Por Victoriano Martínez
La atención y el respeto a los derechos de los grupos vulnerables, sea como voluntad que impulse acciones afirmativas o de plano por la obligación de cumplir con una sentencia judicial, suele ser un expediente en el que las autoridades más diversas exhiben un alto grado de hipocresía al allanarse a un discurso políticamente correcto y encabezar acciones totalmente opuestas.
Si se trata de consultas a los grupos vulnerables, se realizan con tales deficiencias porque se privilegia cumplir con el requisito para llenar el expediente para sacar adelante alguna reforma o documento que las exige, antes que tomar en cuenta a los consultados.
Recientemente han pasado dos a las personas con discapacidad por parte del Congreso del Estado en cuya segunda oportunidad no se tomaron en cuenta ni los lineamientos señalados en la sentencia que los obligó a realizarla de nueva cuenta.
En el caso de las comunidades indígenas, la desatención y la falta de respeto va más allá, al grado en el que de plano las consultas no se realizan y se pretenden suplir con un artículo transitorio, como ocurrió en 2020 como preludio a la anulación de la Ley Electoral. Se llegan a omitir incluso cuando son ordenadas por un Tribunal.
Hace 834 días, la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió una resolución en la que estableció que “ciertamente, existe la posibilidad de cambiar al sistema de usos y costumbres para la elección de sus autoridades municipales”, y señaló que “tendrán que calificarse, en su momento, para verificar la procedencia de la transición del sistema de elecciones”.
Se trata de una sentencia con relación a cambiar el sistema de elección de las autoridades de los municipios de Tanlajás, Tancanhuitz y San Antonio para que deje de ser con la participación de partidos políticos y se realice conforme a sus usos y costumbres, por ser demarcaciones con predominancia poblacional indígena.
Desde entonces debió iniciar el proceso de análisis y consulta a las comunidades indígenas para realizar los ajustes legales y de logística necesarios para ese cambio, y fue al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) al que se instruyó para impulsar esas modificaciones.
El CEEPAC tardó 694 días en elaborar y aprobar un informe con relación al tema para, hasta entonces, remitirlo al Congreso del Estado para su seguimiento. Esto ocurrió el pasado 31 de enero y de entonces a la fecha todo indica que el caso ha sido ignorado por los legisladores, a pesar de cuando menos dos recordatorios hechos por representantes indígenas.
Faltan 132 días para el arranque del proceso electoral 2023-2024 y ni el CEEPAC ni el Congreso del Estado dan señales de que avancen en el cumplimiento de la sentencia del TEPJF. Si en 694 días el avance fue mínimo, es clara la intención de mantener marginadas a las comunidades indígenas y reconocer plenamente sus derechos.
Se repetirá la historia de hace tres años cuando, ante la imposibilidad de que el cambio se realizara el cambio por el proceso electoral iniciado, las comunidades indígenas de esos tres municipios perdieron su derecha a una mejor representación en sus autoridades municipales, aunque en esta ocasión la responsabilidad es totalmente del CEEPAC y el Congreso del Estado.
A las dos ocasiones en que los diputados han ignorado a los representantes de las comunidades indígenas se suma el trato indiferente y hasta burlón –que ellos sintieron amenazante– que se resume en la expresión “ya párenle a su escándalo”, pronunciada por el consejero electoral Marco Iván Vargas Cuéllar.
Los representantes indígenas acudieron a reclamar sus derechos y presentar una solicitud de juicio para la protección de sus derechos políticos y no sólo no fueron atendidos por Paloma Blanco López, presidenta del CEEPAC, sino que terminaron con que legítimo reclamo terminó por ser tachado como un escándalo.
Las actitudes del CEEPAC y el Congreso del Estado mantienen la elección de autoridades en esos tres municipios entre representantes de partidos políticos, a pesar de que en el diagnóstico concluido en enero se describen los problemas que eso le genera y se planteó como acción necesaria “la NO promoción de los partidos en las Comunidades Indígenas”.
Si es claro y manifiesto el rechazo al sistema de partidos, ¿hasta dónde pretenden CEEPAC y Congreso del Estado llevar esa imposición? ¿Cuánto más podrán aguantar las comunidades indígenas antes de adoptar acciones de otra naturaleza ante lo infructuoso que les ha resultado recorrer y agotar las vías legales?
