Antonio González Vázquez
El uso de recursos públicos y la promoción personalizada con financiamiento de recursos públicos en favor de Ricardo Gallardo Juárez es un hecho manifiesto y público que incluso, puede tener repercusiones en su contra cuando busque la reelección y también, en el supuesto de que llegar a ganar las elecciones de julio, sería proclive a la nulidad, advirtió Hayro Omar Leyva Romero.
El representante de Conciencia Popular ante el organismo local electoral, indicó que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana con su resolución sobre el caso de Ricardo Gallardo y el uso de recursos públicos para actos anticipados de campaña, pareciera que ante actos manifiestos el ayuntamiento se podrá ir limpio de cualquier sanción de carácter electoral y que ésta tendrá que ser administrativa.
En eso, apunto, no estamos de acuerdo.
Destacó que, pese a ello, la resolución emitida demuestra que sí hubo forma de comprobar las irregularidades cometidas por el ayuntamiento de San Luis Potosí que utilizó recursos en beneficio de la imagen del alcalde, pero por ser una falta de orden administrativo, quienes deben conocer para una eventual sanción es el Cabildo municipal, a la Contraloría Municipal y a la Auditoría Superior del Estado.
Es decir, que la resolución del Consejo es un duro golpe para la democracia y para el principio de equidad e igualdad entre los contendientes, pues Gallardo Juárez se benefició de recursos para su promoción.
Señaló que la resolución de la Comisión de Quejas avalada por el pleno es de risa, pues hay un precepto legal que dice que un inferior jerárquico en la función pública no podrá juzgar al superior.
La Contraloría Municipal está impedida a conocer el asunto que le notificará el CEEPAC porque estaría juzgando a su superior, toda vez que el Contralor es un empleado del presidente municipal.
No obstante, aun sin sanción por el momento, el caso puede tener repercusiones futuras para Gallardo Juárez en caso de que busque la reelección, dado de que se trata de una conducta de tracto sucesivo, es decir, se trata de una conducta que se va actualizando con el tiempo porque cada acto parecido ratifica al anterior.
En el caso de la denuncia contra el alcalde, la promoción que realizó en el 2016, la ha sostenido, así como la entrega de programas sociales. Esto significa que una conducta presuntamente irregular se sigue dando.
Si esa conducta que ya está en un expediente se sigue presentando, es muy probable que incluso se pueda caer una candidatura y probablemente un eventual triunfo en las elecciones. Es decir, los partidos políticos en su momento podrían demandar la nulidad del proceso electoral en caso de un triunfo gallardista toda vez que existen antecedentes de violaciones de una conducta ilegal.
Leyva Romero, señaló que en su momento, Conciencia Popular o cualquier partido que se sienta agraviado, podría solicitar la nulidad de un futuro triunfo de Gallardo ya que hay pruebas y hechos contundentes de que usó indebidamente recursos públicos de manera anticipada.
Es por eso que va adelante en las encuestas como ellos dice, pues están utilizando recursos de las arcas municipales, es decir, están desviando recursos que están destinados para otra causa, en beneficio de la ciudadanía, no para su promoción. Eso, es indebido, concluyó.
