Texto y fotografías de María Ruiz
En una noche de noviembre de 2003, el corazón de San Luis Potosí latía con una nueva esperanza de justicia. Aquella fue la noche en que Vero, una mujer indígena de la comunidad Tének del municipio de Tampamolón, salió por fin de la cárcel. Había pasado cinco años encerrada, condenada por un crimen que no cometió: el homicidio de su propio hijo. Sin embargo, la historia de su liberación, marcada por la valentía y el tesón de la abogada penalista María del Rosario Anaya Castillo, quedará para siempre en la memoria como el primer indulto registrado en el estado.
Nos encontramos con Rosario en su hogar en la colonia Jardines de la Rivera, como habíamos acordado. Ella ya estaba en la puerta, acompañada de Rita Santillán, presidenta de la Asociación Civil Vuelo de Pájaros, su amiga y compañera de lucha durante más de veinte años. Juntas han tejido un trabajo humano con mujeres privadas de su libertad, brindándoles el apoyo necesario para su reinserción social.
La sala de la casa de Rosario estaba repleta de fotografías y documentos, testimonios de más de 40 años de arduo trabajo. Entre los papeles y recortes del periódico La Jornada, sobresalía un documento con sello de fecha del 19 de septiembre de 2002: “Solicitud de Indulto, que se eleva a la digna consideración de la H. Legislatura del Estado de San Luis Potosí”.
Así comenzó nuestra charla, en donde ella rememoró el inicio de una batalla legal que duraría un año y cambiaría la vida de Vero para siempre, convirtiéndose en un ejemplo de reivindicación histórica para muchas mujeres que enfrentan la privación de la libertad.
“Fue el primer indulto en San Luis Potosí. Pudimos hacerlo posible después de un año de trabajo incansable”, recordó Rosario mientras miraba una fotografía de Vero dentro del Centro de Reinserción.
Conocida cariñosamente como Chayo por su familia y amigos, Rosario nos contó cómo conoció a Vero, quien ya llevaba en ese entonces tres años en prisión.
Vero, con un conocimiento limitado del español y una educación básica inconclusa, había sido condenada en un proceso lleno de negligencias y prejuicios.
La historia de Vero comenzó cuando, a los 17 años, viajó a la capital de San Luis Potosí para trabajar como empleada doméstica. Meses después fue despedida sin recursos ni apoyo cuando su patrona descubrió que estaba embarazada del jardinero.
Desesperada, Vero buscó trabajo en las calles y fue acogida por una familia vendedora de billetes de lotería, sólo para enfrentarse a un ambiente de violencia y abuso. Contratada nuevamente para trabajo doméstico, la situación se complicó cuando el jefe de esta familia comenzó a explotarla laboralmente, obligándola a dejar a su bebé al cuidado de ellos.
La tragedia llegó cuando el bebé de Vero murió en un incidente en el que ella no tuvo culpa. Sin embargo, las autoridades y el sistema judicial, influenciados por la manipulación y el prejuicio, la sentenciaron a 15 años de prisión por no haberse hecho cargo de su hijo.
Los hechos ocurrieron el 10 de mayo del año 1998, luego de que Vero llegó al domicilio de la familia que la había contratado para encontrarse con una escena trágica en la que su bebé ya no respondía. Asustada, pidió que la llevaran al Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto; ella deseaba saber el estado de salud de su hijo, quien presentaba cinco fracturas de cráneo, la pelvis dislocada y más señales de violencia en su cuerpo.
Joven, temerosa y sin un traductor de su lengua materna, Vero se vio imposibilitada de poder explicar cómo había recibido a su hijo. Las autoridades médicas poco hicieron por ayudarla y, en cambio, pese a lo que indican los lineamientos y protocolos de investigación, fue denunciada ante las autoridades de justicia de manera inmediata. El parte médico sólo mencionaba que la muerte del bebé se debía a una caída.
Sin una averiguación previa, con testimonios falsos y sin una defensa adecuada, la encarcelaron a los dos días del hecho, injustamente por un crimen que no cometió.
“Los médicos trajeron inmediatamente al Ministerio Público y ahí en el hospital la detienen, violando todos sus derechos, agrediéndola física y verbalmente. La intimidaron y el proceso comenzó a tener irregularidades, recibiendo sentencia casi de manera inmediata”, relató Rosario.
