Por Eduardo Delgado
Luego de 22 meses de persistencia en su demanda de justicia, la petición de juicio de procedencia de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), contra Oskar Kalixto Sánchez y Rigoberto Garza de Lira, magistrados del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí (TEESLP), es “un gran triunfo” para la magistrada Yolanda Pedroza Reyes, quien, no obstante, advirtió que “todavía faltan más pasos”, de los que el siguiente le compete darlo al Congreso del Estado.
Manifestó lo anterior luego de que la Procuraduría requirió el jueves al Poder Legislativo el desafuero de ambos magistrados para poder ejercer acción penal en su contra, a quienes Yolanda Pedroza les imputó los delitos de abuso de poder, discriminación, falsificación de documentos y ejercicio indebido de funciones públicas.
“Es un gran triunfo lograr una determinación de la Procuraduría. Como parte de los pasos que se han dado, pero faltan otros. Falta saber la determinación del Congreso, si autoriza a la Procuraduría a proceder contra los magistrados o la van a limitar”, añadió.
Anticipó que se mantendrá atenta a la actuación de los diputados locales, pues consideró probable que “por el desconocimiento del tema” los legisladores “se laven las manos” o archiven el caso sin resolverlo.
También, añadió, cuidará que los congresistas “no se vayan a salir por la tangente y decir que no son competentes, porque ya el Senado de la República les dijo que ellos son los que deben resolver este asunto”.
Anticipó que el próximo 6 de octubre termina su encargo de tres años como magistrada electoral, pero aclaró que eso no deja sin efecto la acción penal contra Oskar y Rigoberto. “La acción penal sigue viva; esté o yo no esté”, enfatizó.
El 2 de noviembre de 2015, casi un mes después de que cumplió un año como magistrada, Yolanda Pedroza demandó a sus compañeros ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Por unanimidad, el 30 de marzo de 2016, los entonces magistrados federales resolvieron que la magistrada fue víctima de violencia política de parte de sus pares y remitieron el caso al Senado de la República.
En sesión celebrada ese día el ex magistrado Flavio Galván Rivera deploró: “Lamento que tengamos que estar resolviendo este caso”, perpetrado “por estos señores, perdón por lo de señores, que no han leído el código de ética electoral”.
En abril de ese año, Yolanda Pedroza recurrió a la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), pero un juez de Distrito determinó que el caso debía resolverse en el ámbito local y fue remitido a la PGJE.
La semana pasada la Comisión Estatal de Derechos Humanos le giró la recomendación 11/2017 a la Procuraduría local por la dilación en la integración de la averiguación, lo que reactivó la indagatoria y este jueves la dependencia, a cargo de Federico Garza Herrera, reveló la presentación de su demanda de juicio de procedencia contra Oskar Kalixto y Rigoberto Garza.
Tras ello, resumió la magistrada Yolanda Pedroza, “el Congreso tiene bajo su competencia qué va a pasar con ellos”.
Reiteró que ella proseguirá en su exigencia del castigo a sus compañeros aun después de que deje el cargo, porque con este asunto “he caminado mucho para dejarlo tirado a medio camino”.
