Por Victoriano Martínez
La convocatoria para que todos los ciudadanos del municipio de la capital participen en el Plebiscito sobre la municipalización de la delegación de Villa de Pozos está abierta desde unos minutos después de las ocho de la noche de este miércoles 19 de julio, aunque para la media noche aún nadie la pudiera consultar ni en el sitio Web del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.
Quizá un detalle menor que se resolverá en las próximas horas, si no es que ya amaneció resuelto, pero que da muestra clara de lo accidentado que ha resultado el proceso de organización de la consulta para que los habitantes de San Luis Potosí manifiesten su acuerdo o no con la creación del municipio número 59 del Estado.
Un proceso accidentado en primer término por la urgencia del principal promotor de la municipalización –reclamo de la paternidad de la idea incluido–, Ricardo Gallardo Cardona, gobernador del Estado, que, por ese carácter aporta un ingrediente adicional a las razones de lo escabroso que se volvió la organización del plebiscito: la sospecha de sumisión del CEEPAC.
“Va a haber municipalización, el 24 de septiembre arranca la consulta, ya está bien definida”, se adelantó Gallardo Cardona a anunciar la fecha que en la sesión de este miércoles habría de definir el CEEPAC.
La anticipación de Gallardo Cardona provocó que la representanción del PAN en el CEEPAC informara sobre su retiro de la mesa con respecto al tema de la municipalización de Villa de Pozos por quedar claro que el organismo electoral “está completamente a expensas de lo que diga el gobernador”.
Paloma Blanco López, presidenta del CEEPAC, justificó el anuncio hecho por el mandatario a que ella señaló como tentativa esa fecha en una entrevista con el portal Exprés, publicada el domingo 16 de julio. “Paloma Blanco López, dijo en exclusiva a Exprés que la fecha tentativa para la consulta es el domingo 24 de septiembre de 2023”, dice la nota mencionada.
Hay una gran diferencia entre mencionar una fecha tentativa y la expresión “ya está bien definida” de Gallardo Cardona. Lidia Argüello, representante del PAN, ratificó la decisión de abandonar la mesa porque o primero se convino la fecha o la persidenta asumió poder imponer la fecha a sus compañeros consejeros, pero en ambos casos se faltó al respeto al organismo electoral.
Una sumisión que no sólo justifica la anticipación del gobernador a la determinación del CEEPAC, sino que además exhibe, según las escasas intervenciones de algunos consejeros, amplias áreas de opacidad en el proceso no sólo de cara a la ciudadanía, sino entre los propios integrantes del organismo.
“Hay algunas actividades que si no se cuenta con la disposición presupuestal, no se van a poder echar a andar determinados procesos y procedimientos, específicamente procesos de adquisición”, expresó el consejero Juan Manuel Ramírez García, tras asegurar que no estaba enterado formalmente de que sólo se habían aprobado 20 millones de pesos para el plebiscito.
Advirtió que de no contar con los recursos necesarios y en tiempo se tendrían que modificar plazos en la organización y hasta en la propia fecha de la realización de la jornada del prebiscito.
“Necesitamos ser claros, esto es posible si, y sólo si, el Congreso del Estado entrega los recursos también de manera oportuna para que esta autoridad electoral pueda iniciar su trabajo”, dijo el consejero Marco Iván Vargar Cuéllar, en la misma línea de Ramírez García. Ambos coincidieron en que aprobaron la convocatoria para no violar el artículo 18 de la Ley de Referéndum y Plebiscito.
Una postura que contrasta con la razón argumentada para reducir los centros de votación a copiar la unidades territoriales que sirvieron de base para el proceso de revocación de mandato organizado por el INE: “La medida adoptada es proporcional a la suficiencia presupuestaria”, leyó el secretario.
Un indicio evidente de la sumisión del trabajo del CEEPAC a la reducción presupuestal que desde el 5 de julio, un día después de que declararon procedente el plebiscito y aprobaron un presupuesto por 55 millones 844 mil pesos, anunció Gallardo Cardona y afirmó que sólo les darían 20 millones de pesos.
Entre la sumisión y la premura por la urgencia del gobernador, el CEEPAC omitió las tareas previas para dar legalidad y certeza al plebiscito.
Justifica el acuerdo para la implementación de unidades territoriales del proceso de plebiscito en el “artículo 3, fracción II, inciso N, fracción I”, según leyó el secretario, y tal disposición no existe, en tanto que el inciso N dice:
“Ordenar la realización de conteos rápidos a fin de conocer las tendencias de los resultados el día de la jornada electoral, de conformidad con los lineamientos emitidos por el Instituto Nacional Electoral”.
¿Qué relación tiene realizar conteos con implementar unidades territoriales? ¿O acaso cuentan con una versión distinta de la Ley Electoral.
La convocatoria se aprobó con cinco anexos: (1) el texto de la convocatoria, (2) el formato para acreditar a los partidos políticos, (3) la constancia de acreditación, (4) la convocatroria para observación del plebiscito, y (5) la solicitud para la observación.
¿Cómo cumple la convocatoria con la fracción IV del artículo 19 de la Ley de Referendum y Plebiscito que señala que debe contener “la especificación del modelo de las boletas para el referéndum o plebiscito, según sea el caso, así como de las actas para su escrutinio y cómputo”?
¿Acaso los modelos de boletas y actas no debieron ser parte de los anexos? ¿O será que, en el caso de las boletas, no pudieron diseñarlas porque ni siquiera han definido la pregunta que incluirán? Tareas no realizadas que se acuerda dejar para después.
Un ejemplo más: ¿Basta con que señalen que se instalarán 151 “centros de recepción de opiniones” para dar por cumplida la obligación de incluir en la convocatoria “la ubicación de las casillas en las que los ciudadanos emitirán su decisión”? Ese número de centros de votación representa apenas el 39.32 por ciento de las secciones electorales que hay en el municipio.
Sumisión y premuras que, si hasta antes de la sesión del CEEPAC de este miércoles atentaron contra la certeza de sus actuaciones, con los siete acuerdos tomados anoche ahora comienzan a incumplir con el principio de legalidad.
Si Lidia Argüelles abandonó la sesión con señalamientos de ser “una verdadera pena e indignante” la actuación de los consejeros, Oscar Vera Fabregat, representante del PCP, fue más contundente al advertirles al inicio de la sesión que estaban en la disyuntiva de hacer un plebiscito o hacer el ridículo, para rematar al final con un “vine a presenciar el suicidio del CEEPAC”.
