Por Alejandro Rubín de Celis
Con la elección concertada de Rocío Elizabeth Cervantes Salgado como nueva titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE) prácticamente se cierra una nueva historia de simulación de la clase política de San Luis Potosí en la que supuestamente se construiría un Sistema Estatal Anticorrupción. El primer paso evidente -pues está claro que la estrategia incluyó otros pasos previos pero ocultos- fue la elección por unanimidad del Fiscal General del Estado, Federico Garza Herrera, el amigo y fiel colaborador del gobernador Juan Manuel Carreras López.
Para cerrar la pinza en esta historia sólo falta el capítulo final con la “elección” del Fiscal Anticorrupción y el Fiscal Electoral, que a juzgar por la burda maniobra que se ejecutó con Cervantes y Garza, no presentará ninguna sorpresa: quedará alguno de los candidatos del gobernador, después de todo él es el que propone las ternas. Con esta maniobra se completará el cuadro para garantizar impunidad a la élite gobernante de este estado.
Fue el cinismo y la complicidad a todas luces. 26 votos a favor de los 26 emitidos para Garza Herrera y 25 de 26 para Rocío Cervantes. Vaya sincronía. Por ahí alguien se les escapó y voto por José Mejía Lira para la ASE. Pero nada de qué preocuparse.
De Federico Garza Herrera y sus nexos con el sistema y con el mandatario estatal ya nos referimos en colaboraciones anteriores. De Rocío Cervantes habrá que recordar que no hubo investigación ni denuncias por las presuntas irregularidades en la adquisición de las estufas ecológicas y el pago de desayunos escolares a sobre precio en el DIF estatal en el último año de la administración de Fernando Toranzo, mientras ella era coordinadora de Auditoría Gubernamental de la ASE; y por su posición privilegiada tuvo que percatarse de los malos manejos en el órgano fiscalizador durante la gestión de José de Jesús Martínez Loredo, que terminó por renunciar a causa de la llamada ecuación corrupta.
¿Tendrá la voluntad de transformar a fondo la Auditoría una funcionaria que ha estado 20 años en esa institución y que ha visto pasar cualquier cantidad de anomalías y actos de corrupción sin denunciarlos? Qué casualidad que apenas hasta que fue encargada de despacho empezó a presentar demandas en la Procuraduría y justo en la víspera del nombramiento del nuevo auditor -cargo al que ella aspiraba-, y eso porque la prensa ventiló el caso de la nómina secreta en la ASE.
Fiel a sus prácticas para darle la espalda a la sociedad mediante el engaño y la simulación, la clase política potosina volvió a ejercer el gatopardismo al que se refería Lampedusa: “cambiar todo para que nada cambie”.
Mientras siga decidiendo la ocupación de puestos clave un órgano tan desprestigiado como el Congreso del Estado, cuyos legisladores obedecen a sus propios intereses y los del régimen, y mientras el gobernador siga proponiendo a sus incondicionales para que alguno de ellos sea avalado por diputados bajo su control para ocupar esos cargos, no podrá haber un auténtico Estado de Derecho ni una lucha frontal contra la corrupción, por más buenas leyes que existan o sistemas anticorrupción que se diseñen para tal efecto.
Pero, sobre todo, mientras no haya mecanismos en los que participe la sociedad civil permanentemente para incidir en la toma de decisiones, las cosas seguirán igual. Es indispensable la participación de académicos, organizaciones civiles, activistas, agrupaciones de profesionistas y otras instancias o grupos de representación social auténticamente independientes para elegir a todas estas figuras, si acaso con una función y derecho a voto menor de representantes del poder público, tal como sucedió en sus orígenes con el Consejo Estatal Electoral y con el desaparecido Instituto Federal Electoral.
Si no es así, bajo el modelo actual, cambiarán las personas pero le seguirán debiendo el cargo al gobernador y a los diputados y no habrá cambios de fondo que es lo que se necesita para que haya una verdadera fiscalización de los recursos públicos -fiscalización técnica no política-, mecanismos efectivos de transparencia y rendición de cuentas con intervención ciudadana, una genuina procuración y administración de justicia que esté del lado de los ciudadanos, no del poder.
A diferencia de lo que sucedió en otras decisiones trascendentes como la eliminación del fuero, la licencia de tres diputados por la ecuación corrupta o la modificación al contrato del Ayuntamiento de la capital con Panavi que se logró frenar, en el caso del nuevo Fiscal General y la elección de la nueva auditora del estado fue notoria la ausencia de activistas y organizaciones de la sociedad civil, con algunas excepciones como la presencia de integrantes del Frente Ciudadano Anticorrupción. La clase política había detectado que el vigoroso movimiento que se gestó meses atrás venía perdiendo fuerza -a eso le apostó- con algunas expresiones de división y calculó con precisión que en esta ocasión la protesta sería significativamente menor. Y así fue.
Los excesos y las arbitrariedades de los grupos de poder son directamente proporcionales a la ausencia de una sociedad exigente y participativa.
La consumación de esta farsa llamada Sistema Estatal Anticorrupción es una muestra clara de que se necesita mucho más que un movimiento civilista temporal para vencer al régimen y sus poderosos intereses.
No es posible alcanzar transformaciones de fondo sin una sociedad mucho más nutrida, actuante, resistente, pero sobre todo unida, consciente de sus derechos y dispuesta a ejercerlos por todos los medios pacíficos posibles, y pretender que decenas o cientos de ciudadanos hagan lo que nos corresponde a todos.
