Por Victoriano Martínez
Si están en campaña, ya sabemos que lo que menos van a exhibir son sus méritos reales.
Si la campaña es para poder mantenerse en el mismo cargo, con mayor razón le ocultarán a los electores las acciones y actitudes que deberían tenerse en cuenta para darles el derecho a un reconocimiento, al grado de ser reelectos.
Esa es la actitud de los malos políticos, carentes de vocación democrática, que le niegan a la ciudadanía la oportunidad de tomar una decisión bien informada.
El municipio de San Luis Potosí resulta el prototipo de esa actitud que cancela la reelección como una posibilidad democrática virtuosa y la mantiene en la misma condición que cuando, en 1933, se prohibió: una oportunidad para el cacicazgo y el caudillismo.
La principal barrera para que la reelección sea virtuosa es la falta de información para el ciudadano. Y la principal característica de la administración de Ricardo Gallardo Juárez ha sido la opacidad. El Instituto Mexicano de la Competitividad ubicó en marzo pasado el índice de información presupuestal de los municipios potosinos en un promedio de apenas 38 por ciento.
Son muy conocidas las maniobras del Ayuntamiento para negar información pública al ciudadano que la solicite, comenzando por el costo de las copias simples a 40 pesos con 30 centavos cada una, lo que resulta en un inhibidor del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
En contraste, está la promoción personalizada de la imagen del alcalde, con el desvío de recursos públicos que implica. El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana lo acreditó el 6 de enero de 2017 y lo confirmó el 16 de marzo de este año, y la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo ratificó el viernes pasado.
Una promoción personalizada que presenta a Gallardo Juárez como el gran benefactor de las clases populares, por la vía de programas sociales clientelares, pero oculta que –de acuerdo a lo revisado por el CEEPAC del primer semestre de 2016– implicó el desvío de recursos de por lo menos 13 millones 881 mil 287.31 pesos sólo en ese periodo, conforme al artículo 134 constitucional.
Una promoción personalizada que oculta y engaña.
No dice cuánto costó la aparición diaria de Gallardo Juárez en medios de comunicación.
No da ninguna explicación sobre los 440 millones 809 mil 200 pesos de irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación en el ejercicio de fondos federales por parte de Gallardo Juárez en 2016. En cambio, potencia la afirmación falsa del alcalde con licencia en la que asegura que ese organismo fiscalizador ya calificó sin faltas su gestión.
El Festival de la Cantera, el caso de la compra de medicamentos a una proveedora fantasma, la falta de publicación de su declaración patrimonial que oculta el enriquecimiento inmobiliario, el costo de las ayudas con fines clientelares y muchos otros temas pueden enumerarse como deudas, no sólo de transparencia, sino también de una real rendición de cuentas que dé sentido democrático a su aspiración reeleccionista.
Que la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sentencia definitiva, ratifique que Gallardo Juárez incurrió promoción personalizada con recursos públicos, lo que implica una violación al artículo 134 constitucional, sólo da una acreditación jurídica sobre la gama de desvíos de recursos públicos en que ha incurrido el alcalde en campaña.
Que la Contraloría Interna del Ayuntamiento y el Cabildo sean los convocados a sancionar la violación constitucional cometida por Gallardo Juárez, no es más que un indicador de las señales de siempre, cual bula virreinal: castíguesele, pero déjesele impune.
Sí, todo un entramado para que un violador de la Constitución tenga vía libre para buscar la reelección con los beneficios de esa violación constitucional… y organismos electorales que se desentienden de proteger los valores democráticos.
