Por Victoriano Martínez
Conforme a la calificación mínima de cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de los sujetos obligados que la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) establece en sus informes en un 90 por ciento, no hubo un solo mes durante este año que está por terminar en el que el Estado haya podido ser considerado aprobado.
El cumplimiento máximo de publicación de la información que deben difundir de oficio los sujetos obligados en conjunto fue del 79.92 por ciento en el mes de febrero, un ligero repunte de 0.55 por ciento sobre el mes de enero, pero de entonces en adelante tuvo un comportamiento con una tendencia descendente.
Para el pasado mes de noviembre, el cumplimiento descendió a un 67.07 por ciento, es decir, una caída en el nivel de cumplimiento del 16.08 por ciento.
Dicho en términos opuestos: en febrero, cuando más se cumplió con la publicación de los formatos en la Plataforma Estatal de Transparencia, el porcentaje de opacidad fue del 20.08 por ciento, que representa que se incumplió con una de cada cinco obligaciones. Para el mes de noviembre, el incumplimiento de las obligaciones fue del 32.93 por ciento.
Bajo el criterio de la CEGAIP (menos del 90 por ciento como calificación reprobatoria), como organismo garante del derecho de acceso a la información pública, una de sus mayores actividades tendría que haber sido realizar un constante requerimiento a los sujetos obligados que provocaron ese nivel de opacidad para mejorar el índice de cumplimiento.
De acuerdo con el tercer informe trimestral de la CEGAIP al Congreso del Estado, no hubo una sola acción para solicitar a los sujetos obligados incumplidos la publicación de los formatos faltantes.
Se mencionan formatos porque se trata de una revisión cuantitativa del cumplimiento de las obligaciones de transparencia, es decir, con qué porcentaje de formatos que deben publicar han cumplido. La calidad del contenido es otro nivel de verificación.
“Se trabajó en la integración de los expedientes para la aplicación de medidas de apremio, mismas que fueron turnadas a la Dirección Jurídica”, señala el tercer informe (página 35) y en una segunda columna enlista el número de expedientes por año a los que se refiere.
Ocho expedientes de 2020, siete de 2021, doce de 2022 y seis de 2023. A septiembre pasado, ningún expediente de procedimiento correspondiente a este año.
Lo peor: se integraron los expedientes para aplicar las medidas de apremio. Al menos a septiembre pasado no se han aplicado medidas de apremio para esos 33 expedientes correspondientes incumplimientos entre 2020 y 2023.
¿Cuántos funcionarios incumplidos del 2020 seguirán en el cargo? ¿Cuántos de 2023 luego de que este año se renovaron los ayuntamientos y el Poder Legislativo?
Lo que es más grave: ¿Cuánta de esa información ha perdido oportunidad y ya no es más que un dato histórico para generar algún tipo de estadística para perdió su utilidad para hacer observaciones sobre algún tipo de gestión en la administración pública?
Que la CEGAIP destaque en sus informes que trabaja en medidas de apremio para que se cumpla la difusión de información pública que tendría que estar publicada hasta cuatro años antes debe causar mucha risa a los incumplidos, pero también la exhibe como un organismo integrado por personas con la más mínima comprensión del valor de la información.
Tanta risa les provoca a los servidores públicos opacos, que la tendencia a cada vez publicar menos prevalece año con año. Si eso pasa con la simple publicación de los formatos, muy poco se puede esperar que contengan efectivamente la información que deben difundir.
