Por Victoriano Martínez
El boletín de la Secretaría de Finanzas titulado “Consulta a personas con discapacidad en SLP destaca a nivel nacional”, por ser única en el país, no miente: no fue posible localizar otra consulta a un grupo vulnerable que se haya realizado por órdenes de la justicia federal por haber incurrido en una simulación en la primera ocasión que se realizó.
Una presunción por parte del gobierno estatal que muestra otra constante en autoridades alejadas de los verdaderos intereses y derechos de la población: desde la sociedad civil se les corrige la plana a golpe de amparos… y alcanzar la corrección se vuelve motivo de presuntuosa propaganda.
En el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2021-2027, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 16 de marzo de 2021 se presumió que se atendió metodológicamente el Artículo 3 de los Principios Generales de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
“La Consulta se realizó de manera estrecha con la colaboración de las Personas con Discapacidad a través de las organizaciones que las representan”, se afirma en el documento.
Describe un periodo de consulta entre el 7 de diciembre de 2021 y el 15 de febrero, con acciones desglosadas por días, y presenta una tabla con la relación de las presuntas “propuestas recibidas por Eje rector y vertiente del PED”.
“El total de propuestas recibidas fue de 2 mil 373, donde el 79% de los municipios participaron aportando sus propuestas a través de los diferentes mecanismos implementados para tal fin, considerando que, del total de la población estimada, la participación fue del 20% aproximadamente”, se indica en el PED.
Un párrafo tan ambiguo que, de referirse a la población con discapacidad al señalar a la “población estimada”, significaría una participación de casi 29 mil personas en la consulta. Siempre resulta ventajoso hablar de presuntos porcentajes, por imprecisos e incuestionados por los lectores, pero que dan una buena impresión.
Hoy, las cifras cambiaron en la reposición de la consulta por orden de la justicia federal: el Gobierno presume ahora un ejercicio en el que se recabaron mil 450 opiniones y necesidades de 2 mil 261 personas con discapacidad motriz, visual, auditiva, intelectual, psicosocial y múltiples.
Se trata de opiniones ya no sólo recabadas en 46 de los 58 municipios, sino provenientes de la totalidad, con lo que dan por cubiertas seis de las siete etapas para incorporar al PED 2021-2027 las políticas públicas que necesitan las personas con discapacidad para tener una inclusión real en la sociedad.
Ángel Gonzalo Santiago Hernández, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, señaló que ahora le toca al Congreso del Estado analizar las opiniones recolectadas con el fin de alcanzar el carácter inclusivo; deberá realizar un parlamento abierto con los grupos de personas con discapacidad, en especial con los promoventes del amparo para integrarlas a los ejes de acción.
Ya solo falta que en el Congreso del Estado se incurra en omisiones como a principios de 2022 y las seis etapas del proceso que hoy presume el gobierno estatal como una acción única y sin precedentes en el país se les venga abajo.
Y es que el actual gobierno estatal es infalible: cuando se concedió el amparo para la reposición de la consulta, tan seguros estaban de haberla hecho bien que combatieron la resolución del juez en diversas instancias.
Cuando se cuestionó al gobernador Ricardo Gallardo Cardona si se tendría que reponer la consulta, respondió que “eso no va a pasar”.
Hoy que ya se repuso la consulta, la autoridad presume que ahora sí se hizo bien. ¿En cuántas otras acciones del actual gobierno han tenido que corregir producto de juicios de amparo? ¿en otras cuántas aún se resiste a acatar las disposiciones judiciales?
