Abelardo Medellín Pérez
La movilidad funcional, con perspectiva humana, mínimo sentido común y apego a la ley, es algo que no se les da muy bien a los políticos con intereses meramente electorales; y ejemplo de esta debilidad cívica, han sido tanto el ayuntamiento de la capital potosina, como el Gobierno del Estado de San Luis Potosí.
Entre más nos acercamos al 2026 (año en que inicia el proceso electoral rumbo a la renovación de la gubernatura del estado), cada vez son menos las razones políticas para que el funcionariado público de nuestro terruño potosino voltee a ver aquellos pendientes emergentes que nunca atendieron, pero sobre los cuales, tuvieron muchas ideas.
Ideas llanamente; no buenas, porque la mayoría carecen de planeación, consenso y justificación, ni tampoco malas, porque aún no se han materializado para provocar los daños que, sus carencias de origen, provocarían irremediablemente.
En octubre del año pasado, el alcalde Enrique Galindo Ceballos presentó un ambicioso plan de ciclovías que contemplaba colocar esta infraestructura en diversos puntos de la ciudad, como una nueva política pública en materia de movilidad, que atendía lo que los colectivos y la tendencia mundial en estos modelos, han sugerido desde hace años.
Han pasado ya cinco meses, casi medio año de dicha declaración y el ambicioso plan del alcalde no solo presenta retrasos y falta de avances, sino que se ha deformado.
Esta semana, el alcalde capitalino anunció que la administración a su cargo buscará construir una nueva vialidad que conecte el bulevar Río Españita, con los puentes de la Salvador Nava. Es decir; el alcalde que ya había propuesto una solución, quizá no consultada, pero sí en el camino de atender una alternativa de movilidad, regresó a su lógica usual de: “más privilegio para el carro, más obras vistosas, más exposición ante el votante”.
Una situación similar ha tenido la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Gobierno del Estado. Los últimos días, la secretaria Aracely Martínez Acosta, ha informado que sigue en estudio la posibilidad de que los usuarios puedan subir a las unidades de la Metro Red sus bicicletas.
La propuesta podría ser buena, si no fuera porque el gobierno del estado se concentró en echar andar un sistema de transporte cuyo único beneficio es su gratuidad. Lo que ha sugerido Martínez Acosta sería un modelo ideal de movilidad más completo, en donde un ciudadano pueda pasar de usar su bicicleta, a usar la Metro Red y luego volver a usar su bicicleta. Sin embargo, ¿cómo llegar a ese momento del uso de la bicicleta si para comenzar las vías que gestiona el estado ni siquiera son seguras para peatones?
Una de las más novedosas y grandes rutas del nuevo sistema Metro Red es el del anillo periférico, sistema que aparenta funcionalidad, pero se ha visto manchado por intermitencia en la suficiencia de unidades y el riesgo en que pone a sus usuarios cuando entran a zonas sin infraestructura peatonal.
¿Cómo usará tranquilamente su bicicleta un ciudadano que baje en avenida Industrias por la mañana, si el tráfico en ese sitio suele ser peligroso incluso para vehículos?, aún más urgente, ¿cómo hacen los peatones que bajan frente a la zona de Puerta Real y Carretera Zacatecas para cruzar o alcanzar una banqueta segura, sin tener que huir de los automóviles, camiones de carga y trailers que, en ocasiones, ignoran semáforos y se inmutan ante los topes?
La consideración de la SCT ante la necesidad de los usuarios de la Metro Red, pareciera una solución del tamaño de un grano de arena, con el que intentan tapar el bache gigantesco que es el problema de la movilidad en la capital, mismo del cual han rehuido como administración.
Tanto Galindo como la SCT y el gobierno del estado adolecen de lo mismo: ninguno quiere comprometerse de más y obtener a cambio menos. Los proyectos de movilidad son complejos entramados de políticas públicas puestas bajo consulta, soluciones construidas desde lo comunitario, planificadas a través de la perspectiva de los derechos humanos, con inversiones multimillonarias que las respalden y, en muchos de los casos, las más benéficas, comienzan con cambios radicales al estatus quo de la ciudad.
Ante los ojos de cualquiera de nosotros, un sacrificio como este se justifica siempre que se traduzca en el bien mayor, en el cumplimiento de la norma, la mejora de nuestro espacio. Pero ni Galindo ni cualquier otro político puede darse ese lujo. Las políticas que traen consigo cambios profundos en materia de movilidad, a los servidores públicos con miras electoreras les significan dos cosas: tiempo y decisiones impopulares, por eso hasta ahora no hemos visto a un alcalde, secretario o gobernador interesado plenamente en el tema.
El alcalde debe afianzar su popularidad y próxima plataforma para asegurar su supervivencia política; un proyecto de cinco años, millones de pesos anuales y que posiblemente no le va tocar inaugurar, podría ser para él un lastre, sin importar que tan necesario sea para nosotros. Un secretario debe cumplir con los programas y acciones que aseguren el continuismo del proyecto político de su jefe, por eso no pueden darse lujos como hacer infraestructura compleja, que atienda a todos los sectores y atienda la pirámide de movilidad, mucho menos si el resultado de las políticas bien planificadas, es menos vistoso que una decena de puentes mal distribuidos y un sistema de transporte insostenible financieramente.
Claro que hay otras posibilidades de alcanzar ese estándar ideal de ciudad que ahora solo imaginamos, lamentablemente, hoy por hoy, nuestras autoridades solo conocen un esquema en materia de movilidad: un paso adelante y dos atrás.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Maestrando en Estudios sobre la Democracia y Procesos Electorales en el posgrado de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ha trabajado como reportero y columnista en los medios digitales La Orquesta y Arco Informativo; actualmente es reportero de Astrolabio Diario Digital. Ha sido acreedor de dos premios estatales de periodismo en las categorías de Artículo de Fondo y Periodismo Regional.
