobierno del Estado no cumpla el compromiso, les pedimos estar atentos al llamado para exigir el cumplimiento al pago de las prestaciones que por ley nos corresponden”, pide el comunicado del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado al informar a sus agremiados sobre las fechas en que tendrán que cubrirles el adeudo.
Un cierre de año totalmente atípico para prácticamente toda la burocracia estatal, de por sí blanco de agravios directos desde el titular del Poder Ejecutivo, que dan cuenta de la mala relación del gobierno de Gallardo Cardona con la parte sindical como una agresión adicional quizá no del todo a voluntad, sino con una carga importante de incompetencia administrativa.
