Carlos Rubio
En comunicación y resolución de crisis, la Fiscalía General de San Luis Potosí cada vez alcanza niveles más bajos. No solo tiene históricas fugas malintencionadas de información, sino que intenta presentar narrativas que terminan siendo contradictorias con tal de lavarse las manos, lo que termina afectando en mayor medida a las familias de las víctimas.
En primer lugar, la búsqueda de Daniela Martell habría pasado inadvertida por las autoridades, de no ser por la presión que amigos y familia comenzaron a ejercer a través de sus protestas, en medios de comunicación y en redes sociales.
Esta especie de autorevictimización es una medida sumamente cruel a la que deben someterse las víctimas para obtener atención a sus casos, porque de otra forma, quizá jamás tendrían resultados.
¿Hasta qué punto habría avanzado la investigación de este asunto, de no ser porque la autoridad se comenzó a sentir juzgada por la opinión pública? Hoy podría ni si quiera haberse iniciado.
Es un total fracaso para la procuración de justicia que las víctimas tengan que pararse en la vía pública a llorar mientras exponen su caso ante los medios de comunicación, o que tengan que rogar la atención del gobernador, porque si de algo se ha encargado el mandatario es de hacer notar que su palabra es la ley, sin importar que invada la autonomía de poderes e instituciones.
Justo hace una semana, el miércoles, comenzó a circular el rumor de que los restos de Daniela Martell habían sido hallados dentro de un automóvil carbonizado. ¿De dónde surgió esta versión? Vale la pena preguntarse antes quiénes son los primeros que tienen acercamiento con los hechos, dígase los propios peritos, que tienen jefes a quienes les reportan y así sucesivamente, según la jerarquía; osease que la filtración vino de la propia Fiscalía.
No hubo una reacción inmediata para confirmar o desmentir los hechos, por lo que la propia familia fue la encargada de pedir que no hicieran caso a esta información. El rotundo silencio en el que se sumió la Fiscalía fue otro tremendo error en el manejo de la crisis en la que ya se encontraba.
Fue hasta las 21:33 horas de ese día la institución emitió un comunicado que tituló “FGESLP INFORMA AVANCES EN LA INVESTIGACIÓN PARA LA LOCALIZACIÓN DE DANIELA MARTELL”, en el que dio a conocer que ubicó el vehículo de Daniela en Villa de Zaragoza, el cual encontraron carbonizado, “sin restos humanos en su interior”. En el mismo escrito, la Fiscalía descartó la localización de algún cuerpo sin vida en el lugar.
A pesar de que esta información surgió el 15 de enero, en rueda de prensa el pasado lunes, la fiscal Manuela García Cázares informó que fue el jueves 16 de enero cuando se recibió una llamada anónima que derivó en la localización del vehículo. Un dato que le faltó amarrar a la Fiscalía al momento de presentar su muy bien armada narrativa de los hechos, con la que buscan desvincularse de su responsabilidad al momento de impartir justicia y, sobre todo, de atender de manera eficaz a las víctimas indirectas del caso.
Otra malintencionada filtración de este órgano se llevó a cabo el pasado fin de semana, cuando comenzaron a circular sin censura las imágenes de la excandidata a presidenta municipal de Villa de Zaragoza y su pareja, detenidos en las instalaciones de la Fiscalía; presuntamente detenidos desde el 15 de enero y vinculados con la desaparición de Daniela.
No nos hagamos tontos. Nadie hackeó los servidores de la Fiscalía para sacar las imágenes y filtrarlas. Las fotografías son enviadas por el propio personal de la institución, con el único fin de evadir la ley, causar confusión entre las familias y la sociedad, y deslinarse de sus responsabilidades.
Lo lamentable es que aunque todo este actuar ya es sumamente conocido, sigan conduciéndose de la misma forma. Aún a sabiendas del mal que causan en las familias víctimas indirectas, que se tienen que someter a la incertidumbre.
El único objetivo al final del día es intentar salvar la ya muy poca credibilidad de la fiscal y seguir con las mismas prácticas revictimizantes de siempre.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente es jefe de información de Astrolabio Diario Digital, con interés y experiencia en Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública. Formó parte de la tercera generación del MásterLab en edición de investigaciones organizado por Quinto Elemento Lab.
