Por Victoriano Martínez
Sin mediar elecciones, en las últimas semanas en los hechos se inició la renovación de la tercera parte del Poder Legislativo por una práctica que da continuidad a una consigna que degradó la política de servicio público para convertirla en politiquería para obtener beneficios: vivir fuera del presupuesto público es vivir en el error.
El mayor indicador de que los personajes que abandonan un cargo que protestaron constitucionalmente cumplir por tres años están convencidos de que no les gustaría vivir en el error es que, a pesar del nulo desempeño como legisladores, se postulan a la reelección o a otro cargo sin mayor mérito que su ambición habilitada por su sumisión a otros poderes.
Podrán argumentar que favorecieron a la población al aprobar reformas, por ejemplo, para que fueran posibles las licencias de conducir y las placas gratuitas, pero ¿hasta dónde fue más un acto complaciente para un gobernador urgido del aplauso sin que valoraran establecer medidas para que no perjudicaran al erario o repercutieran en la seguridad en el tránsito vehicular diario?
El intento de un cobro a uno de los requisitos para obtener la licencia y la eliminación de la posibilidad de reposición gratuita del documento evidencian la necesidad de recuperar algún ingreso de lo que los diputados avalaron que fuera gratuito. El intento fracasó porque la necesidad de popularidad se impuso.
El caso se cuenta entre los primeros en los que los 27 legisladores renunciaron a su condición de representantes de uno de los tres poderes. Convertidos en levantadedos como en los mejores tiempos del régimen priísta, dio lo mismo que fuera fulano o sutano el diputado.
A pesar de eso, nueve de 27 diputados se creen con méritos –o fingen que lo creen– para ser reelectos o para ocupar otro puesto público. El único mérito es que ponen su persona carente de convicciones al servicio de quien les ayude a saltar de un puesto a otro para no tener que vivir en el error.
Tanta es la urgencia en ese sentido, que resulta muy representativo el caso de Alejandro Leal Tovías, quien pasó de secretario General de Gobierno a diputado, y ahora lucha por lograr el cargo de regidor en el Ayuntamiento de San Luis Potosí. Ya no importa cuánto le toque, sino nomás con que le toque.
En cada proceso electoral resulta cada vez más evidente que las elecciones democráticas dejaron de ser la vía de acceso al poder para poner en práctica convicciones ideológicas consideradas para mejor proveer beneficios a la población en general, para degradarla a un vil esquema de reparto del erario como botín con el dudoso aval del voto popular.
En los próximos días se completará la renovación parcial del Poder Legislativo con la protesta a los diputados suplentes que, si los titulares son unos desconocidos para la población, poco importa saber quiénes son porque simplemente se sumarán a mantener la misma actitud de los que se fueron.
Si el suplente de Antonio Lorca falleció y se analizará a quien corresponderá esa curul, o si el suplente de Héctor Ramírez Konishi retrasó su protesta por estar fuera de la ciudad, sólo son minucias en la ruta a mantener un Poder Legislativo en el que, si son 27, si son 25 o si es uno solo, no importa porque su condición de representantes populares la someten a la de legisladores sumisos.
… y todo, para evitar vivir en el error.
