Alejandro Rubín de Celis
A casi 30 años de iniciada una lucha contra la explotación minera de lo que fue el símbolo de San Luis Potosí durante más de tres siglos y sus devastadoras consecuencias medioambientales y sociales hasta el día de hoy, provocadas por la empresa Minera San Xavier(MSX), pobladores de Cerro de San Pedro (CSP), activistas y colectivos pro defensa del patrimonio histórico y ambiental de ese municipio esperan que se haga justicia por actos de represión del Estado y el desacato de sentencias judiciales, así como que se conozca la verdad sobre la muy posible confabulación de los tres niveles de gobierno a favor de la compañía depredadora, subsidiaria de la canadiense Metallica Resources Inc.
Hoy, las condiciones políticas para crear una Comisión de la Verdad para Cerro de San Pedro parecen inmejorables en virtud de que, nada menos que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, conoce muy bien el caso y tiene todo el poder para determinar la creación de una instancia de esta naturaleza.
Sheinbaum Pardo acudió en abril de 2007 a Cerro de San Pedro en su calidad de secretaria de Defensa del Patrimonio Nacional del llamado Gobierno Legítimo encabezado por Andrés Manuel López Obrador, donde conoció de viva voz de pobladores y de integrantes del movimiento de resistencia, que ya para entonces había adquirido el nombre de Frente Amplio Opositor (FAO), los enormes daños que ya en ese momento empezaban a causar las primeras instalaciones de la empresa y los que habría de ocasionar en el futuro con la aplicación de la técnica de minería de tajo a cielo abierto que usaría MSX para extraer oro y plata del cerro.
Ya para entonces doctora en ingeniería energética y experta en asuntos ambientales, Sheinbaum comprendió de inmediato los alcances del daño que causaría el uso de enormes cantidades de cianuro y explosivos en aquel gran montículo y sus alrededores y regresó para comunicárselo a AMLO, quien no perdió oportunidad de mencionar el saqueo, la depredación y las profundas afectaciones causadas por la minera canadiense cada que se refería a un tema de daño ambiental, antes y ya como presidente de México.
Marcelo de los Santos Fraga, que dio claras muestras de estar a favor de la operación de Minera San Xavier y quien, junto con el entonces presidente Vicente Fox, presionó en 2004 al alcalde de Cerro de San Pedro, Óscar Loredo, a fin de que otorgara los permisos municipales que se había negado a entregar a la minera, optó por reprimir a varios de los integrantes del movimiento opositor, entre ellos Mario Martínez Ramos, ingeniero geólogo y uno de los iniciadores de esa lucha desde 1996; Martín Faz Mora, que por grabar en video una protesta en el segundo informe del gobernador fue golpeado por policías; Pedro Rebolloso, que fue acusado de motín y encarcelado por realizar un plantón frente a Palacio de Gobierno en reivindicación de diversas causas, entre ellas la de la depredación de Cerro de San Pedro; la detención violenta de cinco estudiantes universitarios a manos de policías estatales por realizar pintas de protesta contra MSX en edificios del centro histórico de la capital potosina, tras una manifestación el 1 de mayo de 2007. Los jóvenes fueron consignados ante un juez por los delitos de motín, daños y asociación delictuosa.
Otros dos activistas, Enrique Rivera Sierra y Lorena Gil Barba, fueron agredidos por presuntos empleados de la empresa minera, por el simple hecho de repartir volantes en la cabecera municipal de Cerro de San Pedro. Posteriormente, ante la amenaza de ser detenido por el gobierno marcelista, Enrique Rivera se vio en la necesidad de salir del país para exiliarse en Canadá.
Otro extraño hecho que merece verdad y justicia fue la muerte, el 21 de marzo de 1998, del entonces alcalde de Cerro de San Pedro, Baltazar Loredo, asesinado apenas un día después de que tuviera lugar un foro de consulta pública sobre el proyecto de MSX.
En el periodo de AMLO como presidente electo, antes de diciembre de 2018, Alejandro Encinas, ya para entonces designado subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, acudió a un foro sobre víctimas en el Colegio de San Luis organizado por el finado investigador, Juan Carlos Ruiz Guadalajara. Tocó al activista Enrique Rivera Sierra informarle de la represión ejercida por el gobierno de Marcelo de los Santos contra integrantes del FAO. A petición del colectivo, Encinas estuvo de acuerdo en que se creara una Comisión de la Verdad que esclareciera los hechos y señalara responsabilidades.
Pasó 2019 sin avances en el tema, luego se vino la pandemia hacia al final de la cual un grupo de activistas potosinos se reunió para rescatar la iniciativa, encabezado por Juan Carlos Ruiz Guadalajara. Sin embargo, poco después, el profesor investigador del Colsan cayó en una penosa enfermedad que tres años después lo llevaría a la muerte y no hubo más reuniones del grupo a nivel local.
Hacia finales de 2021 la subsecretaría de Derechos Humanos a cargo de Alejandro Encinas ya estaba metida prácticamente de tiempo completo en la Comisión de la Verdad sobre la
Guerra Sucia y en el tema de las familias víctimas del asesinato de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, razones por las que ya no pudo poner atención al caso de Cerro de San Pedro.
