Por Victoriano Martínez
Los diputados de la LXI Legislatura y el alcalde Ricardo Gallardo Juárez mostraron en su trienio una característica común: fueron muy desaseados y burdos al hacer sus tranzas para apropiarse del erario.
Si así actuaron desde el inicio de su gestión, imagínese cómo se despedirán en este que es el año de Hidalgo.
Gallardo Juárez dio una muestra en la sesión de Cabildo del jueves, una de las últimas de su administración, con la aprobación del cambio de uso de suelo para el predio ubicado en Rincón de Bolzano No. 143, en el Fraccionamiento Rancho de San José de Buenavista.
Los diputados no se iban a quedar atrás, y ya acordaron en sesión de la Diputación Permanente la convocatoria a un periodo extraordinario que iniciará el 7 de septiembre. También tienen negocios que concluir antes de irse.
El primero, y más ofensivo para la sociedad por ser una prolongación de la ecuación corrupta, es extender un certificado de impunidad a todos los entes fiscalizados por la Auditoría Superior del Estado (ASE) con una aprobación fuera del marco Constitucional a los informes finales de auditoría que les presentó órgano fiscalizador.
Como si quisieran que pasara inadvertido, a ese asunto sólo le dedican 14 palabras de las 553 que componen el comunicado de prensa que informa los temas acordados para el periodo extraordinario.
Argumentan que todas las legislaturas han aprobado tres cuentas públicas anuales, pero no es válido porque ellos mismos modificaron los plazos con la reforma constitucional que hicieron el año pasado, a la que le pudieron incorporar un artículo transitorio que indicara que por única ocasión esta Legislatura podría aprobarlos en un periodo extraordinario, pero no lo hicieron.
La reforma se publicó en el Periódico Oficial del Estado el 29 de diciembre de 2017. Es decir, el jueves pasado cumplió ocho meses de vigencia y sólo cuenta con los dos transitorios de rigor: (1) entra en vigencia al día siguiente de su publicación y (2) “se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto”, o sea, se deroga la disposición que establecía que los informes se aprobaban en el segundo periodo ordinario de sesiones.
Convocar a un periodo extraordinario para aprobar los informes que, de acuerdo con la Constitución, deben ser tratados en el primer periodo ordinario de sesiones equivale a que también podrían –si por alguna razón se les ocurre– convocar a periodo extraordinario para aprobar las leyes de ingresos.
La prisa no tiene otra explicación que cumplir compromisos con entes fiscalizados que se benefician con una maniobra tan burda, el sello de la Legislatura de la ecuación corrupta.
Otro asunto que tiene tintes de negocio para esa variación del año de Hidalgo es la ampliación de la concesión a Coinsa, concesionaria de las supercarreteras San Luis Potosí-Rioverde y San Luis Potosí.
Se amplía el concepto de la concesión para la construcción, operación y mantenimiento de cinco obras de infraestructura que, de entrada, pintan como cinco fuentes de ingresos adicionales para el boyante negocio que explota Coinsa desde hace 20 años.
En el comunicado sólo enumeran 12 asuntos a tratar en el periodo extraordinario y cierran con la expresión “entre otros dictámenes”.
Habrá que estar atentos a la publicación en el Periódico Oficial de la convocatoria al periodo extraordinario y a la publicación de la Gaceta Parlamentaria el miércoles para revisar si hay algunos otros negocios que quieran colar como su despedida del cargo.
Los dos asuntos mencionados, sobre todo el de los informes de la ASE, son claros actos de ver cómo sacarle el máximo provecho a las facultades que están por terminárseles, igual a lo que Gallardo Juárez hizo en la sesión de Cabildo del jueves.
