María Ruiz
Es lamentable que la diputada presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado, Emma Idalia Saldaña Guerrero, obedezca a intereses capitalistas de la opresión y el patriarcado sobre el cuerpo de las mujeres, al trabajar en una iniciativa sobre la gestación subrogada, así lo señaló la abogada y defensora de los derechos humanos de las mujeres, Arely Torres Miranda.
Esto luego de que Saldaña Guerrero informó sobre la revisión de una iniciativa realizada por Miriam Castillo Moreno sobre la gestación subrogada, propuesta durante el pasado Parlamento de las Mujeres 2023.
“A las mujeres nos ven como incubadoras y como mercancía, aprovechándose de la precarización de las mujeres y de la vulnerabilidad en que se ponen en esta situación de alquiler de vientre”.
Recordó que la gestación subrogada desdibuja también el derecho de los niños y niñas, el tener un hogar, feliz estable y una familia como lo marca el artículo 17 de la Convención Internacional de los Derechos Humanos.
“Esto no es el derecho para los padres, es una obligación al convertirte en padre y madre, que además implica un compromiso ético hacia el amor y hacia la descendencia. Creo yo que el estar hablando de la mercantilización de los cuerpos de las mujeres es, precisamente, todo un discurso contrario a los derechos humanos, es convertirnos en un eslabón más de esta cadena comercial”, dijo.
Torres Miranda remarcó que la sociedad, pero sobre todo quienes legislan, deben entender que la gestación subrogada es una manera de instrumentalizar el cuerpo de las mujeres, además de ser una violencia en el ámbito de la salud sexual y reproductiva.
“Son principios éticos que deberíamos de tener todas las personas, no solamente las feministas, de entender que el cuerpo y la vida de las personas no está a la venta, que la mayoría de las veces quienes ‘acceden’ a esta situación de vientres subrogados tiene que ver con estas necesidades económicas en un país donde no se garantizan trabajos que sean compatibles con la vida laboral y la vida familiar, trabajos libres de acoso y de violencia, trabajos bien remunerados para las mujeres, entonces seguramente, pues sí, hay quien ‘acceda’, pero bajo estas opresiones”.
Torres Miranda dijo que la expropiación de los cuerpos de las mujeres es dar y abrir la puerta también a una trata, una problemática de la que devienen violaciones graves a los derechos humanos.
Por lo que consideró que el análisis de la iniciativa es una puerta abierta que atenta contra las mujeres y hace evidente que la agenda legislativa hace a un lado temas primordiales en temas de salud sexual y reproductiva, como es el aborto.
“La diputada Emma está más ocupada en obedecer a una agenda que va en contra de las mujeres, que ocuparse de lo que realmente tendría que estar haciendo conforme derecho, porque el cuerpo de las mujeres sí está en riesgo, como en el tema de los abortos, en donde se atraviesan otras necesidades y en contextos de violencia, opresión y desigualdad”.
Por último, la activista recalcó que Saldaña Guerrero es una servidora pública que debe de apegarse a la constitucionalidad de los derechos humanos, lo que implica la protección a las mujeres en todas las formas de violencia que existe.