¿Por qué rescatar ahora la idea de crear una Comisión de la Verdad en el caso de Cerro de San Pedro? Porque los activistas y colectivos opositores, los habitantes de CSP y la sociedad en general tienen derecho a saber qué fue lo que sucedió durante el proceso que acabó por permitir la desaparición del cerro símbolo de San Luis Potosí, a pesar de las incontables advertencias de los grupos ambientalistas sobre el daño que causaría la técnica de tajo a cielo abierto y sus repercusiones sociales y ecológicas, y que finalmente les dio la razón a los opositores. Porque tienen derecho a conocer, con certeza, cuáles fueron las acciones y estrategias de la empresa minera para contar con la aprobación de autoridades ejecutivas y de integrantes del Poder Judicial que presuntamente torcieron la ley para lograr el objetivo de MSX. Porque, de acuerdo a pruebas contundentes, se violó una sentencia en firme de un tribunal y otras normas que frenaban la continuación de los trabajos de tajo a cielo abierto y lixiviación.
¿Por qué justicia? Porque fueron demasiados los agravios, las agresiones y los actos de represión por abanderar una causa justa, lo que hace necesario deslindar responsabilidades y que se castigue a los responsables de la catástrofe.
Y porque en este momento existe la coyuntura política necesaria para emprender tal desafío: la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, conoce a fondo el caso y tiene la facultad para generar las condiciones, humanas, materiales y económicas para hacerlo.
“Es una oportunidad única (solicitarle a Sheinbaum la Comisión de la Verdad)”, reconoce Enrique Rivera Sierra, uno de los principales liderazgos opositores de aquel entonces. “Lo que nos toca a nosotros en San Luis Potosí es informarle a esta nueva administración, retomar el tema e informarle por las vías conducentes, y yo estoy seguro de que va a ser receptiva a esta situación como lo fue (Alejandro) Encinas en su momento”. Destaca que, además de lo que puede hacer la presidenta de México para concretar la creación de una Comisión de la Verdad, hay dos potosinos que pueden empujar el tema y darle seguimiento, dados los importantes cargos que ocupan en el gobierno federal: la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, y Juan Ramiro Robledo Ruiz, titular de la Unidad de Enlace con el Poder Legislativo de la misma secretaría. A lo anterior hay que agregar que Morena, el partido de la presidenta, tiene mayoría en las cámaras de Diputados y Senadores para aprobar cualquier reforma constitucional o de legislación secundaria.
El caso de Cerro de San Pedro es tan grave dadas las numerosas pruebas de confabulación de las más altas autoridades de los tres niveles de gobierno con MSX, que los grupos ambientalistas locales deben reunir toda la información pertinente que han acumulado durante casi tres décadas y emprender una gestión ante el gobierno federal para aprovechar las inmejorables condiciones políticas que se presentan para que se haga verdad y justicia sobre este vergonzoso caso.
Corcovada, ¿otro Cerro de San Pedro?
No obstante que de acuerdo a la solicitud presentada por la empresaCEMAT Construction, S.A. de C.V. ante la Semarnat para obtener la Manifestación de Impacto Ambiental en un terreno de 426 hectáreas en el ejido de Corcovada, municipio de Villa Hidalgo, está destinada a un banco de materiales para construcción, hay indicios de que el propósito final pudiera ser la explotación minera, sobre todo porque hay dos concesiones mineras en Villa Hidalgo en 414.9 hectáreas, y habitantes de lugar descubrieron que en las pruebas que se hicieron en esos predios de uso común mediante la perforación de barrenos (procedimiento muy utilizado en la minería), hay oro, plata y mercurio en el sub subsuelo.
El riesgo es que, ante lagunas en la Ley de Minería y otros ordenamientos, existe la posibilidad de que más adelante la empresa interesada busque modificar el objetivo que tiene en Corcovada para extraer minerales. Conglomerados poderosos como Grupo Salinas, al que está vinculado este proyecto, cuentan con cabilderos expertos en “convencer” a legisladores, a base de actos de corrupción, de impulsar sus propias iniciativas o bloquear las que perjudiquen sus intereses. Ante este riesgo, el abogado Enrique Rivera Sierra considera que es necesario impulsar ya una reforma a la Ley Minera que sea aprobada a la brevedad por el Congreso de la Unión, toda vez que carece de normas que prohíban la minería de tajo a cielo abierto, y así evitar que eventualmente se impulse un proyecto minero con las devastadoras consecuencias sociales y medioambientales que de sobra se conocen con la experiencia en Cerro de San Pedro. Los grupos ecologistas de San Luis Potosí presentaron en distintos momentos, durante la lucha por conservar el emblemático cerro, proyectos de reforma a la Ley Minera para evitar este tipo de desastres, pero no lograron que se aprobaran.
La tragedia registrada en CSP debe servir como el mejor y más cercano ejemplo de que por ningún motivo se deben autorizar permisos para una eventual extracción de oro y plata mediante la técnica de tajo a cielo abierto en el ejido Corcovada. Sería una nueva devastación de proporciones insospechadas.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Periodista desde hace 38 años. Fue coordinador de Noticias de Canal 7 de televisión en SLP y director de la revista Transición en sus versiones impresa y electrónica. Docente universitario durante 31 años. Ha impartido materias de periodismo, ética de la comunicación y opinión pública.
