Por Victoriano Martínez
¿Qué tendría que esperarse de una autoridad que se autoproclama transparente cuando por sus manos pasa la determinación de un par de programas que afectarán a todos los habitantes del municipio que representa, y a quienes, adicionalmente, consultó para elaborarlos?
Los programas municipales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (PMOTDU) y de Desarrollo Urbano de Centro de Población (PMDUCP) sometidos por el Ayuntamiento de San Luis Potosí a consulta pública a principios de año, con una participación de 2 mil 481 personas, afectan a todos los habitantes del municipio.
En estos tiempos de plena vigencia del derecho de acceso a la información pública y de la obligada adopción de prácticas de gobierno abierto, un Ayuntamiento autoproclamado transparente no sólo tendría que publicar los proyectos de esos programas en su portal Web, sino difundirlos, promocionarlos y explicarlos para tratar de hacer posible que cada habitante los conozca a detalle.
Se trata de un acto de congruencia que va más allá de atender compromisos de transparencia y de lograr una sociedad participativa, porque el efecto necesario de tal actitud generaría confianza en el trabajo realizado por la autoridad y el consecuente respaldo ciudadano.
La opacidad y la nula apertura a la sociedad abren paso a una sospecha que se acrecienta en tanto pasa el tiempo y persisten. Han pasado tres meses (93 días) de que esos proyectos fueron presentados de manera exclusiva a un grupo selecto de regidores –hasta en el Cabildo parece haber privilegiados.
No sólo han negado la posibilidad de conocer los documentos a todos los habitantes del municipio, sino que tal actitud ha prevalecido para ni siquiera corresponder a las 2 mil 481 personas que participaron en la consulta, a quienes no les notificaron en sus domicilios las respuestas, a pesar de requerírselos como requisito de participación.
Ya algunos de los participantes en la consulta solicitaron amparo, y al menos uno fue admitido, ante esa omisión de la autoridad, pues publicar las respuestas en la página del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) difícilmente acredita la atención a los planteamientos.
Una gestión de los proyectos de PMOTDU y PMDUCP que excluye a la población afectada, a quienes manifestaron interés en el proceso y a una parte del Cabildo sólo puede explicarse por intereses particulares que pretende hacer prevalecer el grupo que se ha apropiado del procedimiento. De no ser así, ante el más mínimo cuestionamiento habrían abierto toda la información.
El dato filtrado sobre la habilitación de 5 mil 700 hectáreas en la Sierra de San Miguelito para la depredación inmobiliaria revela que los documentos abren paso a los desarrolladores en perjuicio de la población.
Un dato que retrata claramente el compromiso de las autoridades con esos empresarios por encima del interés general, que además implica violaciones a decretos de protección ecológica vigentes e ignora el proceso en marcha para la declaratoria federal de Área Natural Protegida para la Sierra de San Miguelito. A ese extremo llega el compromiso.
Y no es que la única alternativa de crecimiento de la ciudad sea hacia la Sierra de San Miguelito. Un ejemplo lo puso Alfonso Díaz de León, ex director del IMPLAN. “Dejamos cuando salimos del IMPLAN un crecimiento hacia el norte, hacia el aeropuerto […] el crecimiento debe ser hacia la zona norte porque se tienen todas las condiciones, tenemos vías de transporte, agua, tierra barata”.
Si las autoridades municipales, comenzando por el alcalde interino Alfredo Lujambio Cataño –quien como regidor encabezó este proceso–, no tuvieran ningún compromiso con los depredadores inmobiliarios, desde el primer momento habrían podido exponer los documentos y demostrar que genuinamente representan a los habitantes de la ciudad.
Han pasado 93 días desde que un grupo reducido del Cabildo, encabezado por Lujambio Cataño, comenzó a operar la aprobación de los programas y siguen sin publicarlos y sin informar sobre el proceso en sus comunicados, como si se tratara de un asunto sin interés para la ciudadanía. Otro indicador del compromiso mayor con los empresarios inmobiliarios que con la población.
El portal Proyecto Tábano, dedicado desde hace 12 años a conseguir y publicar documentos que las autoridades no difunden a pesar de estar obligadas, publicó el pasado 10 de noviembre los proyectos de PMOTDU y PMDUCP. Hoy Astrolabio Diario Digital también los incorpora en este portal.
Los grupos activistas en defensa de la Sierra de San Miguelito han logrado, basados en filtraciones, informar más que el ayuntamiento sobre los programas y el opaco proceso que lleva la autoridad municipal.
Se trata de esfuerzos desde la sociedad civil que buscan cubrir lo que tendría que esperarse de una autoridad que se autoproclama transparente cuando por sus manos pasa una determinación que afecta a todos, pero que es clara la existencia de compromisos que se lo impiden.
Una administración municipal, hoy a cargo interinamente de Lujambio Cataño, que a casi 27 meses de iniciada cada vez debe más explicaciones a una sociedad a la que le da la espalda.
