Por Victoriano Martínez
El secretario de Gobierno, Jorge Daniel Hernández Delgadillo, aseguró que durante el sexenio de Juan Manuel Carreras López sí se combatió la corrupción y “se trabajaron los seis años, más intensamente en este último año”.
¿Por qué se habría de poner en duda tal afirmación, si desde el primer discurso de Carreras López como gobernador anunció que su gobierno sería transparente y combatiría la corrupción?
Para el combate a la corrupción crearía un sistema estatal que, en efecto, ya existe. Está en el paquete de leyes creadas y reformadas ex profeso, ya se logró integrar los distintos órganos que lo conforman y, aunque se encuentren incompletos y aún estén lejos de funcionar, no dejan de ser constancia de que se trabajó en el combate a la corrupción.
Mal, pero algo se hizo. Aunque, a decir de los resultados, lo que realmente se hizo fue simular.
Oportunidades para demostrar con hechos el combate a la corrupción le sobraron a la actual administración. Lejos de aprovecharlas, en cada una dejó constancia de que su combate no era más que un esfuerzo por aparentar lo que nunca se tuvo intención real de ser.
El Sistema Estatal Anticorrupción pudo ser, desde el inicio del sexenio, la manifestación más clara del combate a la corrupción si en lugar de tardar dos años en impulsar la base legal para su creación y obstruir su integración y funcionamiento hasta la fecha, se hubiera impulsado de tal forma que para este cierre de sexenio ofreciera resultados indudables.
Lejos de eso, fue claro el interés en que se tratara de un mecanismo que, por lo menos en este sexenio, no lograra funcionar. El primer Comité de Participación Ciudadana (CPC) fue nombrado el 20 de septiembre de 2017, pero se publicó en el Periódico Oficial del Estado hasta el 6 de julio de 2018, cuando ya varios de sus integrantes habían renunciado e incluso una de ellas fallecido.
Un desfase en el nombramiento de sus integrantes con periodos escalonados de uno a cinco años que generó la confusión que hizo que en julio del año pasado nombraran a Ismael Leyva Nava como presidente para cubrir un periodo que, ahora por la resolución de un amparo, se determina que ocupó el cargo durante 10 meses sin ser parte del CPC.
Un confusión provocada desde el Ejecutivo con el desfase en la publicación en el Periódico Oficial de la primera integración del CPC que hoy tiene a ese órgano ciudadano del SEA sin presidente y, en consecuencia, también está sin presidente el Órgano de Gobierno del Sistema.
A menos de un mes del cambio de gobierno, Carreras López logró su objetivo de dejar transcurrir su sexenio sin que pudiera operar el Sistema Estatal Anticorrupción, a pesar de ser la bandera insignia en su primer discurso como gobernador.
Si el Sistema que propiciaría un mejor combate a la corrupción fue el mayor acto de simulación en el sexenio, las otras oportunidades para demostrar que sí se combatió la corrupción sólo representaron una acumulación de evidencias de que lo que en realidad se hizo fue alentarla con la garantía de impunidad.
El 23 de agosto de 2016, diversas agrupaciones civiles se reunieron con Carreras López en la Casa de Gobierno para denunciar los actos de corrupción y de extorsión encabezados por Ricardo Gallardo Juárez como alcalde de la capital. Les anunció que conocía todos los hechos que le narraron “y mucho más”, pero sólo esperaban la creación del SEA para actuar.
Fue entonces cuando les expresó que como parte de la estrategia se tenía que atender al timing para lograr mejores resultados. Un timing que resultó un gran manto de impunidad para la gallardía, y le abrió las puertas para crecimiento como fuerza política bajo su amparo. Lejos de un combate, exhibió una complicidad.
El 12 de junio de 2017, el entonces diputado Enrique Flores Flores expuso con lujo de detalles la operación de una ecuación diputados-Auditoría Superior del Estado (ASE) para limpiar las cuentas públicas de los presidentes municipales a cambio de un moche.
El caso se conoció como la ecuación corrupta y, lejos de impulsar investigaciones y sanciones, Carreras López operó un control de daños que tuvo como resultado licencias temporales de tres diputados (entre ellos José Guadalupe Torres, nombrado próximo secretario de gobierno) que absueltos se reintegraron a su curul, y una impunidad para todos los involucrados.
A la Fiscalía General del Estado han llegado decenas de denuncias ciudadanas contra hoy ex diputados, ex funcionarios de la ASE, ex alcaldes de casi una decena de municipios y hasta contra la extitular de salud y excandidata a gobernador, Mónica Rangel, que han hecho ver a esa instancia como una archivo de carpetas de investigación antes que un organismo de procuración de justicia.
Cada escándalo de corrupción y cada denuncia de ellos derivada, hasta ahora son muestra de una prueba no superada del combate sobre el que aún se atreven a afirmar que “se trabajaron los seis años, más intensamente en este último año”, y la explicación de la razón por la que los actos de corrupción son cada vez más descarados y afrontados con un gran cinismo por los responsables.
Si durante su sexenio se dio la Legislatura más corrupta de la historia, Carreras López no resulta ajeno y, entre los muchos distintivos para su administración, no puede faltar en reconocerlo –por su alto grado de simulación y complicidad– como el sexenio de la corrupción y la impunidad.
