Por Victoriano Martínez
El Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) emitió un comunicado para señalar la urgencia de la instalación y funcionamiento de la Plataforma Digital Estatal del SEA, así como para que la Fiscalía General del Estado (FGE) dé apoyo efectivo a la Fiscalía Anticorrupción para que pueda llevar a juicio a servidores públicos denunciados.
La Plataforma Digital, conforme a la Ley del SEA, se integra por seis sistemas de información, entre los que destaca el Sistema Estatal de Evolución Patrimonial, de Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal, en el que se tienen que hacer públicos los tres documentos presentados anualmente por los servidores públicos.
“Se requiere la emisión inmediata del recursos necesario por parte del ente obligado, a falta de asignación presupuestal en este año 2019 para el Sistema”, advierten en el documento firmado por cuatro de los cinco integrantes del CPC.
En el texto, manifiestan su preocupación por que la Fiscalía Anticorrupción no cuente con la estructura suficiente para llevar a juicio a servidores y ex servidores públicos denunciados por diversos delitos de corrupción y que, incluso, se admita públicamente la dificultad para lograr aplicar sanciones.
“Hacemos un llamado enérgico el Fiscal General del Estado a nombre de la Ciudadanía, para que se solucione de inmediato esta situación y agilice la procuración de justicia”, exponen.
Lamentan que la conformación del SEA se encuentre frenada ante la negativa de los representantes de las autoridades para asistir a las sesiones del Comité Coordinador, lo que ha impedido desahogar la elección del secretario técnico para completar todos los órganos del SEA.
Los otros seis sistemas de información que integran la Plataforma Digital para la que solicitan presupuesto son de Servidores Públicos que Intervengan en procedimientos de contrataciones públicas; de Servidores Públicos y Particulares Sancionados; de Información y Comunicación del Sistema Estatal y del Sistema Estatal de Fiscalización; de Denuncias Públicas de Faltas Administrativas y Hechos de Corrupción, y de Información Pública de Contrataciones.
