Por Victoriano Martínez
Desde que en 2003 entró en vigor en el Estado la primera ley de transparencia, no ha habido autoridad que no se autoproclame como la más transparente, aunque en los hechos sean más los casos que muestran que del dicho al hecho… difícilmente pueden ocultar su vocación por la opacidad.
El pasado 10 de marzo sesionó el Comité de Transparencia del Ayuntamiento con una orden del día que incluyó dos puntos que pueden ser presentados como uno bueno y uno malo.
El punto VIII es el bueno, pues se titula “Solicitud de Desclasificación”. La presenta Patricia Rodríguez Álvarez, directora de Catastro, Desarrollo Urbano y Nuevos Proyectos, y pide dejar sin efecto el acuerdo de reserva 047/2017, de la opaca administración de Ricardo Gallardo Juárez.
Con la medida, desclasificaron “la totalidad del padrón catastral y los expedientes físicos y digitales de la Dirección de Catastro y Desarrollo Urbano del Municipio de San Luis Potosí, así como la de los departamentos de catastro en las Delegaciones de Villa de Pozos, La Pila y Bocas”.
Un buen acto a favor de la transparencia… que desmontó un terrible acto de opacidad por parte de la opaca administración gallardista.
Todo bien, de no ser por el siguiente punto, el malo, el IX que se titula “Solicitud de Reserva”. También lo presenta Rodríguez Álvarez, y de él resulta el acuerdo de reserva CT/011/2020 A.
Con la medida, clasificaron como reservada “la totalidad del padrón catastral y los expedientes físicos y digitales de la dirección general de catastro, desarrollo urbano y nuevos proyectos, así como la de los departamentos de catastro en las delegaciones de pozos, la pila y bocas”.
Un gran acto de reivindicación de la terrible opacidad de la gallardía con mínimas diferencias: el nombre de la dependencia y el texto totalmente en minúsculas y Pozos sin su categoría de Villa. Minucias que no afectan una reserva heredada.
Si sorprende que de la gallardía a la administración de Xavier Nava Palacios se haya aceptado con tal candidez esa herencia de opacidad, si se compara el procedimiento del que nació el acuerdo 047/2017 con el realizado el 10 de marzo, todo indica que es un ritual de transmisión de un legado de opacidad.
El 8 de junio de 2017 sesionó el Comité de Transparencia del Ayuntamiento con una orden del día que incluyó dos puntos que pueden ser presentados como uno bueno y uno malo… Sí, en aquella sesión el punto XIV se tituló “Solicitud de desclasificación de reserva”, y el XV “Solicitud de confirmación del acuerdo de reserva”.
De aquellos puntos quedó desclasificado el acuerdo UIP AR 026/13, para dar paso al acuerdo 047/2017.
En el discurso, administración tras administración se heredan la autoproclamación de ser los más transparentes. En su espacio natural, la opacidad, cumplen a pie juntillas el ritual de las reservas que por alguna razón también les resultan convenientes, así se declaren enemigos acérrimos de sus antecesores, les señalen grandes actos de corrupción y afirmen que no habrá impunidad.
Peor aún, cumplir tan religiosamente ese ritual raya en tal fanatismo por la opacidad que ignora que la información que deciden ocultar forma parte de un registro público y, en consecuencia, según los artículos 1º fracción I, 5º y 6º fracción I de la Ley del Registro Público de la Propiedad y del Catastro, debe atender el principio de la publicidad, independientemente de la confusión-mezcla que hacen entre información reservada y confidencial.
Organismos garantes de otros estados han emitido dictámenes en contra de reservas como la que aquí se ha vuelto legado porque tanto la ley general como las estatales, incluida la potosina, disponen que no se requerirá consentimiento del titular de la información confidencial cuando se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público (artículo 142, fracción I en la ley local).
En consecuencia, “no se genera un conflicto con la protección de los datos personales, ni se vulnera la privacidad en cuanto al patrimonio de los ciudadanos inscritos en el Catastro Municipal, al entregar la información relativa contenida en los diversos documentos por él generados, al ser solicitados por cualquier persona”, tal como lo expuso el Instituto de Transparencia de Jalisco.
Rastreado hasta dos administraciones atrás el acuerdo de reserva de la totalidad de la información catastral en San Luis Potosí, el ritual depara más sorpresas.
Trece días antes de que el 4 de junio de 2013 se tomó el acuerdo de reserva UIP AR 026/13, en la Dirección de Catastro había sido nombrado un personaje que prácticamente se estrenó en el cargo con el acto de opacidad que se ha vuelto legado.
Hoy, ante las quejas que ya hay en contra de ese acuerdo de reserva actualizado, a ese mismo personaje le corresponderá encabezar la determinación defender la transparencia y desclasificar la información, pues resulta que acaba de ser nombrado comisionado presidente de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP).
Sí, David Enrique Menchaca Zúñiga fue parte oficiante del ritual de opacidad como director de Catastro hace siete años, y hoy debe juzgar si ese acuerdo de reserva atenta o no contra la transparencia.
