Abelardo Medellín
Las multas que se le imponen a exfuncionarios acusados de abuso sexual son blandas y “una burla”, lo que permite a estos sujetos continuar con los abusos, opinó Arely Torres-Miranda, abogada y activista por los derechos de las mujeres, sobre el caso de Alfredo Lujambio Cataño, ex alcalde interino de la capital potosina que se declaró culpable de este delito, pagó una multa y evitó la prisión.
En octubre de 2021, el exregidor y exalcalde interino fue denunciado por hostigamiento y abuso sexual contra una trabajadora del Ayuntamiento capitalino; meses después, en enero de 2022, Lujambio Cataño fue vinculado a proceso.
El exalcalde interino recurrió a un juicio abreviado y dado que se le sentenció a tan solo dos años de prisión, su defensa solicitó la suspensión de la pena privativa.
Lujambio Cataño fue multado con una sanción pecuniaria de 17 mil 324 pesos y una reparación del daño de 25 mil pesos, que en conjunto ascienden a una suma de 42 mil 324 pesos.
Sobre el caso, Astrolabio Diario Digital consultó a la activista Arely Torres-Miranda, quien comentó que la pena impuesta al exregidor y exalcalde no es suficiente, e incluso consideró que podría promover que estos actos se repitan.
“Me parece que sigue siendo una burla, sigue siendo una manera de decirle a los hombres que, cuando llegan al poder y tienen solvencia económica, pueden seguir cometiendo abusos contra las mujeres, porque no pasa nada”.
La activista opinó que, en muchos de estos casos, el responsable apuesta al “olvido social”, es decir, que cuando estas personalidades públicas vuelvan a buscar un cargo en el gobierno, tratarán que la ciudadanía les perdone porque ya pagaron una multa.
“Seguramente lo volveremos a ver en algún espacio público, ojalá que, si esto le ocurriera a alguien, sepan que las feministas vamos a estar ahí recordándoles quiénes son y lo que hicieron”, afirmó.
Sobre las sentencias y su relación con la perspectiva de las víctimas, la abogada comentó que lo importante es tomar en cuenta el deseo de las afectadas.
“A veces, quienes no somos las víctimas, no estamos en una posición ni de juzgar ni de poner en duda cuál es la vía que la víctima considere como la que necesita. Deberíamos entender también el concepto de reparación del daño (…) porque a veces muchas víctimas refieren que, a lo mejor, a una víctima en específico, no le cambia en nada el hecho de que su agresor pase tiempo en prisión”.
La activista comentó que otro punto a considerar es la garantía de no repetición, misma que debería ser el centro de las acciones contra este tipo de delitos.
“Siempre lo he dicho, por ejemplo, con el tema de feminicidio, sí, que capturen a los feminicidas, no se los voy a aplaudir, es la mínima responsabilidad que deberían de tener, pero también hace mucha falta una política pública de prevención para evitar que ocurra”, agregó.
De acuerdo con la activista, otro error reiterado de las instituciones es buscar una conciliación entre la víctima y el agresor, acción que está fuera del lugar y significa ejercer una violencia institucional hacia las víctimas.
“Para muchas de las víctimas, el gran temor es este, el ser tachada de problemática, otra que no le vayan a creer o también es el miedo a perder el empleo”, dijo.
La activista señaló que, en la actualidad, muchas de las acciones contra la violencia hacia las mujeres suelen depender de la voluntad política de las instituciones y gobiernos, quienes al final deciden cómo se previenen y cómo se atienden estos delitos.
Torres-Miranda recordó que existen protocolos específicos de atención a casos de abuso sexual en el ámbito laboral, que son producto de una lucha histórica y la exigencia de miles de mujeres que durante años tuvieron que soportar conductas de acoso.
Estos protocolos, sin embargo, tienen mucho por subsanar y diversas deficiencias en la práctica:
“Cuando nosotras observamos este protocolo, vemos que aún nos falta un montón de voluntad política y de recursos para poderlo aplicar de manera eficiente. Tendría que haber una persona consejera, tendría que haber un personal jurídicamente capacitado, empático y que no tengan estos sesgos machistas donde minimizan las conductas por las que atravesamos las mujeres”, apuntó.
Con resultados como el del caso de Lujambio Cataño, Torres-Miranda opinó que actualmente no existe justicia para las víctimas de acoso sexual en San Luis Potosí:
“Creo que nos falta todavía, tenemos un montón de herramientas que al momento de aplicarlas a un marco jurídico, que sigue siendo machista y que les falta a jueces y juezas mucha capacitación, mucha empatía, formación y compromiso desde una perspectiva de género, sigue habiendo todavía una gran brecha que nos lleva a que las mujeres no tengamos un real acceso a la justicia”.
Adicionalmente, la activista afirmó que el camino de una mujer que busca justicia suele estar lleno de revictimización y un proceso que las víctimas prefieren abandonar, antes de someterse por una victimización de parte del Estado.