Años más tarde, Rosario conocería el caso y, con su aguda percepción de la injusticia, comenzó a investigar a fondo. Encontró evidencias de maltrato por parte del empleador de Vero y pruebas médicas que contradecían la versión oficial. El niño presentaba múltiples fracturas, incoherentes con una sola caída, además el hombre tenía un historial de violencia y abuso de sustancias.
Indicios que constataban la defectuosa e ilegal investigación, que en mayo 12 de 1998 posicionaría a Vero en calidad de detenida, a disposición del Juez Séptimo del Ramo Penal del Primer Distrito Judicial del Estado de San Luis Potosí, como presunta responsable del delito de homicidio, quedando recluida en el Centro de Readaptación Social del Estado, Sección Femenil.
Rosario descubriría cada pieza del rompecabezas, percatándose de que el principal sospechoso tenía como amante a la vecina, quien también jugó un papel clave en la fabricación de pruebas contra Vero.
“No me quedaba de otra, tenía que resolver el caso. Vero no podía estar un día más en la cárcel bajo esas circunstancias por un delito que nunca cometió. No me quedó más que interponer un amparo para hacer responsables de esta omisión tan grande a quienes habían participado en el juicio, incluso a su defensa”, afirmó Rosario.
Con determinación, Rosario se enfrentó al sistema judicial y consiguió que el caso de Vero fuera reconsiderado. Investigó a la familia para la cual trabajaba Vero, sus condiciones, su contexto social y familiar.
También tuvo que demostrar que Vero pertenecía a una comunidad indígena y que, debido a su situación de vida, merecía ser juzgada con una especial atención que actualmente se conoce como perspectiva de género.
Rosario consultó y presentó el caso de Vero ante diversos organismos e instituciones, y logró conformar una investigación sólida.
“Acudimos a médicos legistas y peritos especializados que nos ayudaron a recrear la escena del crimen. Descubrimos que el bebé tuvo que ser golpeado contra la pared fuertemente para ocasionarle esos signos de violencia. Tuvimos que demostrar que Vero era indígena y que pertenecía a una comunidad originaria. Juntamos todas las pruebas necesarias para demostrar su inocencia”, explicó Rosario.
Luego de este arduo trabajo, en el año 2002 el indulto fue presentado primero a Vicente Fox Quesada, presidente de México en ese entonces, quien avisó a Rosario que no estaba dentro de sus atribuciones conceder el indulto a Vero. Fernando Silva Nieto, entonces gobernador del estado de San Luis Potosí, se deslindó para otorgar esa facultad al Congreso del Estado.
Para septiembre de ese año, el indulto se presentó al Poder Legislativo, pero no fue hasta casi un año después, durante la gestión gubernamental de Marcelo de los Santos Fraga, que Rosario presentó nuevamente la solicitud de indulto, apoyada por pruebas contundentes de la inocencia de Vero y la culpabilidad del verdadero agresor. A pesar de los obstáculos y la resistencia de las autoridades, Rosario no se dio por vencida.
“Fui testigo de cómo Vero fue víctima de tres penas: la moral; la personal, por haber perdido a su querido y único hijo; y la que sufrió debido a las autoridades encargadas de impartir justicia, que con su negligencia, su falta de atención a su caso, no la atendieron en calidad de indígena ni bajo su contexto de vida”.
El 3 de noviembre de 2003, tras una audiencia histórica, el indulto fue concedido. El Congreso del Estado aprobó la medida con 24 votos a favor y dos abstenciones. Una decisión que a Rosario la puso en la mirilla de la esfera de las autoridades impartidores de justicia, pues expuso las omisiones del Poder Judicial del Estado, que había permitido las injusticias contra Verónica debido a la falta de acción de ministerios, jueces, magistrados, la defensoría de oficio y la Defensa del Menor.
La noticia no fue ampliamente divulgada, pero para Vero, Rosario y todas las mujeres que han luchado por justicia, fue una victoria monumental.
