Por Victoriano Martínez
Mientras el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está por emitir la resolución sobre los juicios de nulidad de la elección de gobernador, hechos como el secuestro de 23 extranjeros y 16 mexicanos en Matehuala con los antecedentes de ejecuciones múltiples en la frontera con Zacatecas, dan pie a recuentos sobre lo que le espera al Estado por los próximos seis años.
El proceso electoral inconcluso, con el resultado que aún “no se encuentra firme”, en palabras del informe del 11 de septiembre en el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC), ha atraído especialmente la atención en el contexto de las 15 gubernaturas que se disputaron en todo el país.
Este miércoles 16 de septiembre, en el programa Astillero Informa, con Julio Hernández López, el levantón masivo y liberación de 39 personas en Matehuala fue uno de los temas centrales en su Mesa de Seguridad, que se realiza cada jueves con la participación de Guadalupe Correa-Cabrera, Victor Ronquillo y Ricardo Ravelo.
“No cabe duda de que estamos en los momentos en que se está fraguando lo que puede ser un imperio criminal en San Luis Potosí”, fue la expresión con la que Ronquillo se refirió directamente al caso de la situación que se vive en el Estado.
Consideró que la historia del gobernador electo Ricardo Gallardo Cardona tiene similitudes con la de Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, “no tanto en lo político sino en la cantidad de recursos económicos y de alianzas políticas con grupos muy oscuros que los encumbran y los llevan al poder”.
“Posiblemente en seis años encontremos un estado en donde, por su ubicación geográfica, las fuerzas oscuras de estos grupos que también existen en términos reales, de poderes básicos del crimen organizado, pues, sin duda dictarán los destinos posibles de San Luis Potosí y llevarán al Estado a una situación de conmoción social”, pronosticó.
Los especialistas en cuestiones de seguridad y crimen organizado expusieron su visión de lo que significa el resultado de las elecciones estatales, no sólo el caso de gobernador, junto con los hechos en los que se ha recrudecido la violencia, especialmente en la zona norte del estado y la frontera con Zacatecas.
“En San Luis Potosí lo que vemos es una guerra, son por lo menos seis grupos criminales los que actualmente están disputando el territorio”, consideró Ravelo, quien identifica como parte de los grupos en disputa al cartel de San Luis Potosí Nueva Generación.
“Un cartel local, conformado, según las denuncias que he leído, por miembros del PRI que fueron alcaldes, que ya fungieron como regidores y que hoy están del lado criminal postulando también candidatos de su cartel para mantener control político, control territorial y control criminal y control policíaco”, agregó.
Estimó que la mitad del territorio del país se encuentra prácticamente en poder del crimen organizado, con redes que se han multiplicado porque no las ha combatido el Estado Mexicano, y ante las que no sólo se trata de apaciguar territorios.
“¿Hay un proyecto para desarticular estos vínculos criminales y políticos?”, preguntó.
Tras considerar que no, estimó que hay grupos de poder detrás, incluidos empresarios relacionados con lavado de dinero que responden a otro tipo de intereses, que pueden estar vinculados con crear desestabilización política e ingobernabilidad que a final de cuentas le cae la responsabilidad al presidente Andrés Manuel López Obrador porque no está haciendo nada.
“Lo de San Luis Potosí es una película con unos u otros detalles de diferencia en Guerrero, en Jalisco, en el Bajío, en Tamaulipas, es decir, es un fenómeno que se ha multiplicado porque el Estado Mexicano ha dejado de hacer su tarea”, dijo.
Explicó que el problema que representan estas redes criminales surgió desde el año 2000, aunque ahora la toca a la Cuarta Transformación lidiar con esto y lo ha hecho mal, porque a tres años de afirmar que se atacan las causas era para que ya se pudieran ver los primeros resultados.
Si bien el gobernador Juan Manuel Carreras López y sus funcionarios se justifican con que el Estado es víctima de esas redes que invaden al país, pareciera que tras esa mascarada, por complicidad o por omisión, contribuyeron para que a San Luis Potosí se encuentre en la antesala de que le toque la peor parte.
