Por Victoriano Martínez
El periodo de campañas electorales podría ser considerado como la temporada formal para la cacería de votos bajo determinadas normas, por lo que, en la misma lógica, los actos proselitistas encubiertos que han iniciado algunos partidos políticos para estos tres días de veda electoral se pueden calificar como cacería furtiva de votos.
Una cacería furtiva de votos que no sólo incluye invitaciones a votar por determinado candidato o partido, sino incluso acciones más agresivas como la prolongación de presiones, especialmente contra servidores públicos, que fueron denunciadas durante las campañas, tanto en el gobierno estatal como en municipales, pero que no cesan durante la veda.
A las 12:16 horas de este jueves 30 de mayo sonó el teléfono de un domicilio en la colonia El Paseo. Al levantar el auricular, una voz femenina grabada pronunció un mensaje de 30 segundos para recordar que el domingo se debe acudir a votar y para exhortar a que se emita el voto a favor del Partido Verde Ecologista de México.
¿Promover el voto por esa vía rompe la veda electoral? ¿Constituye un delito electoral?
“La integridad de las elecciones depende de todos nosotros. Si Usted es testigo de algún delito electoral, no dude en denunciarlo”, escribió el consejero electoral Marco Iván Vargas Cuéllar en su colaboración de ese mismo jueves en el periódico Pulso.
¿Puede el habitante de esa vivienda presentar una denuncia por ese acto si en el aparato telefónico de su domicilio no aparece el número desde el que se originó la llamada y sólo aparece como identificación “número privado”?
Los burócratas estatales y municipales, como nunca, en este proceso electoral se han convertido en testigos y/o participantes involuntarios de abiertos delitos electorales, tanto en el papel de víctimas como en el de actores. De acuerdo con la Ley de Responsabilidades Administrativas estarían obligados a denunciar tales faltas.
No son pocos quienes han sido obligados a proporcionar al menos 10 números de credenciales de elector de personas a las que hayan comprometido a votar por determinado partido, según la afiliación de la autoridad, so pena de una represalia laboral que podría llegar hasta el despido. “Si no gana la señora, va de por medio su trabajo, les dicen”.
Tales eran las facilidades para quienes durante las campañas se incorporaron a trabajar incluso en brigadas casa por casa, que prácticamente se convirtieron en aviadores porque no acudían a trabajar, pero no dejaron de cobrar su sueldo.
Una presión que se dio durante el periodo formal de campañas, incluso a nivel de directores. El sábado 26 de mayo, entre 11 y 12 de la mañana, en el cruce de la avenida Carranza con Fray José de Arlegui, los directores de los museos estatales de la ciudad operaron como brigada proselitista a favor de la candidata al senado por el PVEM. Además fue notoria en el cierre de campaña del PVEM el miércoles.
Según testimonios de servidores públicos sindicalizados de varias dependencias del gobierno estatal, desde ese ámbito existe un operativo puesto en marcha para el día de la jornada electoral.
La presión para cazar votos no se limita a conseguir credenciales de elector de votantes comprometidos, sino que a los más comprometidos o vulnerables se les habilita para participar en la compra de votos el próximo domingo.
De acuerdo con los testimonios, entre las distintas dependencias se distribuyeron los puntos de interés para poner en marcha esa compra de votos. Por ejemplo, se pudo detectar que a la Consejería Jurídica del Estado le correspondió operar en los municipios de Matehuala, Cedral y Villa de Guadalupe.
En algunas dependencias, aunque los sindicalizados no fueron contemplados para esas maniobras, les tocó ver maletines con dinero en efectivo para la entrega de las cantidades que deberían llevarse cada participante al operativo del próximo domingo en la zona a la que les correspondió.
Incluso en algunos casos se habilitó a personal de limpieza que ingresó con el sexenio. “Dejaron de venir a hacer el aseo desde hace un tiempo porque se fueron a la campaña de la señora”, se quejó una persona sindicalizada.
Una acción tan abierta y generalizada en las dependencias del gobierno estatal que también es posible que se dé con más discreción en el ámbito municipal, pero que como nunca pone a prueba la capacidad del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.
“Las autoridades, los partidos políticos, las y los ciudadanos, vigilarán y garantizarán la libertad, el secreto del voto y el respeto al mismo, quedando prohibidos los actos que generen coacción o presión a las y los electores”, dice el segundo párrafo del artículo 25 de la Ley Electoral estatal.
¿Cuenta el CEEPAC con algún operativo especial de vigilancia ante tantos indicios de que, como nunca, el próximo domingo se recurrirá a actos que generarán “coacción o presión a las y los electores”? ¿Basta con convocar a la ciudadanía a denunciar los delitos electorales de los que pudiera ser testigo?