El regreso a casa
Tras el indulto de Vero, Rosario comenzó a organizarse y, acompañada de su familia y una amiga cercana, decidieron emprender el viaje hacia la comunidad de Vero, un lugar que ya conocía Rosario por sus investigaciones anteriores.
Esa noche, Rosario y un pequeño grupo de amigos se dirigieron a la cárcel para recoger a Vero. La abogada había pedido al director de la prisión que evitaran a los periodistas para proteger la privacidad de Vero.
Cuando finalmente salió, Vero no podía creerlo. Rosario la llevó de regreso a su comunidad, un viaje cargado de emociones y recuerdos.
Al llegar, la familia de Vero la recibió con una mezcla de alegría y contención. Su abuela, sentada en una piedra, la miró con ojos llenos de historia y resiliencia. Vero había vuelto a casa, y aunque la pobreza y las dificultades seguían presentes, la libertad le ofrecía una nueva oportunidad.
Ahí, en medio del verde jade de la zona Huasteca, el padre de Vero parecía esconderse. Rosario cuenta que su piel, cambiada por los años, y su mirada, reflejaban ya el pasar del tiempo, pero también el pesar de tener a una hija lejos.
“Me es difícil no llorar al recordar ese momento”, remarcó Rosario.
El padre de Vero, agradecido por la libertad de su hija, dio a cambio un regalo muy preciado a la abogada penalista: las piedras de río más bellas que pudo encontrar cerca del lugar donde vivían y tres huevos de gallina.
Aquel detalle no solo marcó un agradecimiento genuino, sino la estima de un hombre indígena que, pese a sus condiciones vulnerables, decidió brindarle a Rosario su alimento que, para aquella comunidad tan precaria, lo es todo.
Aunque debido a los usos y costumbres de la comunidad Tének, Vero no pudo regresar, Rosario, junto con su familia y varias mujeres, e incluso empresas potosinas, lograron ayudarla para que saliera adelante y le brindaron el apoyo que ella más necesitaba.
Vero pudo culminar sus estudios hasta convertirse en una profesionista. Pese a que su pasado marca un pasaje de su vida muy doloroso, logró salir a flote, recrear en su vida a alguien diferente, una mujer indígena que supo sobrellevar y superar las adversidades y que hoy es una ciudadana valerosa, valiosa e inspiradora.
El caso de Vero no solo marcó un precedente en la historia judicial de San Luis Potosí, sino que también subrayó la importancia de la perspectiva de género en la justicia. Rosario, con su coraje y dedicación, demostró que la verdad y la justicia pueden prevalecer incluso en las circunstancias más adversas.
En su hogar, Rosario aún trabaja incansablemente, su sala repleta de documentos y fotos que narran historias de luchas y triunfos. En el centro de todo, el indulto de Vero nos recuerda que, aunque tardía, la justicia puede llegar a quienes más la necesitan.
Ahí en su vestíbulo, aquellas piedras de río resplandecen como pequeños fragmentos de un pasado lleno de esperanzas. Son testigos silenciosos de una historia de amor y valentía, y simbolizan el constante fluir de la vida, que, como el río, siempre encuentra su camino.
¿Qué pasó con el verdadero culpable?
Luego de que Vero fue liberada tras de haber sido privada de su libertad de manera injusta por la muerte de su hijo Rafita, de tan solo ocho meses, la abogada Rosario Anaya se enfrentó al desafío de demostrar quién había sido realmente el responsable de la trágica muerte del bebé, un caso que dejó a muchos con la interrogante de cómo un niño tan pequeño pudo haber perdido la vida de manera tan brutal.
Según Anaya, las primeras investigaciones realizadas por las autoridades ministeriales no fueron suficientes y estuvieron plagadas de errores y omisiones.
“Cuando se demostró la inocencia de Vero, tuve que iniciar una nueva investigación para encontrar la verdad”, comenta Rosario. Su búsqueda la llevó a acusar al empleador de Vero, quien finalmente fue hallado culpable del homicidio.
El juicio reveló detalles escalofriantes. El empleador, bajo los efectos de las drogas, no soportó el llanto del pequeño Rafita y, en un arranque de furia, lo estrelló contra la pared. Las pruebas médicas presentadas por la defensa de Vero mostraron cinco fracturas en el cuerpo del niño, corroborando la brutalidad del acto. Además, los informes forenses indicaron signos de sacudimiento violento, lo que agravó aún más la la tipificación del delito.
