Por Victoriano Martínez
Al margen de la explicación que pudiera dar Arturo Segoviano, rector de la Universidad Potosina de Avenida Carranza (UP-Carranza), sobre el espectacular en el que se anuncia la Licenciatura Médico General, las 35 denuncias penales en su contra que ponen en duda la validez de esa carrera alertan sobre la negligencia de la autoridad en perjuicio de toda la comunidad estudiantil.
Desde que en el mes de mayo los estudiantes de esa licenciatura en la UP-Carranza denunciaron la incertidumbre académica en la que los dejó la institución privada por no contar con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) intervino más bajo presión que por cumplir sus obligaciones.
Entre la movilización de los estudiantes afectados y sus padres y las reacciones de los funcionarios de la SEGE no sólo hubo actitudes en las que parecían atender más al interés de la UP-Carranza que a garantizar la certeza educativa de los estudiantes con medidas contemplada en el artículo 137 de la Ley de Educación del Estado.
La SEGE en ningún momento ha hecho públicas las inspecciones de vigilancia que debe realizar a los planteles educativos cuando menos una vez al año, cuya relevancia está en que se trata de una verificación del cumplimiento de los requisitos para impartir los programas de estudio.
La realización de esas inspecciones resulta básica para detectar que los estudiantes de nivel superior no se encuentren con sorpresas como las que a los estudiantes de medicina de la UP-Carranza les hicieron perder de entre uno a cinco años de estudio.
Una omisión por parte de las autoridades de la SEGE que no sólo afecta a los estudiantes de la UP-Carranza, que es el caso del que se tiene conocimiento por las denuncias de los afectados, sino que resulta incierto en cuantos otros centros de estudio se repita la misma situación y han pasado inadvertidos.
La posibilidad de que el caso de la UP-Carranza no sea el único la expuso el propio titular de la SEGE, Juan Carlos Torres Cedillo, quien el 9 de julio declaró a Pulso que tienen detectadas al menos cinco instituciones de educación superior particulares que no cuentan con el RVOE.
Si fue una declaración para salir del paso y aparentar que trabajan en la inspección de las instituciones de educación superior, malo. Siembra la duda sobre la confiabilidad de las universidades privadas.
Si efectivamente han detectado cinco universidades sin RVOE, el hecho de que no den a conocer cuáles son y de qué manera las han sancionado convierte la educación superior en el Estado en una especie de ruleta en la que cualquier estudiante en el ámbito privado se puede encontrar con la sorpresa de que, cuando esté por terminar, sepa que su carrera no vale.
La aparición del espectacular que anuncia la Licenciatura Médico General en la UP-Carranza muestra hasta dónde es posible que opere esa ruleta de los estudios sin RVOE ante el poco cuidado de las autoridades estatales para cuidar que quienes buscar ser profesionistas tengan garantizada la validez de sus estudios.
La UP-Carranza sigue sin aparecer en el sistema de consultas de RVOE de la SEP con las autorizaciones que le permitirían ofertar la carrera que aparece en el espectacular, en tanto que, en el caso de la SEGE, no ha actualizado la relación de instituciones educativas con medidas precautorias desde el 21 de mayo, en la que aparecen suspendidos los de la UP-Carranza.
Que la UP-Carranza oferte en un espectacular lo que por años ofreció fraudulentamente conforme a las denuncias puede considerarse una inercia de un modo de operar.
Que el espectacular exhiba las omisiones por parte de la SEGE abre espacio a la especulación sobre cierta complicidad, reforzada por la inacción de la Fiscalía General del Estado sobre las denuncias de los afectados.
“Por eso estamos como estamos en la educación en México, porque se le permite a estafadores, a escuelas patito sin validez, seguir operando impunemente y la autoridad educativa ni sus luces, parece que están más apoyándolo a él y coludidos con él, que a la ciudadanía que fue afectada”, señaló en julio uno de los defraudados.
El espectacular de la UP-Carranza en Sierra Leona prolonga la vigencia de esa declaración.
