María Ruiz
En septiembre de 2024, una madre notó cambios en el comportamiento de su hijo adolescente tras recogerlo del Instituto Potosino Marista en San Luis Potosí. El menor, quien forma parte del Grupo Especial Marista (GEM) para estudiantes con discapacidad, regresó a casa con signos físicos y emocionales que encendieron las alarmas.
Tras un momento de confianza, el joven expresó sentirse incómodo, con mucho dolor y con severas afectaciones emocionales. Su madre, preocupada, decidió indagar un poco más y descubrió, tras el testimonio de su hijo, que había sido agredido y abusado sexualmente por uno de sus compañeros de escuela.
Al día siguiente, alarmada, tomó la decisión de llevarlo a la Fiscalía General del Estado (FGE) donde fue valorado tanto física como emocionalmente por médicos legistas.
En este espacio, el adolescente logró compartir que otro estudiante lo había invadido de manera inapropiada y sexual en un espacio del colegio, y que esta situación se había repetido. El personal médico legista determinó que hubo agresiones físicas sexuales que requerían seguimiento.
“Después de ese día empezamos con procesos de seguimiento, laboratorios, sesiones psicológicas entre otras. El día 2 de octubre la maestra de mi hijo me mandó mensaje preguntando si todo estaba bien con él, a lo que le dije que no y que quería hablar con ella. Llegué al colegio a la una de la tarde aproximadamente y me recibieron los maestros encargados del Grupo Especial Marista; les platiqué exactamente todo y una de las maestras comentó que el compañero que señala mi niño como su agresor salía muchas veces al baño”.
Silencio institucional y obstáculos a la verdad
La madre informó a las autoridades escolares y solicitó apoyo, incluyendo el acceso a las cámaras de seguridad. Inicialmente se le aseguró que podría haber colaboración, pero con el paso de los días, las respuestas comenzaron a diluirse en excusas técnicas como que no estaba claro el día exacto, que no se especificaba la cámara o el horario.
Sin embargo, desde el inicio se había proporcionado un reporte detallado de los horarios de clases y ubicación de los hechos narrados.
Los videos finalmente fueron entregados en enero de 2025, casi cuatro meses después de los hechos, mediante un dispositivo USB proporcionado directamente por un representante legal del colegio a las autoridades.
No obstante, la acción, en lugar de abonar a la investigación, por la manera en la que se ejecutó contraviene los principios de integridad de evidencia, ya que no se realizó en presencia de peritos. A la fecha, la madre del joven violentado desconoce si el material está completo o ha sido modificado.
“Les pedí todo el apoyo que pudieran brindar y uno de los puntos claves era ver las videocámaras con las que cuenta el colegio, a lo que ellos me dijeron que sí, sin problema, y quedamos de reunirnos al día siguiente, 3 de octubre, en el colegio. En esa reunión estuvieron nuevamente los maestros encargados del grupo GEM y la coordinadora que lleva este tipo de protocolos, con imágenes tanto del colegio como de los compañeros cuestionaron a niño agredido sobre lo que había pasado. Pero mi niño es autista y no mantiene contacto visual a lo que señaló ‘compañero, clase de música, piso verde’. En esa misma reunión me comentaron los maestros que no podríamos ver las cámaras hasta que la Fiscalía los solicitara.
Desde ese día se giraron oficios al instituto y solo se había tenido respuestas evativas como ‘el día no esta claro’, ‘que cámara y horario se necesita’. Dichos videos fueron entregados en el mes de enero de este año, la Policía de Investigación debía extraer los videos directamente en la escuela, pero tampoco le dieron acceso al Policía. Los videos están desde enero en bóveda, en investigación; aún no sabemos si va el horario completo o si estan editados”.
En reuniones posteriores, las autoridades escolares minimizaron la situación con el argumento de que en las grabaciones solo se veía un breve periodo de tiempo en el que los dos estudiantes coincidían, pero para la familia, el daño emocional y físico ya estaba hecho.
Retrocesos en inclusión y derechos de estudiantes con discapacidad
El caso también ha evidenciado prácticas institucionales que vulneran el derecho a una educación digna y segura para los estudiantes con discapacidad. Según madres y padres del grupo GEM, el colegio ha implementado restricciones que afectan directamente el bienestar de los estudiantes, como eliminar los baños diferenciados y exigir que compartan espacios comunes sin acompañamiento.
Asimismo, se limitó el acceso de familiares al plantel para entregar y recibir a sus hijos, y el contacto con el profesorado se canalizó únicamente a través de correo electrónico, lo que elimina la comunicación directa que durante años fue una herramienta vital para el acompañamiento personalizado de estos alumnos.
Estas decisiones contradicen tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en México, los cuales exigen adecuaciones razonables y protección específica para estudiantes en situación de vulnerabilidad.
Fallas en los protocolos de actuación
Por su parte, el colegio afirmó contar con un protocolo en caso de incidentes relacionados con agresión entre estudiantes. Sin embargo, la familia nunca fue informada de su activación ni se realizaron acciones concretas de acompañamiento.
El presunto agresor continúa inscrito en la institución, lo que genera una percepción de inseguridad no solo para el estudiante afectado, sino también para otros miembros del grupo GEM.
Ante la falta de colaboración efectiva, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) intervino con la suspensión temporal de las inscripciones del colegio y colocó sellos. Sin embargo, la institución obtuvo un amparo judicial que le permitió continuar sus operaciones sin restricción a pesar de las investigaciones en curso.
Más allá del caso individual: una llamada urgente a la protección de la niñez
La madre ha enfrentado desde septiembre una travesía legal, emocional y social en busca de justicia. A pesar del dolor, ha levantado la voz no solo por su hijo, sino por todos los estudiantes con discapacidad que merecen respeto, seguridad y espacios educativos adaptados a sus necesidades.
“Nosotros confiamos en la escuela. Dejas a tus hijos pensando que estarán bien, pero cuando pasa algo así, te das cuenta de que no hay garantías”, expresó.
Este caso no puede verse como un hecho aislado, agregó la madre, sino como un reflejo estructural de como los derechos de niños, niñas y adolescentes, en especial aquellos con discapacidad, siguen sin estar plenamente garantizados en muchos entornos escolares.
“Desde ese día ya no lleve a mi niño y por parte del colegio no hubo ni ha habido sugerencias para seguimiento de mi niño”.
La madre de la víctima señala que el caso exige atención de fondo, ya que es urgente establecer mecanismos reales de protección, monitoreo permanente en planteles educativos; formación continua en derechos humanos para el personal docente y administrativo, y una cultura institucional que priorice el bienestar de las infancias por encima del prestigio.
Porque garantizar una infancia libre de violencia no es un favor, es una obligación.
