Alejandro Rubín de Celis
Es prácticamente un hecho que Ricardo Gallardo Juárez librará cualquier posibilidad de sanción por malos manejos financieros en su administración antes de las votaciones de julio y por lo tanto no estará en riesgo su candidatura para reelegirse en la presidencia municipal de San Luis Potosí.
Aún cuando está pendiente conocer si la Auditoría Superior del Estado (ASE) violó o no la ley en el proceso de fiscalización a la Cuenta Pública 2016 del Ayuntamiento de la capital, y su posible reposición; y de que tiene asuntos pendientes con la Auditoria Superior de la Federación (ASF), todo parece indicar que podrá estar tranquilo al menos durante los próximos cuatro meses, al margen de las tensiones propias de la campaña electoral.
El informe del despacho externo Costemalle DFK que realizó una auditoría al procedimiento legal seguido por la ASE a los 113 entes auditables del estado, supuestamente no ha sido entregado a la Comisión de Vigilancia del Congreso local, pero, aunque se entregara en los próximos días o semanas, si hubo anomalías en el proceso de revisión de la Cuenta Pública del Ayuntamiento de la capital ─la que antes de ser rechazada salió con cero observaciones financieras─, es factible que por razones políticas la reposición de la auditoría se lleve varios meses y se concluya después de las votaciones de julio próximo.
Esa táctica dilatoria que produce sospechas de complicidades para otorgar impunidad ya se vio precisamente con la definición sobre la legalidad del procedimiento de las cuentas públicas de los entes auditables ─rechazadas el 29 de junio pasado sin sustento legal, pues su rechazo no fue debidamente fundado y motivado─ que lleva ya ocho meses y es momento que todavía no se conoce el informe del despacho externo. De hecho, el presidente de la Comisión de Vigilancia, Héctor Mendizábal llegó a decir que por razones políticas ese informe se pospondría hasta después de las elecciones ─lo que le valió severos reclamos de algunos diputados y de dirigentes empresariales y sociales por un posible encubrimiento─, no obstante que en enero aseguró que ese reporte ya estaba concluido.
En medio de las críticas a Mendizábal, el diputado José Luis Romero Calzada declaró tener conocimiento de que el Ayuntamiento de San Luis Potosí presenta irregularidades en la Cuenta Pública 2016 por 220 millones de pesos.
Más allá del resultado del informe que entregue el despacho Costemalle DFK, desde su posición como diputado, ¿sabrá Romero Calzada que hubo malos manejos de fondos públicos en la administración gallardista, o fue una declaración irresponsable de su parte? No hay que olvidar que él fue señalado como uno de los tres diputados que operó junto con el ex auditor del estado, José de Jesús Martínez Loredo, para presuntamente limpiar la Cuenta Pública 2015 de Ricardo Gallardo Juárez, en el lapso que le tocó como alcalde en ese ejercicio fiscal, es decir, de octubre a diciembre de ese año.
Como quiera que sea, sobre todo si se tiene que reponer la auditoría a la Cuenta Pública 2016, lo que de ella resulte lo sabremos después de julio y quizá hasta después de mediados de septiembre de este año cuando esta legislatura se despida y eventualmente le deje el paquete a la siguiente. ¡Ah! y si hay delito que perseguir, luego viene la investigación de la Procuraduría de Justicia del Estado ─en transición a Fiscalía General─ que ha dado amplias muestras de tortuguismo e indolencia ─¿con el propósito de brindar impunidad?─ en las indagatorias sobre asuntos relevantes, como el de la Ecuación Corrupta o la Nómina Secreta de la ASE, entre varios más.
El otro asunto que tiene que enfrentar Ricardo Gallardo Juárez es con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que en la tercera entrega de su Informe de Resultados de Fiscalización Superior, correspondiente al ejercicio 2016, le señala irregularidades financieras por 440.8 millones de pesos. Con esta cantidad, el Ayuntamiento de la capital concentra el 60.93 por ciento del total de las irregularidades detectadas por la ASE al estado de San Luis Potosí, cuyo monto asciende a 723 millones 458 mil 900 pesos.
Sin embargo, para este caso operan procedimientos de recuperación de los fondos federales por parte de la ASF ─que se tienen que pagar de la hacienda pública─ e instrucciones de ese órgano fiscalizador para que internamente el Ayuntamiento deslinde responsabilidades administrativas sancionatorias a quienes resulten responsables de manejos indebidos, que difícilmente ─por no decir que es casi imposible─ alcanzarían a la cabeza de la administración municipal.
Así es que Ricardo Gallardo Juárez ya puede estar tranquilo de que no tendrá que enfrentar a la justicia en los próximos meses ni mucho menos ser desaforado como presidente municipal por malos manejos financieros ─de aquí a que tenga que pedir licencia, para lo cual tiene como fecha límite el 31 de marzo─ y enfocar sus baterías en la contienda que enfrentará seguramente contra Xavier Nava Palacios y Leonel Serrato Sánchez, mientras los ciudadanos ven pasar con impotencia un caso más de presumible corrupción sin castigo.
Parece que el pacto de impunidad de la clase política está más vivo que nunca en San Luis Potosí.
