Por Victoriano Martínez
La protesta y demanda de los médicos jubilados del Hospital Central es muy seria: “Gobernador: no seas injusto con los médicos que velaron por la salud de San Luis Potosí durante más de 40 años. ¡Regrésanos la pensión!”, se leía en una de sus mantas mientras se manifestaron frente al nosocomio.
La respuesta del gobernador Ricardo Gallardo Cardona describe el perfil de un personaje muy alejado de la sensibilidad y el compromiso que debe tener un servidor público en su calidad de mandatario.
Gallardo Cardona está tan centrado en sí mismo, que no es capaz de darse cuenta de que los médicos jubilados no le piden ningún favor, sino que le exigen que les cumpla derechos adquiridos que su administración le ha retirado. ¿Por qué no protestaron durante los gobiernos anteriores?
Escudarse en la transferencia del Hospital Central al esquema del IMSS-Bienestar, además de una burda evasiva de su responsabilidad es el reconocimiento sobre el momento en el que se dejó de pagar las prestaciones a los médicos jubilados y un intento por descargar esa obligación en una entidad distinta.
Así, le resulta más fácil declarar que se encuentra en un proceso para buscar que el programa de IMSS-Bienestar asuma la responsabilidad de los médicos jubilados y los reconozca con una pensión.
“Si no los aceptan, veremos cómo desde el Estado los apoyamos, posiblemente integrándolos a las pensiones estatales”, dijo Gallardo Cardona, en un desplante de gobernador todo poderoso y no un mandatario a quien se le exige el cumplimiento de sus obligaciones.
Tan anclado está a la proyección de su imagen del gobierno del apoyo que hasta en la exigencia de un derecho adquirido ve una súplica por ayuda. No, no le piden ningún favor, le exigen algo muy claro: ¡Regrésanos la pensión!
Considerar “mala leche” el que algunos medios aseguren que se les retiró una pensión es una forma más de desviar la atención sobre su responsabilidad de que ahora no les cubra la pensión.
“Nunca existió un fondo de pensiones, y eso es responsabilidad de gobiernos anteriores. Lo que queremos es encontrar una solución para apoyarlos”, dijo para después señalar que la fuente de pago eran las cuotas de recuperación que cobraba el Hospital Central y que desaparecieron con el esquema del IMSS-Bienestar.
Es decir, el fondo para esas pensiones existía y tenía como fuente las cuotas que cobraba el hospital. Lo que Gallardo Cardona dice es que con el IMSS-Bienestar desapareció la fuente de ese fondo, pero omite señalar que la obligación para con los médicos jubilados sigue vigente y que fue omiso al no prever otra fuente para no desproteger los derechos de los médicos.
Ahora pretende hacer aparecer el resarcimiento de su omisión como si corrigiera una presunta falla de gobiernos anteriores cuando con éstos no suspendieron las pensiones a los médicos.
Para colmo, le pretende cargar el costo de esa corrección a la Dirección de Pensiones, que se encuentra en vías de descapitalización porque su gobierno ha desviado las cuotas de los trabajadores y las patronales y mantiene un adeudo, sólo de la actual administración estatal, que ronda los cuatro mil millones de pesos.
“Son 40, 50 (los médicos jubilados del Hospital Central). Si tenemos miles, pues 40, 50 ya ¿qué son para nosotros cargarlos no? Entonces, ya sería nosotros apoyar y cargarlos en las pensiones del estado”, trivializó el tema.
La Dirección de Pensiones actualmente cubre las pensiones de 8 mil 433 jubilados con un monto mensual de 226 millones 914 mil 497.90 pesos.
Cincuenta jubilados más pueden parecer muy pocos frente a los 8 mil 433 que hoy atiende la Dirección de Pensiones, pero no tanto ante la crisis financiera de esa dependencia provocada por la deuda que el propio Gallardo Cardona ha generado con esa institución.
Una circunstancia en la que a la expresión ¿qué son para nosotros cargarlos no? poco le faltó para que le agregara “si pudimos gastar millones en una Arena Potosí para costosos conciertos gratuitos y atiborrar la Fenapo de otros tantos, que no podamos apoyar a 50 médicos jubilados”.
Hoy los médicos jubilados tendrán una primera reunión formal con funcionarios del gobierno del Estado. El panorama es el de un encuentro entre quien exige un derecho y quien asume que sólo se le pueden acercar quienes le piden algún apoyo. He ahí la primera barrera a superar para encontrar una solución al problema.
