Carlos Rubio
Es un hecho que desde que en 2021 Giovanna Argüelles Moreno se convirtió en presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), el organismo pasó de ser un florero a convertirse en todo un monumento a la inacción e incapacidad. Su antecesor, Jorge Andrés López Espinosa, había dejado la vara muy alta en cuanto a incompetencia, sin embargo, la nueva titular superó cualquier expectativa.
La muestra más clara de esta incompetencia es la cantidad de víctimas inconformes que constantemente se manifiestan en contra de la Comisión y su presidenta. Así como la salida del Consejo de la CEDH por parte de las activistas Catalina Torres y Edith Pérez.
La realidad es que cada vez que se habla de la CEDH es porque incurrió en una nueva omisión que terminó por afectar a un ciudadano.
Es por ello que fue sorpresiva la reacción de la Comisión a la balacera que se suscitó en el Barrio de Tlaxcala la madrugada del lunes de la semana pasada.
De forma increíble, la CEDH emitió un comunicado en el que informó que de oficio abrió una investigación sobre los hechos ocurridos mientras se llevaba a cabo un baile clandestino, en donde murieron dos personas y al menos 20 más resultaron lesionadas.
“Se tomó de oficio a través de las notas y videos publicados por distintos medios de comunicación una queja por la violación al derecho a la seguridad y a la protección civil de la población en la capital potosina”.
“A pesar de que no se ha presentado ninguna víctima directa o indirecta de los hechos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos tomará el caso por las omisiones en las actuaciones de la policía municipal tales como falta de supervisión en las colonias, permisos para la realización de eventos, recorridos de vigilancia por parte de seguridad pública municipal así como operativos que se implementan para la desactivación de eventos que no cuentan con las medidas de protección civil necesarias”, decía el comunicado enviado el 11 de julio.
Esto tomó por sorpresa a más de una persona, pues la Comisión tiene la costumbre de que se le tiene que rogar para que investigue un caso, pero en esta ocasión, leyendo las noticias, sin que existiera una víctima con una queja en mano, decidieron actuar.
La coyuntura en la que se publicó este comunicado en el que se señalan posibles omisiones de la policía a cargo de Enrique Galindo Ceballos deja mucho qué pensar. Justo en plena disputa entre el alcalde y el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.
Esto no quiere decir que el gobierno de Enrique Galindo no tenga omisiones por las cuales responder sobre dicha balacera, no obstante, el actuar de la CEDH sí da pie a cuestionar cuáles son los criterios que utiliza para abrir una investigación de oficio, ¿por qué de este hecho sí y de otros 20 no?, ¿por qué las omisiones de esta policía y no las de las otras 57 corporaciones o las de la policía estatal?, ¿cuántos hechos violatorios de derechos humanos se presentan diariamente y la CEDH no los investiga?
¿Por qué la Comisión no abrió una investigación de oficio sobre la muerte de un trabajador en la construcción de la Arena Potosí? Aunado a las lamentables declaraciones que el gobernador emitió al respecto, en las que desestimó el fallecimiento y aprovechó para arremeter contra los medios de comunicación.
¿Cuántas balaceras se han presentado en la capital y en otros municipios, en las que han muerto personas inocentes, sin que se haya investigado la violación a su derecho a la seguridad y a la protección civil?
¿Por qué la CEDH no investiga las violaciones a los derechos humanos de los comuneros de San Marcos Carmona que constantemente son amedrentados por empresarios y autoridades municipales y estatales? Dos de ellos recientemente fueron sentenciados a prisión y al pago de una pena por hacer valer su derecho a la movilidad y al acceso a los recursos necesarios para su subsistencia.
¿Ya investigó la CEDH las omisiones de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental en el monitoreo efectivo de la calidad del aire en la capital?
Una gran cantidad de hechos en los que la Comisión pudo haber actuado, pero continuó con esa inercia de ineficacia que la caracteriza.
Si la Comisión no quiere que haya más sospechas sobre las investigaciones que inicia o la forma en la que se conduce, a partir de ahora debe investigar de oficio cada uno de los hechos reportados en medios de comunicación en los que exista una presunta violación a los derechos humanos, sin distinción de gobierno, funcionario o partido político. De lo contrario, dejará crecer los cuestionamientos sobre lo selectiva que resulta ser para integrar carpetas de investigación.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente es jefe de información de Astrolabio Diario Digital, con interés y experiencia en Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública.
