María Ruiz
La reciente reforma a la Ley Federal del Trabajo que obliga a las plataformas digitales a regularizar a sus trabajadores, llega en un momento crítico para San Luis Potosí, donde los conductores de estas aplicaciones enfrentan condiciones de vulnerabilidad extrema.
Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), señaló la urgencia de implementar estas disposiciones, que incluyen derechos laborales y la obligatoriedad de registro ante las autoridades.
Martínez Acosta subrayó que las plataformas digitales no han cumplido con las normativas locales ni federales, lo que deja a sus trabajadores sin seguridad social, prestaciones ni garantías de seguridad laboral.
“Estas empresas han convocado de manera ilegal a ciudadanos para que sean socios conductores, pero sin registrarse formalmente ni cumplir con las leyes estatales. Esto no solo es irregular, sino que pone en riesgo a quienes trabajan en este sector y también a los usuarios”, afirmó.
El decreto federal publicado en diciembre otorga un plazo de 180 días para que estas plataformas regularicen a sus conductores, otorgándoles contratos, seguridad social y derechos como cualquier otro trabajador. Sin embargo, en San Luis Potosí este proceso está lejos de ser una realidad.
“Nuestra Ley de Transporte establece requisitos claros para operar, como pruebas psicométricas y psicotrópicas, además de seguros para los vehículos de hasta 4 millones de pesos, pero la mayoría de estas plataformas no cumplen. Es un transporte no regulado y, por lo tanto, inseguro”, añadió la funcionaria.
El caso de Daniela Martell Orozco, conductora de una plataforma desaparecida desde el pasado 6 de enero, ilustra los peligros de trabajar en la informalidad.
“Estas empresas no garantizan condiciones de seguridad ni laborales a sus trabajadores. Estamos hablando de personas que operan sin respaldo, sin supervisión y expuestas a riesgos que no deberían existir si las plataformas cumplieran con la ley. Ya hemos tenido incidentes graves, como el de una pasajera de Matehuala que utilizó uno de estos servicios y resultó desprotegida porque el vehículo no contaba con seguro. Este es solo un ejemplo de lo que pasa cuando las plataformas no asumen su responsabilidad”, explicó la funcionaria.
Además, la falta de registro de estas empresas en el estado complica cualquier acercamiento con los conductores.
“Si las empresas estuvieran registradas, tendríamos un padrón con sus datos y podríamos coadyuvar con las autoridades competentes ante cualquier situación”, enfatizó.
La reforma federal es un paso importante para dignificar el trabajo en plataformas digitales, pero su éxito dependerá de la voluntad de las empresas para acatar la ley y de la capacidad de las autoridades para supervisar su cumplimiento.
“El llamado no solo es para las plataformas, sino también para los conductores, quienes deben exigir que se les otorguen las garantías laborales que merecen. El trabajo informal ya no puede seguir siendo la norma”, concluyó la funcionaria.
