Por Victoriano Martínez
Conforme pasan los días, semanas y hasta meses sin que el Congreso del Estado cubra los adeudos generados por la Consulta Indígena, los 27 diputados se confirman como violadores de derechos humanos si al hacerlo logran hacer prevalecer sus intereses personales o de grupo.
En el caso de la Consulta Indígena, las primeras víctimas, pero no las únicas, fueron los integrantes del Grupo Técnico Operativo (GTO) de la consulta, de quienes se aprovecharon por el origen indígena de la mayoría y la buena relación del resto con las comunidades para contratarlos, como una vía para lograr que los grupos étnicos confiaran en la convocatoria.
Los integrantes del GTO, como primeras víctimas, pronto padecieron la inexistente intención de cumplir con la Ley de Consulta Indígena por parte de los diputados, al no recibir las herramientas necesarias para su labor, ni los recursos económicos requeridos.
Ante diputados irresponsables, el GTO asumió la responsabilidad que el compromiso con las comunidades indígenas requería, echaron mano de sus ahorros y hasta se endeudaron para que el 14 de febrero se lograra publicar en el Periódico Oficial del Estado la convocatoria con un calendario de reuniones con todas las comunidades.
Para los integrantes del GTO era el cumplimiento de una primera etapa y una prueba de un trabajo que debía ser remunerado y de gastos que tendrían que reponerles. Para los diputados no fue más que un instrumento que daba verosimilitud a la inexistente intención de cumplir con la Ley de Consulta Indígena.
Desde el 3 de marzo todos los integrantes de la Junta de Coordinación Política fueron enterados de la falta de atención a los requerimientos del GTO, aunque para entonces varios ya habían expuesto que su interés por la Consulta no estaba en escuchar a las comunidades indígenas, sino en aprovechar el proceso para otro tipo de cuestiones.
Los diputados María Isabel González, Edgardo Hernández y Oscar Vera, incluso con actitudes agresivas contra la secretaria técnica del GTO, y más discreto Edson Quintanar, dejaron ver la intención de meter gente incondicional a trabajar en el grupo técnico, bloquear las opiniones de los indígenas especialmente en temas electorales, y algunos otros intereses poco claros.
Como integrante de la Junta, Mario Lárraga también estaba al tanto de las injusticias, pero lejos de procurar una solución, fue el diputado que el 19 de marzo salió a advertir a los integrantes del GTO que no demandaran por sus derechos, para que se les pagara el adeudo.
Toda una configuración de perversión al cumplimiento de la Ley de Consulta Indígena que atenta contra los derechos de las comunidades indígenas, a quienes –al suspender el proceso– se les negaron derechos como el de representación al no incluir los distritos electorales indígenas.
El trato que dieron a los integrantes del GTO y la anulación de las voces de las comunidades indígenas, más de la cuarta parte de la población estatal, muestra a 27 diputados que no se inmutan ante violaciones a derechos humanos de las que son partícipes, por acción u omisión, y advierten a toda la población sobre 27 personajes capaces de pisotear sus derechos para proteger sus intereses.
Veintisiete diputados que no se inmutan ante violaciones a derechos humanos, como –un ejemplo más– las que se dan contra testigos presenciales de los destrozos del 5 de junio en la sede legislativa, cuya única falta fue haber estado ahí.
Veintisiete diputados a quienes María del Castillo, indígena pame de la región norte, les pone la muestra de integridad y entereza para superar las adversidades que ellos, dedicados a medrar del erario, le imponen junto a sus compañeros del GTO. A pesar de ello, con dignidad María saca adelante a sus dos hijos y un embarazo de riesgo trabajando como empleada doméstica.
¿Qué le diría a un diputado, cualquiera de los 27, si tuviera oportunidad de verlo?, se le preguntó. “Nada, tengo mucho coraje y ni quiero verlos”, expresó María con la dignidad de quien valora su esfuerzo y disfruta de las alegrías que le proporciona, como el inminente nacimiento de su hija Amaia.
¿Qué podría decir un diputado si tuviera que enfrentar a las comunidades indígenas para explicarles porqué les anuló sus derechos? Nada, porque –digan lo que digan– con sus actos (y omisiones) han mancillado la dignidad de la representación que deberían honrar.
