Abelardo Medellín
Esta semana el pleno del Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó un dictamen que echa para atrás el decreto 720 del Periódico Oficial de la Federación del 12 de octubre del 2017, por lo que se reinstalaría a la maestra Adriana Monter Guerrero como magistrada supernumeraria del Poder Judicial del estado en un movimiento que representa un triunfo para “la sociedad potosina en general”, consideró la magistrada.
Adriana Monter dijo que la verdadera satisfacción de todo este proceso donde buscaba defender su derecho a una evaluación, es el de sentar un precedente legal, que no existía, para que se respete y reconozca “la estabilidad en el trabajo de lo magistrados supernumerarios que no pueden ser retirados sin ser evaluados antes”.
“Al margen de lo que en lo personal significa esta lucha, para mí es importante haber contribuido con este precedente a la independencia del poder judicial y a la sociedad en general, que deben saber que quienes estemos en ese cargo es porque vamos a responder con honestidad y probidad”, comentó la magistrada supernumeraria.
Monter Guerrero comentó que su restitución en el cargo que ocupaba es uno de los efectos del Juicio de Amparo en Revisión número 237/2019, derivado del juicio de amparo 1169/2017-V promovido por ella, la cual contempla otros efectos a su favor, “reconocer el derecho de ser evaluado, derecho a la preferencia y derecho a la permanencia en el cargo”; ahora, sólo resta esperar que el Poder Ejecutivo del estado “lleve a cabo una evaluación correspondiente, que creo que me favorecerá porque yo no veo ningún problema, pero faltaría que ellos emitan el dictamen”.
De acuerdo con la magistrada, la justicia federal le concedió al Poder Ejecutivo de San Luis Potosí un plazo de tres días para emitir el dictamen correspondiente para iniciar los procesos de reinstalación y evaluación, sin embargo el Gobierno del Estado solicitó otros 15 días de prórroga, los cuales se le otorgaron y están prontos a cumplirse.
Sobre la evaluación y sentido del dictamen que emita el Ejecutivo en su caso, comentó que no debería haber problema para ser restituida, puesto que ella tiene “una trayectoria proba, capaz; hablo con toda la humildad, tengo los méritos suficientes para acceder al cargo, por eso he luchado por él”, sin embargo la jurista sólo podría regresar a su cargo siempre y cuando el periodo no haya sido cubierto ya.
Asimismo, aseguró que la lucha por sus derechos laborales que pareciera llegar a su fin responde también a la injusticia que se cometió en su contra cuando fue retirada del cargo: “ustedes saben de esa injusticia que cometió Juan Paulo Almazán Cué, estuve casi tres años luchando, porque por los intereses políticos de Juan Paulo Almazán me removieron y recordemos que no corresponde al Poder Judicial meterse en el elección de magistrados, sin embargo él intervino, dañándome a mí para meter a otra persona y yo he insistido mucho, esa otra persona entró con un interés muy particular para apoyarla”, agregó.
Monter Guerrero señaló también que en fechas recientes el recién ratificado magistrado ha dicho que ella “ha perdido todos los juicios”, sin embargo, a consideración de la afectada, “esto no es cierto, pero así se conduce él, con falsedad, pero prueba de ello es la resolución de este amparo que se me ha concedido, que se resolvió ya desde el 31 de junio, pero se me notificó a mí apenas y ya se notificará a las autoridades correspondientes para que lleven a cabo el cumplimiento”.
Además, advirtió que mientras Juan Paulo Almazán siga en su cargo, existe la posibilidad que otros trabajadores del Poder judicial vean afectados sus trabajos por intereses políticos: “yo esperaría que el juicio político que está pendiente contra Almazán Cué se resuelva con objetividad, porque hay causas más que suficientes, estamos hablando hasta de delitos cometidos por Juan Paulo Almazán […] lo que yo no entiendo es cómo lo ratificaron aún con todos los señalamientos en su contra”.
Por último, agregó que la única forma en que los trabajadores del Poder Judicial podrían evitar abusos como el que sufrió ella, sería si hablan y denuncian dichas prácticas: “deben decirlo, hablarlo, porque no podemos dejar que esto continúe, o sea, una persona como él que no es ni honesta ni proba ni capaz, no puede continuar en ese cargo, pero bueno”.
