Por Victoriano Martínez
Este domingo 14 de julio no fue cualquier domingo para los ejidatarios de Guadalupe Victoria y su anexo La Cruz: a su permanente lucha por la defensa de su territorio se le incorporó la segunda jornada de reforestación del Área Natural Protegida (ANP) Sierra de San Miguelito.
En la parte de la ANP correspondiente al municipio de Mexquitic de Carmona, el ejido Guadalupe Victoria y su anexo La Cruz y la comunidad de Suspiro Picacho han sido los grupos más entusiastas y participativos para la protección ecológica de su territorio.
La integridad de su territorio ha sido permanentemente asediada por empresarios inmobiliarios con proyectos para explotar sus territorios con zonas habitacionales, expropiaciones de carácter religioso y hasta con un desarrollo turístico en torno al Santuario del Desierto.
Entre 2012 y 2017, cerca de 400 hectáreas fueron objeto de un intento de despojo por parte del padre Eduardo Córdova, mediante un procedimiento de nacionalización de las tierras en el entorno del Santuario del Desierto, pero el decreto fue anulado por los ejidatarios vía amparo en 2017.
Entre 2006 y 2017 el ejido Escalerillas y grupos de fraccionadores intentaron apoderarse de 127 hectáreas donde se encuentra el Santuario del Desierto, que finalmente les fueron reconocidas y entregadas a la Guadalupe Victoria por el Tribunal Unitario Agrario en marzo de 2017.
A pesar de que la determinación del Tribunal que da la posesión al ejido Guadalupe Victoria tiene como efecto que ese territorio forme parte del municipio de Mexquitic de Carmona, y no al de San Luis Potosí donde se encuentra Escalerillas, en 2020 se pretendió incorporar las 127 hectáreas a los programas de desarrollo urbano de la capital.
La incorporación de las 127 hectáreas del Santuario del Desierto tuvo como objetivo abrir la posibilidad de que como parte del municipio de San Luis Potosí fuera factible que en torno al templo se desarrollara un complejo religioso, cultural, ecológico y recreativo por parte de empresarios del Grupo Meta, sin tomar en cuenta a los ejidatarios.
Otro embate de los desarrolladores inmobiliarios se dio cuando, en 2022, corredores inmobiliarios comenzaron a ofertar terrenos dentro de 235 hectáreas, presuntamente propiedad de José Santos Alonso Santos, descendiente del cacique Gonzalo N. Santos, quien se las habría comprado al exgobernador el 13 de agosto de 1957.
No obstante, las escrituras de esa propiedad no correspondían a la presunta operación de compraventa de ese predio, por lo que no sólo invadía propiedades privadas, sino también una franja de 17.2 hectáreas de Guadalupe Victoria, incluidas varias parcelas y viviendas de un centro de población.
En septiembre de 2023, los ejidatarios volvieron a enfrentar un intento de despojo por al menos 200 hectáreas por parte de operadores de grupos inmobiliarios trataron de sembrar divisionismo entre ellos.
Una defensa de su territorio que tiene como antecedentes el valor que le dan a su régimen de propiedad, dado que se trata de un núcleo agrario que vive la dualidad de ser Ejido con 2 mil hectáreas vía dotación ejidal y 2 mil 28 hectáreas más por posesión ancestral.
Un apego a su territorio que les ha permitido salvaguardarlo de los intentos de depredación inmobiliaria que por décadas han enfrentado y que ahora, como efecto de la declaratoria de ANP para la Sierra de San Miguelito, se ve reforzado con acciones de preservación de sus condiciones ambientales: una reforestación con 6 mil 500 árboles y plantas, la mayoría de su propio vivero.
