Por Victoriano Martínez
Cuando una acción ilegal y hasta fraudulenta por parte de una institución como la que han denunciado 35 estudiantes de medicina de la Universidad Potosina-Carranza no es sancionada y, por el contrario, se permite que el plantel educativo opere como si nada hubiera pasado, se configura un acto de impunidad.
Así, impunemente la UP-Carranza hoy les cobra a sus estudiantes de medicina defraudados hasta siete mil pesos para entregarles certificados parciales de materias que poca utilidad tendrán para que les sean revalidadas y otorgarles la baja.
No hay acto de impunidad en la que la autoridad tenga parte de responsabilidad, sea por negligencia o incapacidad para aplicar las sanciones o, lo que siempre resulta más grave, por complicidad porque, a pesar de contar con toda la información sobre los hechos fraudulentos no aplica una sanción.
En el caso de la UP-Carranza, las autoridades de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) tienen pleno conocimiento de lo ocurrido en la UP-Carranza, pero hasta ahora una acción conocida contra esa institución es una medida precautoria en forma de manta instalada en la fachada del plantel.
“Advertencia Plantel sin reconocimiento de validez oficial de estudios”, dice la manta en letras blancas con un fondo rojo y en el margen superior la fundamentación en el artículo 155 de la Ley de Educación estatal, que se refiere a “colocar sellos e información de advertencia en el plantel educativo”.
Otra medida, aunque tuvo una carácter más bien fantasmagórico, fue la colocación de sellos de clausura sin ningún efecto en la operación de la UP-Carranza ni información oficial sobre su significado.
No sólo la aplicación de esa medida da cuenta de que la SEGE tiene un expediente que demuestra la falta en la que ha incurrido la UP-Carranza, sino que además la incorporó el 21 de mayo del año pasado a su relación de instituciones educativas con medidas precautorias.
Ha sido pública la denuncia por parte de los estudiantes afectados, así como las reuniones que las autoridades de la SEGE han tenido con ellos, además de una serie de compromisos incumplidos por parte de las autoridades educativas. Es decir, tanto en acciones oficiales como en actos públicos, es un hecho que la autoridad está al tanto de las irregularidades.
En consecuencia, queda en evidencia que la SEGE ha omitido actuar conforme a lo que señala la Ley de Educación del estado para la falta cometida por la UP-Carranza. El párrafo cuarto del artículo 134 establece:
“Los particulares que impartan estudios con autorización o con reconocimiento deberán mencionar en la documentación que expidan y en la publicidad que hagan, una Leyenda que indique su calidad de incorporados, el número y fecha del acuerdo respectivo, modalidad en que se imparte, domicilio para el cual se otorgó, así como la autoridad que lo emitió”.
Si la UP-Carranza señaló esos datos en su documentación o en su publicidad, la SEGE ha establecido que se trata de información inexistente, lo que no sólo representa incumplir con esa disposición, sino hacerlo de manera fraudulenta, lo que la misma Ley establece como motivo de sanción en el artículo 138, fracción XII.
De acuerdo con la fracción I inciso b del artículo 139, le aplica una multa por un monto mínimo de mil y hasta un monto máximo de siete mil veces la Unidad de Medida y Actualización, y en la fracción III del mismo artículo, la clausura del plantel.
Para determinar la sanción, señala la Ley, entre otras cosas, que se considerarán los daños y perjuicios que se hayan producido o puedan producirse a los educandos.
En el caso, no sólo han hecho perder varios ciclos escolares a los estudiantes, sino que ahora les aplican un costo de siete mil pesos para obtener una certificación de dudosa utilidad y poder ser dados de baja para intentar reencausar su preparación en otra universidad.
Un costo adicional que se suma a los perjuicios que la SEGE en varias ocasiones se comprometió a dar apoyo a los estudiantes que, por sí solo, es una demostración de que la autoridad estatal poco hace por garantizar la seguridad educativa de la población estudiantil.
La necesidad de buscar concluir sus estudios de la mejor manera lleva hoy a alrededor de 40 estudiantes a pagar los que representa el costo de la impunidad por la complicidad entre la UP-Carranza y la SEGE.
