Por Victoriano Martínez
Si en el caso del nombramiento de Javier Delgado Sam como integrante del Consejo de la Judicatura en la Comisión de Justicia del Congreso del Estado “se votó por instrucción del gobernador”, en la sesión del pleno de este jueves esa no fue la diferencia, sino la ausencia de seis de los 27 diputados, aunque el efecto haya sido el rechazo de la propuesta.
En la lógica planteada por el diputado Edgardo Hernández Contreras, 13 de los 21 diputados asistentes votaron por la instrucción del gobernador y desde Palacio de Gobierno de lo que se habrán lamentado es de no haber contado con uno o dos más de los diputados faltistas.
Tan es así, que en los pasillos del Palacio de Gobierno ya se comenta que no hay disposición legal que le impida al gobernador Juan Manuel Carreras López volver a enviar como propuesta para ser ratificado en el Consejo de la Judicatura a Delgado Sam, y será propuesto de nueva cuenta para una votación mejor cocinada.
Una interpretación a conveniencia que, por ser así, resulta errónea, al menos a la luz del principio del derecho, utilizado en diversas tesis por el Poder Judicial de la Federación, que señala que “los particulares pueden hacer todo lo que la ley no les prohíbe, a diferencia de lo que sucede con las autoridades, que no tienen más facultades que las que la ley les otorga”.
Es decir, si no existe ninguna disposición legal que le permita a Carreras López repetir su propuesta ante el Congreso del Estado en realidad no puede hacerlo. Es más, no está contemplado lo que procede, en consecuencia, tendría que seguirse un criterio tomado del procedimiento sobre un tipo de nombramiento análogo.
Para el caso, el procedimiento para nombrar a los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado es tan equiparable al del consejero, que uno de los integrantes del Consejo de la Judicatura surge precisamente de ese proceso, contemplado en el artículo 96 de la Constitución Política del Estado.
“En caso de que el Congreso rechace la propuesta, el Gobernador del Estado presentará una nueva en los términos del párrafo anterior; si esta segunda propuesta fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que, dentro de la misma, designe el Gobernador del Estado”, establece el segundo párrafo del artículo 96 constitucional.
Aunque en el caso del consejero de la Judicatura no se propone una terna como para cada uno de los magistrados, se entiende que prevalece el hecho de que se debe renovar la propuesta rechazada. Es decir, no tendría por qué volver a proponer a Delgado Sam, así logre cocinar una votación favorable por cualquier vía que le fuera posible.
Un procedimiento igual, con ternas, está establecido en el artículo 122 constitucional para el nombramiento del Fiscal General del Estado, que se reproduce para el nombramiento de los fiscales anticorrupción y electoral. En cambio, no hay procedimiento alguno en el que el gobernador pueda insistir con la misma propuesta.
Independientemente de la ruta que se decida desde el Palacio de Gobierno para intentar imponer a quien sea nombrado como consejero de la Judicatura, el fortuito rechazo a la ratificación de Delgado Sam dejó ver, una vez más, el problema mayor que representa la sumisión del Poder Legislativo al Ejecutivo y, peor aún, un órgano colegiado que se “vende”.
“Conocido por todos por hacer tratos sucios, debajo de la mesa, acuerdos, vendernos, venderse, y eso no lo vamos a permitir. Todos sabemos aquí quién es Rubén Guajardo Barrera, es una vergüenza como legislador”, describió Hernández Contreras a su compañero diputado, presidente de la Comisión de Vigilancia.
Si todos lo saben y no hay denuncias más allá de la exhibición pública en declaraciones y en tribuna, dejar pasar esas situaciones implica mucho más que tolerarlo, hasta llegar a un cierto grado de complicidad en el que, el fortuito rechazo a la ratificación de Delgado Sam podría resultar un ensayo que permitirá perfeccionar la maniobra en nombramientos de igual o mayor trascendencia.
No se puede perder de vista que está en puerta la ratificación o no de nueve magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) y el nombramiento del fiscal anticorrupción con una terna tan cantada para lograr un fiscal carnal, que para los dos casos lo ocurrido este jueves en la sesión del Congreso podría arrojar luz para lograr mayor efectividad en los “tratos sucios”.
Sobre todo si se toma en cuenta que Carreras López muestra interés en consolidar un grupo que desde distintas posiciones contribuya a permitirle un séptimo año sin complicaciones, con Juan Pablo Almazán Cue ratificado en el STJE, y su protegido Felipe Aurelio torres Zúñiga como fiscal anticorrupción.
Si el rechazo a la ratificación de Delgado Sam en el Consejo de la Judicatura fue una venta fortuitamente frustrada, el riesgo es que para los nombramientos siguientes se mejoren las ofertas para evitar correr riesgos.
