Estela Ambriz Delgado
El Estado mexicano aún tiene deudas pendientes con los pueblos y comunidades indígenas, principalmente en materia de salud, educación, así como en la procuración de justicia y el acceso a un debido proceso, pues no se considera a quienes hablan una lengua indígena y no se destinan recursos para intérpretes y traductores, así como defensores que conozcan las diferentes lenguas y culturas.
Lo anterior quedó de manifiesto en la conferencia magistral “Avances y agenda pendiente para el acceso a la justicia de los pueblos indígenas” de Tomás López Sarabia, presidente del consejo directivo del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (Cepiadet), como parte de las actividades que el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) llevó a cabo en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna.
En la conferencia que se dio en lengua Tu`un Savi, conocida como mixteco del noroeste, López Sarabia destacó los obstáculos a los que se enfrentan este sector de la población que es multicultural y plurilingüe, dentro de un diseño de políticas públicas monocultural, por lo que es momento de reflexionar por qué tras 30 años de lucha para el reconocimiento de sus derechos, aún no llega la verdadera justicia a las comunidades.
Precisó que el acceso a la justicia es uno de los derechos humanos fundamentales que tiene toda persona, de recibir justicia mediante cualquier mecanismo establecido por las leyes del estado en la solución de sus conflictos, y en el caso de las personas hablantes de una lengua indígena, es fundamental que se cuente con intérpretes y traductores, ya que se tiene derecho de hablar en esta en cualquier proceso judicial.
Asimismo, es necesario que las instancias de procuración de justicia cuenten con defensores, asesores o peritos, que conozcan las lenguas y las especificidades culturales, a fin de que puedan orientarles. Además de la formación de servidores públicos que conozcan plenamente los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, así como tener políticas públicas con presupuesto asignado para llevar esto a cabo.
López Sarabia puntualizó que se trata de un problema de racismo, el cual se define como prácticas y actitudes concretas que, bajo la presunción de superioridad, son dirigidas a miembros de un grupo inferiorizado, pues son un sector de la población multicultural y plurilingüe sometido a un sistema que ignora sus circunstancias.
“Es muy bonito decir que existen muchas lenguas y pueblos indígenas, que existen muchas comunidades ancestrales, pero al momento de acudir a una instancia de procuración de justicia, de salud, de educación, nada más se habla el español. No conocen mi lengua, ese es el problema (…) nuestra lengua indígena, mucho dicen que es pobre y no sirve, que es mejor hablar español, pero la verdad es que nuestra lengua indígena es lo más importante porque nos da identidad”.
Nuevos sistemas de justicia, nuevos vicios
El presidente de Cepiadet señaló que a pesar de que se afirmaba que con el nuevo sistema de justicia penal de 2018 cambiaría la forma de impartición de justicia con un debido proceso, acceso a la justicia, protección de las víctimas, presunción de inocencia, reparación del daño, así como defensores con conocimiento en materia de cultura, intérpretes y traductores, en los hechos no sucede.
A esto se suma que en ningún momento se le consultó a este sector poblacional si querían acceder de esa forma a la justicia, como lo dicta el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
“El Cepiadet advierte la ausencia de un proceso de consulta previa, libre e informada a los pueblos y comunidades indígenas, respecto a la medida legislativa para implementar el sistema de justicia acusatorio en la entidad (…). La exclusión de la población indígena de este proceso no es un hecho aislado, porque la formulación de políticas públicas es ejecutada sistemáticamente de manera discrecional por el aparato estatal”.
López Sarabia consideró que si bien ha habido algunos avances, el Estado les sigue debiendo muchas cosas al sector indígena, como el derecho a la salud, a la educación, y a un debido proceso, e hizo referencia a la opinión emitida por el Examen Periódico Universal 2024 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
“…la falta de perspectiva intercultural con que se atienden los casos, el desconocimiento de los contextos objetivo y subjetivo detrás de ellos, la falta de personas intérpretes y defensoras con conocimiento de la lengua y la cultura, la falta de información culturalmente adecuada sobre los avances del proceso y un acceso desigual a las instituciones por cuestiones geográficas, económicas, culturales, familiares, entre otras”.