El tribunal sentenció al culpable a diez años de prisión, una condena que muchos consideran insuficiente dado el horror del crimen y la injusticia que atravesó Vero.
“Le dieron diez años cuando a Vero, siendo inocente, le dieron quince. Esto demuestra las fallas y desigualdades en nuestro sistema judicial”, añadió Rosario.
Para Rosario Anaya, este caso no solo fue una victoria legal, sino un llamado a la sociedad para reflexionar sobre la justicia y la importancia de investigaciones rigurosas y justas.
“Logré mi objetivo, pero esto no es sólo una cuestión de ganar un caso. Se trata de que la sociedad confíe en que la justicia puede prevalecer y que un indulto no es una simple salida política”, concluyó.
La liberación de Vero y la condena de su empleador no sólo cierran un capítulo doloroso para una madre inocente, sino que también marcan un hito en la lucha por una justicia más equitativa y transparente en México.
Vuelo de Pájaros: una luz de esperanza para mujeres privadas de su libertad en San Luis Potosí
En una sociedad marcada por la injusticia y la violencia machista, surgió un espacio enfocado en apoyar a aquellas mujeres que han sido privadas de su libertad injustamente. Tras el indulto de Vero en el año 2003, una mujer indígena Tének que sufrió las garras de un sistema corrupto, Rosario y Rita decidieron emprender una misión de amor y solidaridad hacia las personas privadas de su libertad.
La Asociación Civil Vuelo de Pájaros nace con la determinación de rescatar la dignidad de las mujeres encarceladas en San Luis Potosí. Rita Santillán, presidenta de la asociación, recuerda con emoción cómo la semilla de esta noble labor fue plantada hace más de dos décadas, cuando se unió a la lucha de Rosario Anaya en el Patronato de Instituciones Penitenciarias.
“Con un enfoque claro en la reinserción social y el empoderamiento femenino, Vuelo de Pájaros ha brindado apoyo a incontables mujeres, tanto dentro como fuera de las rejas. Desde asesorías legales hasta talleres de desarrollo personal y emocional, la asociación se erige como un faro de esperanza en un entorno marcado por la desesperanza”.
Además de trabajar directamente con las internas, Vuelo de Pájaros se involucra activamente con los familiares de las mujeres, muchas de las cuales han sido abandonadas por prejuicios sociales o la distancia geográfica.
La asociación también facilita la coordinación con otras instituciones para garantizar su bienestar y el de los hijos e hijas de las internas y también apoyar su educación formal.
“A través de actividades culturales, orientación laboral y la provisión de materia prima para proyectos productivos, Vuelo de Pájaros no sólo busca rehabilitar a las mujeres privadas de su libertad, sino también brindarles las herramientas necesarias para construir un futuro digno y prometedor para ellas”.
En un sistema penitenciario marcado por la desigualdad y la falta de oportunidades, la labor de Vuelo de Pájaros hace eco como un testimonio de resistencia y amor en medio de la adversidad.
“En más de dos décadas, podemos hablar que estamos cerca de 200 personas privadas de su libertad, con nombres y apellido, que hoy día retomaron su vida como mujeres libres y que rehicieron su vida y que salieron de sus ciclos de violencia, de su entorno conflictivo. Son mujeres dignas de sí mismas”.
Para Rosario y Rita acompañar la reinserción de una mujer privada de su libertad es fundamental para su proceso de recuperación y transformación.
Ambas mencionaron que la sociedad también debe ofrecer apoyo emocional, educativo, laboral y legal a estas mujeres, brindándoles las herramientas necesarias para reconstruir sus vidas de manera digna y autónoma.
“Al proporcionar un ambiente de comprensión y solidaridad, se les ofrece la oportunidad de superar las barreras impuestas por su pasado y construir un futuro lleno de esperanza y posibilidades”.
Por ello enfatizaron en que es crucial reconocer que detrás de cada persona privada de su libertad hay una historia, un ser humano con sueños y potencial, que merece una segunda oportunidad para reintegrarse plenamente en la sociedad.
