Estela Ambriz Delgado
La Comisión de vecinos del Barrio de San Miguelito pidió a las instituciones gubernamentales de los tres órdenes de gobierno construir con el diálogo en lugar de con la agresión, la amenaza y el chantaje, ya que ellos si se requieren obras que atiendan las necesidades de la zona, pero con apego a la ley, con los permisos y licencias correspondientes.
“Hacemos un llamado respetuoso a las autoridades de todos los niveles a buscar el diálogo y detener las agresiones y calumnias en nuestra contra”.
Mediante un comunicado, los ciudadanos solicitaron que las instituciones gubernamentales y legisladores ejerzan sus competencias bajo las leyes que ellos mismos deben defender y hacer valer, y condenaron cualquier incitación a la violencia en su contra.
“Condenamos cualquier incitación a la agresión hacia cualquier vecino y vecina, que ponga en riesgo la integridad física y mental, ya que nos sentimos vulnerados por ejercer nuestro derecho a reunirnos de manera libre y pacífica”.
Asimismo, hicieron un llamado urgente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para que realice a la brevedad una visita a las personas que han sido afectadas por la falta de servicios básicos en sus viviendas ante esta situación generada por llevar a cabo obras públicas que incumplen con las leyes y la normatividad correspondiente.
Los habitantes del barrio tradicional reiteraron su genuino interés por cuidar y proteger este espacio, y aseguraron no tener ningún fin partidista o de otra índole, y negaron pertenecer a una institución gubernamental.
“Somos un colectivo que se formó con diversidad de personas habitantes de esta zona y que nos hemos ido sumando y organizando en el surgimiento de estas obras, apegados al cumplimiento de las leyes que protegen y defienden la calidad y habitabilidad de nuestros bienes colectivos y nuestros derechos humanos”.
En el comunicado también señalan que se vieron orillados a promover el amparo en razón de no ser escuchados por las autoridades y por el incumplimiento de los acuerdos pactados.
De igual manera señalaron que la suspensión establece que se podrán continuar las obras cuando las autoridades competentes presenten el proyecto y demuestren que se emitieron permisos y licencias, por lo tanto es la omisión de las mismas autoridades lo que tiene pausada la obra.
“Si está detenida la obra es porque las autoridades no han enviado las acreditaciones de los permisos correspondientes con el cumplimiento de todos los requisitos legales del proyecto”.
Además indicaron que han mantenido abierto el diálogo con la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), misma que solicitó a los integrantes del comité coadyuvar con ellos en el diseño del proyecto, lo cual se ha hecho de forma puntual y comprometida, sin embargo, de parte de la dependencia los acuerdos no se han respetado.
Uno de los acuerdos fue que el proyecto incluyera drenaje y tuberías de agua potable, ya que el proyecto inicial no lo tenía contemplado y a la fecha, Seduvop no han mostrado avances con el Ayuntamiento.
En el mismo tema los vecinos le pidieron a la dependencia se acercara al Ayuntamiento de la capital para solicitar los estudios al Interapas donde se muestran tuberías de drenaje colapsado y tuberías rotas de agua potable, lo que tampoco han informado.
Otro acuerdo fue que no retirarían las banquetas porque se afectaría a las personas en silla de ruedas, adultos mayores, tiendas y clínicas de salud y no respetaron lo acordado, dejando a estas personas con los drenajes y tuberías de agua potable rotos por la premura con la que rompieron calles y banquetas.
Un cuarto acuerdo fue que la Seduvop retiraría de forma adecuada los adoquines con la finalidad de rescatar el mayor número posible, lo cual tampoco se respetó, puesto que todo el retiro de adoquín se realizó con máquinas dejando inservibles muchos de ellos.
“Por este motivo y las situaciones que se deriven en perjuicio de vecinos y vecinas, hacemos responsable a la Seduvop, al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) por su tardanza en intervenir, y a las autoridades competentes, incluyendo al Ayuntamiento de la capital por su omisión ante esta situación, ya que en esta y otras administraciones hemos enviado cartas solicitando los servicios señalados y no han sido atendidos”.
